Reportan la suspensión temporal de la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix, operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel, en el departamento de Izabal.
Luego de que un grupo de vecinos reclamara ante la Corte Suprema de Justicia que para el proyecto minero en cuestión, no se agotó el proceso de consulta comunitaria, en febrero de este año se otorgó un amparo a favor de los demandantes, pero no se suspendió las operaciones de la empresa.
Pese a que en Guatemala el derecho de operación de la mina El Escobal fue otorgado en ley, el proyecto cumple dos años de estar paralizado, situación que hace inviable futuras inversiones en el país.
Los inconvenientes para las operaciones de Minera San Rafael datan de 2017, cuando en mayo de ese año el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) presentó una acción de amparo, en la que argumentaban que el Ministerio de Energía y Minas no había realizado las consultas comunitarias necesarias antes de autorizar las licencias.
Reducir las barreras comerciales y los trámites, incrementar la seguridad jurídica y mejorar la infraestructura productiva, son parte de los cambios que demanda el sector empresarial para el desarrollo económico de la región.
En Guatemala se lleva a cabo el XII Encuentro Empresarial Iberoamericano, en el cual el sector privado presenta propuestas para enfrentar los desafíos actuales y generar oportunidades para los países de la región.
Debido a que un grupo de manifestantes tiene tomadas las instalaciones de la hidroeléctrica Chixoy, se corre el riesgo de que en Guatemala las tarifas del servicio eléctrico aumenten hasta en un 10%.
Desde el 25 de septiembre un grupo de personas que reclama el pago de un complemento de resarcimiento mantiene tomada la bocatoma de la planta hidroeléctrica Chixoy, una de las más importantes del país, y amenazan con incendiarla.
Fallos judiciales adversos a las empresas, conflictos sociales y políticos, y problemas fiscales, son algunos de los factores entorpecen el desarrollo de proyectos productivos en los países de Centroamérica.
Uno de los últimos casos de fallos judiciales que afectan a empresas con inversiones en la región fue el de Minera Petaquilla, en Panamá. La semana pasada fue declarado inconstitucional el contrato que ésta compañía había firmado con el Estado panameño.
Debido a conflictos sociales y diversos procesos jurídicos, en Guatemala se encuentran suspendidos 16 proyectos hidroeléctricos, que en conjunto suman una inversión cercana a $1.500 millones.
La Asociación de Generadores de Energía Renovable (Ager) informó que los proyectos de generación de energía se encuentran suspendidos debido a conflictos con las comunidades de las zonas, a procesos de consulta a pueblos indígenas, y a órdenes giradas por la Corte de Constitucionalidad, muchas de las cuales han sido en respuesta a reclamos planteados por organizaciones ambientales. Estos proyectos que aún no logran ver la luz, equivalen a una capacidad instalada de 460 MW.
Empresarios en El Salvador opinan que la primera medida que debe implementar el gobierno que entre en funciones en 2019, es la recuperación del control de los territorios dominados por las maras.
La inseguridad ciudadana, la incertidumbre política y los bajos niveles de inversión son los principales factores que siguen afectado la calidad de vida de la población y el clima de negocios en El Salvador.
Un análisis de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (Fusades) señala los principales factores que impiden que la economía salvadoreña alcance mejores niveles de crecimiento. En su informe de Coyuntura Legal e Institucional, destacan avances logrados recientementet en materia de facilitación de comercio, pero señalan que la inseguridad ciudadana sigue siendo el factor que más afecta en términos negativos la calidad de vida de la población y el clima de inversión.
A un año de la suspensión de las operaciones del proyecto minero El Escobal, en Guatemala, la empresa aún sigue a la espera del fallo judicial definitivo de la Corte de Constitucionalidad.
En mayo de 2018 el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) presentó una acción de amparo, en la que argumentaban que el Ministerio de Energía y Minas no había realizado las consultas comunitarias necesarias antes de autorizar las licencias.
El sector privado demanda que se evite la incertidumbre en los procesos de compras públicas de interés nacional, pues solo generan dudas en los inversionistas internacionales, afectando la seguridad jurídica del país.
La Cciap asegura que "... licitaciones públicas internacionales permiten evaluar la seguridad jurídica de una plaza específica, por cuanto muestran su desempeño en materia de transparencia, seriedad administrativa y fortalezas institucionales."
En Panamá los diputados cancelaron el contrato de Ley para construir y operar una terminal de contenedores en Rodman, a cargo de PSA Panama International Terminal.
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP):
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) considera un exabrupto legislativo que atenta contra la seguridad jurídica de las inversiones en el país, la cancelación del Contrato de Ley para la construcción y operación de una terminal de contenedores en Rodman por la empresa PSAPanama International Terminal, S.A..
Los industriales exigen a la Corte de Constitucionalidad que se pronuncie respecto al recurso de amparo que fue otorgado a favor de un grupo ambientalista y que mantiene paralizadas las operaciones de la mina.
El proyecto está paralizado desde que una organización ambientalista presentara una acción de amparo en contra de la mina, con el argumento que que el Ministerio de Energía y Minas no realizó las consultas comunitarias debidas antes de autorizar las licencias.
La gremial de industriales guatemaltecos propondrá una agenda de desarrollo, con el objetivo de mejorar las condiciones económicas y recuperar parte de la inversión perdida en los últimos años.
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