Empresarios centroamericanos manifestaron su preocupación por la falta de información y de transparencia, con la que se desarrollo el caso de la expropiación de la planta de gas licuado del Grupo Tomza en Nicaragua.
A mediados de abril la Empresa Tomza Guatemala S.A.
Reducir las barreras comerciales y los trámites, incrementar la seguridad jurídica y mejorar la infraestructura productiva, son parte de los cambios que demanda el sector empresarial para el desarrollo económico de la región.
En Guatemala se lleva a cabo el XII Encuentro Empresarial Iberoamericano, en el cual el sector privado presenta propuestas para enfrentar los desafíos actuales y generar oportunidades para los países de la región.
Fallos judiciales adversos a las empresas, conflictos sociales y políticos, y problemas fiscales, son algunos de los factores entorpecen el desarrollo de proyectos productivos en los países de Centroamérica.
Uno de los últimos casos de fallos judiciales que afectan a empresas con inversiones en la región fue el de Minera Petaquilla, en Panamá. La semana pasada fue declarado inconstitucional el contrato que ésta compañía había firmado con el Estado panameño.
El sector privado demanda que se evite la incertidumbre en los procesos de compras públicas de interés nacional, pues solo generan dudas en los inversionistas internacionales, afectando la seguridad jurídica del país.
La Cciap asegura que "... licitaciones públicas internacionales permiten evaluar la seguridad jurídica de una plaza específica, por cuanto muestran su desempeño en materia de transparencia, seriedad administrativa y fortalezas institucionales."
En Panamá los diputados cancelaron el contrato de Ley para construir y operar una terminal de contenedores en Rodman, a cargo de PSA Panama International Terminal.
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP):
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) considera un exabrupto legislativo que atenta contra la seguridad jurídica de las inversiones en el país, la cancelación del Contrato de Ley para la construcción y operación de una terminal de contenedores en Rodman por la empresa PSAPanama International Terminal, S.A..
La gremial de empresas privadas promueve una reforma que permita robustecer la administración de justicia y asegure la independencia de jueces y fiscales.
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CCIAP):
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
En los últimos días, la opinión pública se ha visto consternada por diferentes hechos presentados en torno a investigaciones que se adelantan por señalamientos de delitos contra la administración pública. Mucho se ha comentado sobre el otorgamiento de medidas cautelares potencialmente desproporcionadas y otras actuaciones cuestionadas, creando intranquilidad y desasosiego.
La concesionaria del proyecto hidroeléctrico asegura no ser parte del acuerdo anunciado por el gobierno y no descarta tomar acciones legales para proteger su inversión.
Ha transcurrido aproximadamente un año y medio desde que el Gobierno Nacional decidió instaurar una mesa de diálogo con la Comisión Indígena en torno al proyecto Barro Blanco. Genisa nunca ha sido parte de dicha mesa de diálogo; sin embargo, durante este tiempo, en la misma se han tomado y se siguen tomando decisiones que han resultado en suspensiones y atrasos en la construcción y operación del proyecto, lo cual se ha traducido en sobrecostos, pérdida por lucro cesante, riesgos y
Un acuerdo entre el gobierno y la comunidad indígena de la zona pondría fin a un conflicto que generó pérdidas por más de $20 millones a la concesionaria.
La firma de un acuerdo sobre la incompatibilidades del proyecto Hidroeléctrico de Barro Blanco pone de relieve la manera como el Gobierno del Presidente Juan Carlos Varela ha enfrentado los retos de la Comarca Ngabe Buglé: en lugar de la confrontación y el abandono característicos de administraciones pasadas, una política de diálogo y un fuerte plan de inversión pública.
La paralización del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco genera preocupación por la seguridad jurídica de las inversiones realizadas en el marco de los planes de desarrollo del país.
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP):
Si Centroamérica no fortalece las instituciones que deben garantizar un marco jurídico estable y el respeto irrestricto de los contratos, la inversión extranjera no vendrá y la nacional se irá a otros países, por más incentivos y exoneraciones fiscales que se ofrezcan.
EDITORIAL
Las frecuentes muestras de descontento del Poder Ejecutivo salvadoreño respecto a fallos que ha emitido la Corte Constitucional y la falta de acción del gobierno panameño ante los bloqueos que un grupo de personas realizan no solo a las obras del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, sino también a las principales vías de acceso, son pésimas señales que se envían desde la región al resto del mundo, sembrando dudas en aquellas empresas que consideran a la región como un potencial destino para sus inversiones.
Respondiendo a la presión del sector privado, el gobierno anunció ahora que se retomarán las obras en la represa y que Generadora del Istmo S.A. seguiría liderando el proyecto.
Luego de una seguidilla de anuncios contradictorios, el gobierno panameño ahora anunció que "... 'No sería un buen mensaje para la comunidad internacional ni para la necesidad energética que tiene el país, suspender el proyecto'", según palabras de Manuel Domínguez, secretario de Comunicación del Estado.
El sector privado señala diversas acciones del gobierno que debilitan bases y sustentaciones del modelo económico panameño, basado primordialmente en la inversión privada local y extranjera.
Del comunicado del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP):
CONEP hace un llamado al cumplimiento de la Seguridad Jurídica
Ciudad de Panamá, Mayo 12 de 2015. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) y sus miembros, mediante una conferencia de prensa, hicieron un llamado a las autoridades del Gobierno, y se pronunciaron sobre diversos hechos de interés nacional que están lesionando la Seguridad Jurídica, a consecuencia de diversas acciones del gobierno que afectan las bases y sustentaciones del modelo económico del país, que está basado primordialmente en la inversión privada, tanto local como extranjera.
Seguridad jurídica, retrasos en la aprobación de trámites y las deudas del Gobierno son algunas de las preocupaciones que los empresarios manifestaron a la administración Varela.
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura (CCIAP):
Temas del acontecer nacional y empresarial, entre los que se destacan, crecimiento económico y seguridad jurídica, fueron partes de los puntos abordados durante la reunión que sostuvieron los empresarios de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá encabezada por su presidente José Luis Ford, y el mandatario de la República de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez.
Los empresarios de la región reclaman la falta de políticas de desarrollo de largo plazo y exigen a los gobiernos más transparencia, eficiencia y seguridad jurídica, para continuar invirtiendo en la región.
Durante la reunión de empresarios y gobierno denominada 'Expandiendo oportunidades: promoviendo la participación del sector privado y la creación de empleo' empresarios de distintos sectores dieron a conocer sus preocupaciones y puntos de vista respecto al clima de inversión en la región.
Corte Suprema falló que los inmuebles construidos sobre terrenos del Estado otorgados en concesión no podrán acogerse al régimen de propiedad horizontal.
El artículo en Prensa.com reseña que "... La Corte Suprema de Justicia reiteró por medio de un fallo lo que dice la Constitución: bienes de uso público no pueden ser objeto de apropiación privada. El documento con fecha del 23 de diciembre de 2013, pero publicado ayer en Gaceta Oficial, hace referencia a que las edificaciones construidas sobre terrenos estatales dados en concesión no podrán acogerse al régimen de propiedad horizontal."
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