Luego de que el presidente salvadoreño anunciara la posible instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, el sector empresarial pidió "evaluar las experiencias de Guatemala y Honduras".
Luego de que Bukele informara que antes de sus 100 días de gobierno presentará una propuesta para instalar una comisión internacional en el país, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) opinó que es indispensable cumplir la ley y que debe existir una real voluntad política de combate a la corrupción.
En su última visita a Guatemala el FMI advirtió que si en el país no se levanta el secreto bancario, se podría menoscabar el cumplimiento "respecto a tratados internacionales de transparencia".
Luego de la última visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Guatemala, el organismo internacional advirtió que revertir la disminución en la recaudación de impuestos pasa por fortalecer el control de los grandes contribuyentes, mejorar el uso de la información tributaria para reducir el incumplimiento, reasignar recursos hacia auditorías basadas en el riesgo, y reconsiderar el levantamiento del secreto bancario a efectos de auditoría tributaria.
Debido a las dudas que han surgido en el sector empresarial, en Costa Rica se informó que el inicio de registro de accionistas se postergó seis meses, y entrará en vigencia el 1 de septiembre de este año.
El objetivo de este proceso es facilitar el cumplimiento de la obligación que tienen las empresas de informar a Hacienda sobre la composición de su capital social, así como la identificación de los beneficiarios finales, según lo dispuesto en la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, precisa un comunicado del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Para Moody’s la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad debilita los esfuerzos por mejorar el Estado de Derecho en un país con altos niveles de corrupción.
La decisión del presidente Morales de poner punto final al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), constituye para Moody's un revés para el país, debido a que la corrupción sigue siendo generalizada y la institucionalidad aún es frágil.
Después que el presidente Morales decidiera poner punto final al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la Corte de Constitucionalidad suspendió la decisión del gobierno guatemalteco.
El pasado 7 de enero el gobierno guatemalteco dio por finalizado el convenio entre el país centroamericano y Naciones Unidas, y estableció un plazo de 24 horas para que la Comisión dejara de funcionar.
Argumentando que "ha violado derechos humanos en Guatemala a través de una justicia selectiva y parcial", el presidente Morales decidió poner punto final al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, de la Organización de Naciones Unidas.
Argumentando que es hora de "fortalecer las instituciones del Estado", el presidente Morales anunció que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, cuyo periodo vence dentro de un año.
Aunque el Banco Central no ha definido aun la fecha en que las empresas deben presentar la información, ya fue publicado el nuevo reglamento del registro de transparencia y beneficiarios finales.
El reglamento fue publicado a finales de abril en el diario oficial La Gaceta, y detalla quienes son las entidades obligadas a suministrar información respecto a las participaciones sustantivas y beneficiarios finales, establecido en la Ley para Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal.
El bufete de abogados que se vio involucrado en el escándalo de los "Panama Papers", anunció el cierre de sus operaciones.
"...El deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas, han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al público a finales del presente mes después de 40 años de crecimiento y de aportar social, cultural y económicamente a nuestro país."
La gremial de empresarios panameños señala que se han generado muchas dudas sobre el manejo que se viene dando a investigaciones y procesos judiciales de alto perfil como el de Odebrecht.
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP):
Proporción de personas que en el último año han pagado un soborno para acceder a un servicio público: en Panamá 38%, en Honduras 33%, en El Salvador 31%, en Nicaragua 30%, en Guatemala 28% y en Costa Rica, 24%.
EDITORIAL
El informe "Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe", elaborado por la organización Transparencia Internacional, muestra cómo los habitantes de los países latinoamericanos nos hemos acostumbrado a la corrupción: desde casos escandalosos al más alto nivel político, hasta los pagos que a diario se hacen por debajo de la mesa al realizar trámites tan sencillos como solicitar asistencia médica en un hospital público o gestionar un documento en una oficina pública.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica destacó los avances logrados en el tema de sanciones financieras, transparencia y beneficiario final de las sociedades jurídicas.
Del comunicado del Gobierno de Costa Rica:
El Grupo Técnico de trabajo sobre Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Latinoamericano (GAFILAT) aprobó el alza de cinco calificaciones para Costa Rica.
La Convención de Asistencia Mutua Fiscal aprobada por la Asamblea aumenta de 30 a 107 el número de jurisdicciones socias o naciones con las Panamá puede intercambiar información.
Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas:
Con la adhesión de Panamá a la Convención Sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC, por sus siglas en inglés), el país eleva el número de jurisdicciones socias o naciones con las que puede realizar un intercambio de información de 30 a 107. Con ello se reitera el compromiso con los estándares internacionales de transparencia fiscal, esenciales para proteger la integridad del país como centro de servicios.
La Superintendencia del Mercado de Valores podrá acceder a la información bancaria cuando se realicen investigaciones por incumplimientos en el mercado bursátil.
El decreto comenzó a regir el 17 de diciembre de 2016, y establece que cuando la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) requiera información bancaria de losdepositantes y sus pasivos, será solicitada a través de la Superintendencia de Bancosde Panamá. Además, los dos reguladores firmaron un memorando de entendimientopara facilitar el intercambio de información.
En aras de una mayor transparencia, la Superintendencia de Bancos divulgó el detalle de las multas impuestas durante 2015 y 2016 a nueve bancos del sistema bancario panameño.
Los bancos sancionados en 2015 y 2016 son el estatal Caia de Ahorros y St. George Bank, Banco Azteca (Panamá), Austrobank Overseas (Panamá), Banesco, Unibank, Banco Universal (ya liquidado), Global Bank y Banco Ficohsa.
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