La Asamblea Legislativa se prepara para conocer en primer debate, un proyecto de ley cuyo objetivo es eximir a las sociedades inactivas de la obligación de realizar una declaración del impuesto de la renta.
El expediente de esta propuesta legislativa es el número 22.307 y fue presentado por el diputado Pablo Heriberto Abarca. La iniciativa se discutirá en la Asamblea, a pesar de la oposición del Ministerio de Hacienda.
Durante el primer semestre de 2020 se inscribieron en Panamá 4.280 sociedades anónimas, 35% menos que las reportadas en igual período de 2019.
La Contraloría General de la República reportó que entre enero y junio del año pasado y el mismo período de 2020, el número de sociedades anónimas inscritas en el país pasó de 6.636 a 4.280. Esta baja se explica por la crisis económica que deriva del brote de covid19.
Durante los primeros cinco meses de 2020 se inscribieron en el país 3.523 sociedades anónimas, 36% menos que las reportadas en igual período de 2019.
En este escenario de propagación del covid19 en el país, la Contraloría General de la República reportó que entre enero y mayo del año pasado y el mismo período de 2020, el número de sociedades anónimas inscritas en el país pasó de 5.515 a 3.523.
En los primeros nueve meses de 2019 se cerraron 4.715 sociedades, 13% más que el total de sociedades clausuradas durante todo 2018, lo que podría deberse a la entrada en vigencia de la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas.
Desde 2017, año en el que comenzó a regir la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas, comenzó a crecer la cantidad de sociedades anónimas que cerraron sus operaciones en el país.
En Guatemala crearon una nueva figura denominada Sociedad de Emprendimiento, cuyo costo de registro oscilará entre $128 y $192 y estaría disponible a partir del primer trimestre de 2019.
El Ministerio de Economía trabaja para que el procedimiento, que quedará establecido dentro del Reglamento de la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, esté a disposición de los interesados para el primer trimestre del próximo año.
Las sociedades que fueron disueltas por el Registro Nacional de Costa Rica por estar morosas en el pago del impuesto a personas jurídicas pueden liquidar sus bienes, pese a no estar activas.
El Registro Nacional aclaró que los activos de las 265 mil sociedades que fueron disueltas no son cancelados, lo que queda sobre ellos son prendas o hipotecas, por lo que los dueños pueden disponer de ellos por medio de un proceso de liquidación.
La ley aprobada en primer debate establece un impuesto anual que oscila entre $119 y $394, dependiendo si la sociedad está o no activa y los ingresos generados.
El proyecto de ley fue aprobado esta mañana en primer debate, y los recursos que se recauden serán utilizados, solo por esta única vez, para la contratación de policías.
Las sociedades anónimas que no hayan pagado su tasa anual por diez años serán disueltas de oficio luego de que sus nombres sean publicados en la Gaceta Oficial.
El ministro de Economía y Finanzas explicó en un artículo de Laestrella.com.pa que "... 'es un plan que venimos trabajando desde el año pasado. Existe una norma en el Código Fiscal que establece que las sociedades anónimas que no paguen su tasa anual por diez años deben ser disueltas de oficio'."
La ingeniería fiscal legal es una práctica empresarial obligatoria si se quiere ser competitivo en el mundo globalizado de hoy, y esto pueden permitirse desconocerlo solamente quienes no son empresarios.
Con la misma firmeza que criticamos al empresario que evade impuestos o corrompe funcionarios para lograr un contrato, debemos defender toda práctica empresarial encuadrada en la legalidad que persiga el mejor uso de los recursos disponibles para la generación de riqueza a través de la producción de bienes y servicios, que eso es lo que hacen las empresas.
El nuevo proyecto de ley establece que el impuesto a pagar por las sociedades mercantiles oscilará entre 15% y 60% de un salario base mensual, dependiendo de sus ingresos.
Este proyecto de ley que ya se discute en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea es otro intento más del Poder Ejecutivo, luego de que se declarara inconstitucional la primera propuesta de la administración Solís.
Con un nuevo proyecto de ley pretenden volver a implementar el cobro del impuesto a las sociedades, que fue declarado inconstitucional y suspendido en enero.
La nueva iniciativa busca resucitar la creación del tributo, las tarifas y las sanciones, redefiniendo los criterios para su aplicación. Sin embargo, hay diputados que no apoyan esta medida, ya que aseguran que afecta sobre todo a pequeñas y medianas empresas.
El número de empresas y comerciantes individuales inscritos en el Registro Mercantil durante enero creció 46% respecto al mismo mes de 2014, año en que se registró una disminución del 3%.
En enero de 2015 se inscribieron 2.289 empresas, 720 más que las 1.569 reportadas en el mismo mes de 2014. Asimismo, el mes pasado se inscribieron 1.311 comerciantes individuales, superando los 899 registrados en el mismo período del año anterior. En general, considerando tanto empresas como comercialntes individuales, el incremento respecto a enero de 2014 fue de 46%.
Un fallo de la Sala Constitucional declaró ilegal el impuesto a las personas jurídicas a partir de 2016, pero las empresas deberán pagar el correspondiente al periodo fiscal 2015, que vence el 31 de enero.
Del comunicado de la Sala Constitucional de Costa Rica:
Mediante el Voto No. 2015-1241, la Sala Constitucional, por mayoría, declaró inconstitucional artículos fundamentales de la Ley del Impuestos a las Personas Jurídicas No.
El decreto sometido a consulta pública por la Dirección General de Tributación de Costa Rica obliga a las sociedades mercantiles a brindar información sobre sus socios y la composición de su capital social.
Actualmente se dispone de un periodo de 10 hábiles para que las sociedades que no estén de acuerdo con el borrador del decreto puedan pronunciarse y hacer observaciones. Esta medida tiene como objetivo implementar los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La creación del Registro de Accionistas de Costa Rica tiene como objetivo controlar el pago del impuesto de traspaso sobre bienes inmuebles.
EDITORIAL
Analistas señalan que si la finalidad de la creación del Registro de Accionistas era el control fiscal de un acto comercial determinado generado en sociedades comerciales con características específicas, se podrían haber ideado formas más simples para concretarlo, en lugar de establecer una obligación general para todas las sociedades anónimas.
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