Derivado de la eliminación del secreto bancario en Guatemala, el sector empresarial anuncia que estará vigilante para que se "respete el debido proceso y la confidencialidad de los contribuyentes".
Un año después de haberse suspendido el acceso a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, a inicios de agosto la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva y revocó la suspensión, por lo que en las próximas semanas comenzarán a regir los cambios.
Especialistas y autoridades opinan que el fallo con el que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala revocó la suspensión que impedía el acceso con fines fiscales a información bancaria de los contribuyentes, podría revertirse con otra acción legal.
En los últimos días el tema ha cobrado mayor relevancia en el país, pues tras un año de estar suspendido el acceso a la información bancaria con fines tributarios, el pasado 6 de agosto la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva, por lo que autoriza a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para que pueda revisar las cuentas de los contribuyentes.
Un año después de haberse suspendido el acceso a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, en Guatemala la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva y revocó la suspensión.
Argumentando que no cumple los estándares sobre transparencia e intercambio de información para fines tributarios, la OCDE evaluó negativamente a Guatemala y le recomienda trabajar en el acceso directo a la información bancaria de los contribuyentes.
Tal como había sido previsto, a raíz de la suspensión temporal por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) del artículo de ley que facilitaba el acceso a la información bancaria de los contribuyentes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) decidió incluir a Guatemala en la lista de países que incumplen sus compromisos en materia de información fiscal.
En su próxima evaluación la OCDE podría rebajar la calificación de Guatemala, debido a que en agosto del año pasado fue suspendido el acceso a información bancaria con orden judicial, lo cual podría generar un encarecimiento del crédito.
En su última visita a Guatemala el FMI advirtió que si en el país no se levanta el secreto bancario, se podría menoscabar el cumplimiento "respecto a tratados internacionales de transparencia".
Luego de la última visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Guatemala, el organismo internacional advirtió que revertir la disminución en la recaudación de impuestos pasa por fortalecer el control de los grandes contribuyentes, mejorar el uso de la información tributaria para reducir el incumplimiento, reasignar recursos hacia auditorías basadas en el riesgo, y reconsiderar el levantamiento del secreto bancario a efectos de auditoría tributaria.
Suspendieron temporalmente el artículo de la ley que en Guatemala facilitaba el acceso a la información bancaria de empresas con una orden judicial a solicitud de las autoridades tributarias.
La decisión fue tomada por la Corte de Constitucionalidad luego de que una empresa presentara un recurso de inconstitucionalidad. Con base en los argumentos planteados, la CC decidió decretar la suspensión provisional del artículo 52, que facultaba a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a solicitar a un juez una orden para levantar el secreto bancario de personas o empresas cuando existiera "... duda razonable sobre los resultados de los procesos o ejecución de los planes de fiscalización selectiva y masiva'." Ver "Guatemala: Rige levantamiento de secreto bancario"
Como parte del plan de fiscalización que comenzará este año con el acceso a información bancaria, la autoridad tributaria verificará las transacciones de compraventa de inmuebles.
Con su plan de fiscalización 2017 la Superintendencia de Administración Tributaria se prepara para estrenar la ley que le autoriza a acceder a información bancaria de los contribuyentes cuando lo requiera.
Entra en vigencia la ley que facilita el acceso a la información bancaria de empresas y personas con una orden judicial a solicitud de las autoridades tributarias.
Francisco Solórzano, jerarca de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), señaló que "...'esta herramienta solo se utilizará cuando exista duda razonable sobre los resultados de los procesos o ejecución de los planes de fiscalización selectiva y masiva'."
En febrero entra en vigencia la ley que autoriza a levantar el secreto bancario de empresas y personas con una orden judicial a solicitud de las autoridades tributarias.
Los bancos se preparan para la entrada en vigencia de la legislación en febrero próximo, modificando sus procesos para poder responder con mayor agilidad ante los requerimientos que plantee la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
En enero de 2017 comenzará a regir la norma que permite el levantamiento del secreto bancario mediante orden judicial a solicitud de la Superintendencia de Administración Tributaria.
El decreto 37-2016 Ley para el fortalecimiento de la transparencia fiscal y Gobernanza para la SAT fue publicado hoy en el Diario de Centroamérica, donde se establece las fechas en que entran en vigencia cada una de las modificaciones aprobadas en la reforma.
La ley aprobada por el Congreso establece el levantamiento del secreto bancario mediante orden judicial a solicitud de la Superintendencia de Administración Tributaria.
Del comunicado del Congreso de Guatemala:
La Ley para el Fortalecimiento de la Transferencia Fiscal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) quedó aprobada este martes y registrada con el Decreto 37-2016.
La autoridad tributaria insiste en la imposibilidad de cumplir con los acuerdos de intercambio de información con otros países si no se elimina el secreto bancario con fines fiscales.
En medio de la discusión en el Congreso del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria, el superintendente Solórzano Foppa volvió a insistir en la necesidad de autorizar el acceso a la información tributaria de los contribuyentes con fines fiscales y por medio de la autorización de un juez. Además, anunció que prepara "... un nuevo plan de fiscalización con el que intentará recuperar la facultad de cobrar impuestos sobre ganancias percibidas fuera de Guatemala que son trasladadas a offshores."
english
5137