Con el objetivo de superar conflicto comercial que deriva del bloqueo al ingreso al mercado panameño de productos de origen animal procedentes de Costa Rica, ambas naciones han iniciado a dialogar.
En julio de 2020 comenzó elconflicto comercialentre ambos países, puesPanamáinformó al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería deCosta Rica(MAG), sobre la decisión de no extender la habilitación para laexportacióna una lista de establecimientos costarricenses previamente autorizados y que comercializan en el mercado panameño desde hace muchos años.
En Costa Rica fue extendido hasta el 22 de octubre, el plazo para que los empresarios regularicen la situación migratoria de los trabajadores que llegan al país a realizar labores en actividades agropecuarias.
El bloqueo al ingreso de productos de origen animal provenientes de Costa Rica al mercado panameño, ha derivado en un conflicto comercial en el que ambos países tienen su cuota de responsabilidad, pues las autoridades de las dos naciones abogan por medidas proteccionistas.
El 10 de julio de 2020 Panamá informó al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica (MAG), sobre la decisión de no extender la habilitación para la exportación a una lista de establecimientos costarricenses previamente autorizados y que comercializan en el mercado panameño desde hace muchos años.
Luego que el gobierno de Panamá decidiera prohibir el ingreso de productos de origen animal provenientes de Costa Rica, empresarios panameños apoyan la medida y piden que se discutan los requisitos de exportación e importación, pues aseguran que a sus productos agropecuarios se les impide el acceso al mercado costarricense.
La disputa comercial surgió cuando el 10 de julio Panamá informó al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica (MAG), sobre la decisión de no extender la habilitación para la exportación a una lista de establecimientos costarricenses previamente autorizados y que exportan a Panamá desde hace muchos años.
Construirán en el cantón de Coto Brus, provincia de Puntarenas, una planta industrial para el procesamiento de hortalizas, frutas, granos, lácteos, raíces y tubérculos.
El gobierno costarricense adjudicó el contrato para la construcción de este complejo industrial a la empresa Vidalco Empresa Constructora. Se estima que la inversión global será de aproximadamente $3 millones.
En Costa Rica se preparan iniciativas de ley para reestructurar la cartera crediticia de pequeños y medianos productores agropecuarios que hayan sido afectados por fenómenos del clima.
Una de las iniciativas contempla la compra de la cartera crediticia para readecuar las deudas de los productores afectados por fenómenos climáticos y que estén sin capacidad de pago. Los créditos que aplicarían en este caso, serían los de $35 mil o menos.
El cultivo, procesamiento y exportación de coco y sus derivados, y la transformación de la actividad caprina enfocada en la fabricación de productos de cuidado personal y salud, son algunas de las propuestas para que el agro costarricense genere mayor valor agregado.
Un estudio realizado por FUNDES Strategy identifica nuevas oportunidades para el sector agropecuario de Costa Rica.
Durante agosto y septiembre el índice mensual de actividad agropecuaria de Costa Rica reportó alzas interanuales de 0,16% y 0,82%, respectivamente, revirtiendo la tendencia a la baja registrada en los meses previos.
De acuerdo a los datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), entre octubre de 2018 y julio de 2019 el Índice Mensual de la Actividad Agropecuaria (IMAGRO) registró variaciones interanuales negativas.
Anticipar los efectos del clima sobre los cultivos y mitigar su impacto, es uno de los beneficios que se obtienen al utilizar técnicas de gestión de grandes volúmenes de información.
La industria agrícola no es ajena a la nueva realidad enfocada en el análisis de grandes volúmenes de información y toma de decisiones de negocios basadas en datos.
Desde el 1 de octubre los productores y proveedores costarricenses del sector agrícola y pesquero, cuentan con un régimen especial para declarar y pagar el IVA, que contempla que los productores de café, caña y los apicultores harán una declaración anual.
El nuevo Régimen Especial Agropecuario (REA) no cambia las obligaciones fiscales, pero sí permite adecuarlas a las particularidades de los procesos productivos, de manera tal que se facilite su cumplimiento, informaron las autoridades.
El arancel promedio aplicado a la importación de productos agropecuarios en Costa Rica es del 14,1%, mientras que para las mercancías industriales importadas, el gravamen es de 5,6%.
El Examen de Políticas Comerciales de Costa Rica, preparado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), precisa que los embutidos y productos similares, son algunas de las importaciones a las que se les ha impuesto los aranceles más altos.
Debido a que el área de tierra usurpada en Guatemala ha crecido desde alrededor de 10 mil hectáreas en la década de los noventa, hasta 164 mil en 2018, las pérdidas en la producción agrícola ocasionadas por este fenómeno ascendieron a cerca de $650 millones el año pasado.
La Cámara del Agro (Camagro) estima que sólo en 2018, las invasiones a la propiedad privada, principalmente a fincas de producción agrícola, generaron un impacto negativo equivalente al 0,6% del Producto Interno Bruto.
El 2 de septiembre inició en Costa Rica el registro de personas y empresas productoras agropecuarias que deseen optar por los beneficios contemplados en la nueva normativa fiscal.
El plazo comenzó este lunes 2 de Setiembre y concluye el 31 de Enero de 2020, y para la inscripción los interesados deberán presentar su cédula física o jurídica, y la certificación literal de la propiedad, informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
En los últimos dos años la morosidad en las carteras de préstamos al sector agrícola aumentó desde 2,4% hasta 5,9%, entre abril de 2017 y el mismo mes de 2019.
Cifras de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), indican que el alza reportada en la mora de préstamos de agricultura incluye tanto las operaciones con retrasos mayores a los 90 días, como las operaciones que están en cobro judicial.
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