Inicialmente el período ordinario para declarar a los beneficiarios finales de las sociedades vencía el 30 de abril, pero las autoridades decidieron extender hasta 31 de mayo el plazo.
Esta declaración debía presentarse durante el mes de abril; de conformidad con la resolución N°DGT-ICD-R-06-2020, sin embargo, debido al estado de emergencia que enfrenta al país por la pandemia Covid19, estas instituciones acordaron ampliar el plazo, para garantizar la atención de esta obligación y facilitar el cumplimiento voluntario, informó el Ministerio de Hacienda.
En Costa Rica la Sala Constitucional falló a favor del Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal, institución que presentó un recurso por medio del cual pretende obtener información de cuántas personas físicas aparecen como dueñas de acciones.
Luego que el Observatorio solicitara ante el Ministerio de Hacienda información estadística que se pueda obtener del Registro de Accionistas y Beneficiarios Finales (RABF), las autoridades se negaron.
Autoridades panameñas anunciaron que a partir de septiembre de 2020, comenzará a intercambiar información financiera de manera automática con el país sudamericano.
Las negociaciones entre ambos países iniciaron en 2019 y en las reuniones técnicas se acordaron los mecanismos que se utilizarán para transferir en doble vía la información de manera automática.
La Asamblea de Panamá aprobó en tercer debate el proyecto de ley que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas.
El documento en su capítulo II, sobre Registro de Agentes Residentes, establece que todo abogado o firma de abogados, que presten sus servicios profesionales como agente residente para una o más personas jurídicas, constituidas o registradas en el país, deberán registrarse y mantener vigente su registro ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros, informó la Asamblea Legislativa.
El país centroamericano fue excluido de la lista que elabora Rusia de naciones que no intercambian información con fines fiscales, en la que figuraba desde 2016.
El anuncio de confirmación lo dio el vicecanciller ruso, Sergei Riabkov, durante la presentación de las credenciales del nuevo embajador de Panamá ante la Federación de Rusia, Efraín Villarreal, informó la Cancillería de panameña.
En Costa Rica la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate un proyecto de ley para que durante dos meses no se apliquen multas por errores en la declaración del registro de accionistas.
Se aprobó en su trámite de primer debate el expediente 21.758 Ley de moratoria para la aplicación de sanciones correspondiente a la declaración ordinaria del periodo 2019, relacionadas con el registro de transparencia y beneficiarios finales, dispuesto en la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. La iniciativa da prórroga para que los accionistas de las sociedades anónimas entreguen sus listas, antes de aplicar sanciones, informó la Asamblea Legislativa.
En El Salvador demandan que la actualización que pretenden hacer los diputados de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se realice sin descuidar los principios de competencia y transparencia.
Después de que el Ejecutivo entregara en 2019 al Legislativo las enmiendas al proyecto de reforma de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), una subcomisión de la Asamblea examina las propuestas.
El gobierno francés informó que quitó a Guatemala de la lista de países que no colaboran con el intercambio de información fiscal, pero mantuvo a Panamá.
Las autoridades del país europeo informaron que Guatemala salió de la lista debido a que ratificó la convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal del Consejo de Europa y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Empresarios costarricenses respaldan los esfuerzos por evitar cambios al proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa, que originalmente busca frenar los abusos en las contrataciones que realizan de forma directa las entidades públicas.
Empresarios piden conferir de inmediato una prórroga en la aplicación de las eventuales multas, pues una gran cantidad de representantes de empresas aun no han gestionado su firma digital y en este momento, no hay capacidad instalada en los puestos autorizados.
A 12 años de haberse instalado en Guatemala y luego de múltiples pugnas por la no renovación de su mandato, a partir de hoy la Comisión Internacional contra la Impunidad deja de funcionar.
En Agosto de 2007 el Congreso de la República aprobaba la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual llegó al país con la misión de investigar a las estructuras criminales que operan a lo interno de las instituciones gubernamentales, trabajo que hizo en asociación con el Ministerio Público.
A partir del 1 de septiembre cerca de 370 mil personas jurídicas tendrán la obligación de cumplir con el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, siendo las cédulas jurídicas que terminan en 0 y 1, las que deben hacerlo primero.
No obstante, a partir del 1 setiembre del 2019, las personas jurídicas que así lo prefieran, independientemente del último dígito de su cédula, podrán hacer su declaración y enviarla anticipadamente.
Luego de que el presidente salvadoreño anunciara la posible instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, el sector empresarial pidió "evaluar las experiencias de Guatemala y Honduras".
Luego de que Bukele informara que antes de sus 100 días de gobierno presentará una propuesta para instalar una comisión internacional en el país, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) opinó que es indispensable cumplir la ley y que debe existir una real voluntad política de combate a la corrupción.
En su última visita a Guatemala el FMI advirtió que si en el país no se levanta el secreto bancario, se podría menoscabar el cumplimiento "respecto a tratados internacionales de transparencia".
Luego de la última visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Guatemala, el organismo internacional advirtió que revertir la disminución en la recaudación de impuestos pasa por fortalecer el control de los grandes contribuyentes, mejorar el uso de la información tributaria para reducir el incumplimiento, reasignar recursos hacia auditorías basadas en el riesgo, y reconsiderar el levantamiento del secreto bancario a efectos de auditoría tributaria.
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