El gobierno francés informó que quitó a Guatemala de la lista de países que no colaboran con el intercambio de información fiscal, pero mantuvo a Panamá.
Las autoridades del país europeo informaron que Guatemala salió de la lista debido a que ratificó la convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal del Consejo de Europa y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Argumentando que "ha violado derechos humanos en Guatemala a través de una justicia selectiva y parcial", el presidente Morales decidió poner punto final al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, de la Organización de Naciones Unidas.
El bufete de abogados que se vio involucrado en el escándalo de los "Panama Papers", anunció el cierre de sus operaciones.
"...El deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas, han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al público a finales del presente mes después de 40 años de crecimiento y de aportar social, cultural y económicamente a nuestro país."
La gremial de empresarios panameños señala que se han generado muchas dudas sobre el manejo que se viene dando a investigaciones y procesos judiciales de alto perfil como el de Odebrecht.
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP):
Proporción de personas que en el último año han pagado un soborno para acceder a un servicio público: en Panamá 38%, en Honduras 33%, en El Salvador 31%, en Nicaragua 30%, en Guatemala 28% y en Costa Rica, 24%.
EDITORIAL
El informe "Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe", elaborado por la organización Transparencia Internacional, muestra cómo los habitantes de los países latinoamericanos nos hemos acostumbrado a la corrupción: desde casos escandalosos al más alto nivel político, hasta los pagos que a diario se hacen por debajo de la mesa al realizar trámites tan sencillos como solicitar asistencia médica en un hospital público o gestionar un documento en una oficina pública.
La Convención de Asistencia Mutua Fiscal aprobada por la Asamblea aumenta de 30 a 107 el número de jurisdicciones socias o naciones con las Panamá puede intercambiar información.
Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas:
Con la adhesión de Panamá a la Convención Sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC, por sus siglas en inglés), el país eleva el número de jurisdicciones socias o naciones con las que puede realizar un intercambio de información de 30 a 107. Con ello se reitera el compromiso con los estándares internacionales de transparencia fiscal, esenciales para proteger la integridad del país como centro de servicios.
La Superintendencia del Mercado de Valores podrá acceder a la información bancaria cuando se realicen investigaciones por incumplimientos en el mercado bursátil.
El decreto comenzó a regir el 17 de diciembre de 2016, y establece que cuando la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) requiera información bancaria de losdepositantes y sus pasivos, será solicitada a través de la Superintendencia de Bancosde Panamá. Además, los dos reguladores firmaron un memorando de entendimientopara facilitar el intercambio de información.
En aras de una mayor transparencia, la Superintendencia de Bancos divulgó el detalle de las multas impuestas durante 2015 y 2016 a nueve bancos del sistema bancario panameño.
Los bancos sancionados en 2015 y 2016 son el estatal Caia de Ahorros y St. George Bank, Banco Azteca (Panamá), Austrobank Overseas (Panamá), Banesco, Unibank, Banco Universal (ya liquidado), Global Bank y Banco Ficohsa.
Señalan vicios e incumplimiento de requisitos en la forma en que la Caja del Seguro Social lleva a cabo los procesos de licitación de medicamentos e insumos para laboratorios.
Las discrepancias fueron planteadas por la comisión técnica evaluadora, que cuestionó la forma en que la Caja del Seguro Social adjudicó los contratos en la licitación para suministrar reactivos y pruebas de laboratorios, publicada en septiembre de 2015 y adjudicada recientemente a tres empresas por $38 millones.
El reporte de la OECD evalúa como "no satisfactorio" el cumplimiento del país entre julio 2012 y junio 2015, pero destaca los avances logrados en los últimos meses.
Del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores:
En el marco de la reunión anual del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se aprobó el reporte de Panamá con respecto a la implementación de estándares de transparencia e intercambio de información para fines fiscales, y se reconoció el importante avance que ha realizado el país en los últimos meses, resaltando el compromiso con el intercambio automático de información, la actualización del marco legal para facilitar la cooperación internacional y la reciente adhesión a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC, por sus siglas en inglés).
Nicaragua es el único país del istmo que quedó fuera de la lista de países que cumplen con los "requerimientos mínimos" de transparencia fiscal, según el Departamento de Estado.
El "Informe de Transparencia Fiscal 2016" del Departamento de Estado de EE.UU., incluyó a Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador en la lista de países que sí cumplen con los requisitos mínimos de transparencia fiscal, que según el Departamento de Estado, se basan en la disponibilidad pública de la información del presupuesto del Estado y los contratos y licencias de los gobiernos en la exploración y explotación de recursos naturales, incluyendo formas de licitación y condiciones para las concesiones.
El señalamiento del grupo Waked como una red de lavado de dinero podría tener como consecuencia cambios importantes en las representaciones de las marcas comercializadas en el país.
El artículo en Prensa.com recoge declaraciones al respecto de Jorge García Icaza, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, quien destaca la mesura con que se debe tratar el caso para lograr minimizar los daños que se estima puede provocar, en especial en los empleos de las empresas cuestionadas.
Diversas organizaciones critican el texto de la nueva ley de contrataciones públicas señalando que no impone la transparencia necesaria en esos procesos.
La principal crítica se refiere a que del texto finalmente aprobado por la Asamblea Nacional se eliminó un artículo que disponía la inhabilitación de empresas condenadas por corrupción.
La presión que ejerce el entorno internacional sobre Panamá lo obliga finalmente a realizar acuerdos de intercambio de información fiscal, destacando el que firmaría con Colombia por sus implicaciones negativas para la banca panameña.
El artículo en Prensa.com reseña que "... Según la Superintendencia de Bancos de Panamá, al cierre de 2015, los depósitos en el centro bancario internacional de Panamá procedentes de Colombia sumaban $6 mil 251 millones, siendo el país suramericano, el principal de la plaza con fondos de origen extranjero."
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