Con la aplicación del Sistema de Alerta Sanitaria por el covid19 se reabrió la economía guatemalteca, sin embargo, no se han oficializado las guías de operación y los protocolos específicos de seguridad e higiene, para varias actividades económicas.
Después de más de cuatro meses de severas restricciones a la movilidad de las personas y a algunas actividades económicas, las autoridades decidieron que a partir del 27 de julio, el país entraría en una fase de reapertura de la economía.
La Superintendencia de Telecomunicaciones prepara el procedimiento para empezar a emitir sanciones por hasta $25.800 a partir de febrero de 2020, a los negocios que no cuenten con registro de comercializador de equipos de terminales móviles y tarjetas SIM.
La normativa rige desde años atrás, pues el 9 de octubre de 2013 entró en vigencia el Decreto 8-2013, Ley de Equipos Terminales Móviles, el cual ordena la creación del Registro de Comercializadores de Equipos Terminales Móviles y Tarjetas SIM, ambos a cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).
Desde el 20 de noviembre comenzó a funcionar en Guatemala el sistema de pesaje en movimiento, el cual verificará que el peso y las dimensiones de los vehículos de carga se encuentren en el rango permitido, de lo contrario se aplicarán las respectivas sanciones.
Personal del Ministerio de Comunicaciones informaron que el sistema está dotado de cámaras y sensores incrustrados en el asfalto, mismo que capta y envía la información de inmediato a un equipo de cómputo. Por ahora el sistema, ya se encuentra instalado en primera instancia en el Puente Belice.
La falta de una ley de competencia en Guatemala podría exponer al país a recibir sanciones por parte de las autoridades europeas, pues es un requisito exigido en la normativa del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
El Acuerdo de Asociación (AdA) exigía desde finales de 2016 que Guatemala debía tener una ley en la materia, ya que en 2019 se tendría que crear una autoridad centroamericana de competencia. Sin embargo, esta no puede operar, debido a la inexistencia de un marco jurídico.
Los exportadores de Guatemala reportan que la advertencia que hizo el presidente Trump sobre imponer aranceles a las exportaciones y gravámenes a las remesas y transferencias está generando dudas entre sus compradores en Estados Unidos.
Entre la mayor parte de los empresarios guatemaltecos predomina la incertidumbre, luego de que el presidente Trump reaccionara al amparo provisional que estableció la Corte de Constitucionalidad deGuatemala, que limita las funciones del Poder Ejecutivo para negociar o suscribir cualquier acuerdo en materia de política exterior.
El sector empresarial de Guatemala reaccionó con preocupación a la advertencia que hizo el presidente Trump sobre imponer aranceles a las exportaciones y gravámenes a las remesas y transferencias.
El anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos surge luego de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, emitiera un fallo en el que limita de sus funciones en materia de política exterior al Ejecutivo, al otorgar un amparo provisional que impide la negociación o suscripción de cualquier acuerdo.
En la revisión que harán del TLC las autoridades de Centroamérica y EE.UU. se descarta que el gobierno estadounidense aplique sanciones comerciales en represalia por la profundización del problema migratorio.
Luego de que la administración Trump presionara a México con la amenaza del incremento en los aranceles a las importaciones mexicanas, en la región se ha generado expectativa por la revisión que se prevé realizar del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica.
El 3 de enero de 2020 vence el plazo para que las empresas y negocios que ya operan en Guatemala y no cuenten con el estudio, presenten su Diagnóstico Ambiental para recibir una rebaja en la multa.
Las multas para las empresas que aún no cuentan con el Diagnóstico Ambiental podrían ascender hasta $13 mil, sin embargo, si presentan su documentación antes de que venza el plazo la sanción podría fijarse en $650.
En Costa Rica un empresario hotelero se enfrenta al gobierno de Solís, luego de que éste advirtiera que sancionarán a las empresas que realicen promociones comerciales en alianza con Uber.
La Superintendencia de Administración Tributaria publicó los nombres de los contribuyentes a los que ha demandado en la vía económica coactiva por incumplimiento de sus obligaciones con el fisco.
La Superintendencia de Administración Tributaria anunció auditorías especiales en las empresas con “partes relacionadas en el extranjero”, que se pueden evitar presentando el Acuerdo de Precios Anticipado.
Durante este año se realizarán nueve auditorias con el objetivo de corroborar "... Sospechas generadas cuando han conformado derecho de llave o crédito mercantil." Según un estudio de riesgo realizado por los equipos encargados de implementar los Precios de Transferencia, los sectores café, banano, azúcar, combustibles y metales son los que reportan mayor riesgo en sus transacciones.
Con la entrada nuevamente en vigencia de la norma sobre Precios de Transferencia, las empresas deben tomar en cuenta todos sus requerimientos para evitar sanciones y ajustes a la renta.
La normativa vigente desde el 1 de enero solicita al contribuyente demostrar y justificar adecuadamente "... los importes de los pagos efectuados y/o los márgenes de beneficios en sus transacciones con partes relacionadas", con el objetivo de garantizar la libre competencia y la recaudación de los impuestos.
Eliminan potestad de la Superintendencia de Administración Tributaria de cerrar de forma preventiva empresas en infracción fiscal.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) eliminó definitivamente la potestad de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de realizar cierres preventivos de negocios cuando estos no cumplan con las leyes fiscales de ese país. La CC ya había suspendido la normativa en forma provisional.
La amnistía incluye a quienes deben impuestos de períodos fiscales anteriores al 1º de enero de 2012.
El artículo de S21.com.gt reseña que “esta medida es el complemento de la condonación del 10% en pagos de impuestos y reducción del 50% del de circulación”.
“Estaba claro que se tenía que acordar la exoneración. Casi siempre una ley produce la necesidad de un acuerdo gubernativo.
Mauro Chacón, presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), explicó que conocieron cuatro acciones de inconstitucionalidad presentadas por las cámaras del Agro y de Comercio, de las cuales una fue suspendida de manera provisional por el máximo tribunal.
Con más de 10 años de operar en Costa Rica, CFIA 5 años, contratos con el Estado y con transnacionales, PYMES, CCSS, INS al día y facturando. Fue constituida en el año 2008 y desde hace 5 años se...
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