A raíz de las condiciones impuestas por la Superintendencia de Competencia para efectuar la operación, América Móvil y Telefónica decidieron rescindir el acuerdo de compra del 99,3% de Telefónica Móviles El Salvador.
De acuerdo con el análisis técnico, jurídico y económico realizado por la Superintendencia de Competencia SC, se advirtió que la adquisición produciría limitaciones a la competencia en los mercados de telefonía móvil, fija y servicios de conectividad empresarial.
Una de las condiciones para autorizar la adquisición consiste en que América Móvil debe renunciar al derecho de explotación de 25 MHz de espectro radioeléctrico con cobertura nacional en la banda de 850 MHz y de 30 MHz de espectro radioeléctrico con cobertura nacional en la banda de 1900 MHz, que actualmente son de Telefónica.
De acuerdo con el análisis técnico, jurídico y económico realizado, se advirtió que la adquisición produciría limitaciones a la competencia en los mercados de telefonía móvil, fija y servicios de conectividad empresarial. Por lo tanto, el Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia (CDSC) decidió imponer un conjunto de condiciones para remediar los daños, que incluyen medidas de ejecución previa al cierre de la transacción (ex ante) y una serie de obligaciones posteriores (ex post) con el fin de contrarrestar dichas limitaciones, informó la Superintendencia de Competencia (SC).
Cuando en las economías de Centroamérica se comiencen a flexibilizar las restricciones que se han tomado para evitar la propagación del covid19, se pronostica que las ventas del servicio de televisión paga bajarán por lo menos 2%.
A través de un modelo de sensibilidad de demanda-ingreso, desarrollado por el Área de Inteligencia Comercial de CentralAmericaData, se pueden proyectar las variaciones que sufrirá la demanda de los hogares por diferentes bienes y servicios a medida de que se superen las fases más críticas de la propagación del covid19 y que se vayan levantando las medidas de restricción de movilidad en los países de la región.
En El Salvador los empresarios preparan una propuesta para que el gobierno desconecte la red de telefonía 2G, para que los servicios migren hacia la tecnología 4G y 5G.
La iniciativa, que prepara la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), será presentada ante las autoridades en el marco del Encuentro Nacional de la Empresa Privada (Enade) 2019.
Con la admisión de un nuevo trámite para la autorización de concentración económica, presentada por América Móvil y Telefónica de El Salvador, inicia "el análisis técnico, económico y jurídico que determinará si la transacción provocará o no una limitación significativa de la competencia".
Ambas empresas presentaron esta tercera solicitud de autorización el 19 de septiembre de este año.
Luego de haber rechazado las dos solicitudes presentadas previamente, la Superintendencia de Competencia de El Salvador confirmó haber recibido una nueva solicitud para que América Móvil complete el proceso de adquisición de Telefónica.
La sanción fue impuesta a raíz de una denuncia realizada "por parte de TVC Network, S.A. de C.V., en contra de Digicel, S.A. de C.V., por un posible abuso de posición dominante."
El denunciante manifestó que ese agente económico estaba creando obstáculos a la entrada de competidores o la expansión de los ya existentes en el mercado de la terminación de llamadas nacionales e internacionales, informaron las autoridades del país.
La Superintendencia de Competencia de El Salvador declaró otra vez "inadmisible la solicitud de autorización de concentración económica presentada por América Móvil, que consistiría en la adquisición del capital accionario necesario para controlar las operaciones de Telefónica".
En El Salvador la Superintendencia de Competencia informó que "ha declarado inadmisible la solicitud de concentración económica presentada por América Móvil S.A.B. de C.V., el pasado 5 de marzo del corriente año".
"Al presentarse una nueva solicitud de autorización, la SC dará continuidad a este proceso sobre la base de un análisis técnico, jurídico y económico, bajo el principio de independencia que la LC le mandata y que caracteriza a sus actuaciones, con el único objetivo de proteger y garantizar la competencia en el país", informó la Superintendencia de Competencia (SC).
Las fusiones y adquisiciones que se están reportando en Centroamérica se deben, en gran parte, a que no todas las empresas de la región están dispuestas a realizar las fuertes inversiones que demandará la transición hacia la tecnología 5G.
El registro más reciente de la venta de activos de uno de los competidores a nivel centroamericano es el caso de Telefónica, que el pasado 24 de enero informó que por $648 millones vendió a América Móvil la totalidad de las acciones de Telefónica Guatemala y el 99,3% de Telefónica El Salvador.
La empresa informó que alcanzó un acuerdo con Millicom S.A. para la venta de todas las acciones de Telefónica Costa Rica, Nicaragua y Panamá, cerrando la transacción en $1.650 millones.
Luego de que a finales de enero de 2019 la empresa informara que por $648 millones había acordado la venta a América Móvil de la totalidad de las acciones de Telefónica Guatemala y el 99,3% de Telefónica El Salvador, ahora anunció que completó el proceso de venta de toda la operación en Centroamérica.
La empresa informó que por $648 millones vendió a América Móvil la totalidad de las acciones de Telefónica Guatemala y el 99,3% de Telefónica El Salvador.
La compañía española precisó que el cierre de la venta de Telefónica Guatemala ha tenido lugar el 24 de enero, no obstante, el de Telefónica El Salvador está sujeto a las pertinentes condiciones regulatorias.
Rige un nuevo reglamento que tiene entre sus objetivos compensar al cliente por la mala calidad de la conexión y de resarcir de forma automática cuando los cortes de servicio sean prolongados.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), aprobó el Reglamento de Calidad para los Servicios Públicos de Telefonía y Transmisión de Datos, el cual busca mejorar el servicio que prestan las diferentes empresas en la actualidad.
Los operadores rechazan la propuesta de gravar la factura telefónica y las compras de aparatos tecnológicos, mientras el gobierno señala falta de voluntad para colaborar reduciendo las tarifas.
Mientras el gobierno insiste en que las empresas de telecomunicaciones deben bajar las tarifas de telefonía para minimizar el impacto que tendrá el eventual impuesto de 10% para seguridad pública, las telecoms se defienden argumentando que "...el proceso de aprobación de cargos y tarifas máximas no penden de la voluntad de las empresas, ,sino del proceso definido en la normativa creada al efecto."
Para financiar el plan de seguridad pública el gobierno propone cobrar durante diez años un impuesto de 10% sobre la factura de consumo por servicios de telecomunicaciones y la compra de dispositivos.
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