La falta de una ley de competencia en Guatemala podría exponer al país a recibir sanciones por parte de las autoridades europeas, pues es un requisito exigido en la normativa del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
El Acuerdo de Asociación (AdA) exigía desde finales de 2016 que Guatemala debía tener una ley en la materia, ya que en 2019 se tendría que crear una autoridad centroamericana de competencia. Sin embargo, esta no puede operar, debido a la inexistencia de un marco jurídico.
Los exportadores de Guatemala reportan que la advertencia que hizo el presidente Trump sobre imponer aranceles a las exportaciones y gravámenes a las remesas y transferencias está generando dudas entre sus compradores en Estados Unidos.
Entre la mayor parte de los empresarios guatemaltecos predomina la incertidumbre, luego de que el presidente Trump reaccionara al amparo provisional que estableció la Corte de Constitucionalidad deGuatemala, que limita las funciones del Poder Ejecutivo para negociar o suscribir cualquier acuerdo en materia de política exterior.
El sector empresarial de Guatemala reaccionó con preocupación a la advertencia que hizo el presidente Trump sobre imponer aranceles a las exportaciones y gravámenes a las remesas y transferencias.
El anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos surge luego de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, emitiera un fallo en el que limita de sus funciones en materia de política exterior al Ejecutivo, al otorgar un amparo provisional que impide la negociación o suscripción de cualquier acuerdo.
En la revisión que harán del TLC las autoridades de Centroamérica y EE.UU. se descarta que el gobierno estadounidense aplique sanciones comerciales en represalia por la profundización del problema migratorio.
Luego de que la administración Trump presionara a México con la amenaza del incremento en los aranceles a las importaciones mexicanas, en la región se ha generado expectativa por la revisión que se prevé realizar del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica.
La Asamblea Legislativa aprobó una moratoria de tres meses improrrogables, en sanciones, mora, intereses, multas o cualquier otra disposición sancionatoria, relacionadas con el cobro del impuesto al valor agregado, que entró en vigencia el pasado 1 de julio.
Se excluye de esta moratoria a los contribuyentes calificados por la Administración Tributaria como grandes contribuyentes nacionales y grandes empresas territoriales, explica un comunicado de la Asamblea Legislativa.
A días de haber iniciado el procedimiento administrativo contra Aldesa Puesto de Bolsa, las autoridades judiciales de Costa Rica realizaron varios allanamientos en viviendas de los directivos de la entidad y sus oficinas.
El pasado 24 de mayo a través de un hecho relevante la Superintendencia General de Valores (Sugeval) explicó que se harían las pesquisas para determinar si el puesto de bolsa llevó o no los registros contables necesarios de las operaciones de pago de cuentas por cobrar durante nueve meses.
En Costa Rica la Superintendencia General de Valores inició un procedimiento administrativo sancionatorio contra Aldesa Puesto de Bolsa, argumentando que la empresa no habría llevado los registros contables necesarios.
El pasado 24 de mayo, en un hechorelevante publicado por María Luisa Fernández Garita, jerarca de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), se explicó que se harán las pesquisas para determinar si el puesto de bolsa no llevó registro contables necesarios de las operaciones de pago de cuentas por cobrar por nueve meses.
A partir del 5 de diciembre inicia el periodo en el que se exonerará de moras y sanciones a los contribuyentes que salden sus deudas en los primeros tres meses posteriores a la publicación de la Ley.
Con la publicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el diario oficial La Gaceta, comienza el período de tres meses para que los contribuyentes que tengan deudas con el Ministerio de Hacienda, el Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (Imas) y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), se pongan al día sin el cobro de intereses y sanciones.
En Costa Rica un proyecto de ley propone inhabilitar por un plazo de cinco años a las empresas constructoras que incumplan contratos con entidades del Estado.
La propuesta de ley es analizada por la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, y según representantes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), si es aprobada, la ley permitiría sancionar a las empresas de construcción que no finalicen las obras pactadas con el Estado.
En Costa Rica un empresario hotelero se enfrenta al gobierno de Solís, luego de que éste advirtiera que sancionarán a las empresas que realicen promociones comerciales en alianza con Uber.
La ley contra el contrabando aprobada en primer debate establece sanciones de 3 a 10 años de cárcel para quienes comercialicen de forma ilícita mercancías que afecten la salud animal, humana o vegetal.
Del comunicado de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP):
En Costa Rica la mayoría de los diputados rechazan proyecto de ley que otorgaría a Tributación capacidades para sancionar contribuyentes morosos que se consideran exclusivas del Poder Judicial.
El Poder Ejecutivo deberá modificar el proyecto de Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal si pretende que la Asamblea Legislativa lo apruebe. La oposición rechaza principalmente la posibilidad que otorga el proyecto de ejecutar cobros y embargos sin una orden judicial, y además "... objetan que los asesores en materia de impuestos puedan ser condenados a pagar parte de las deudas de los contribuyentes, si la Administración considera que aconsejaron mal."
El proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa de Costa Rica elimina 219 exenciones fiscales, y autoriza al Ministerio de Hacienda a revocarlas e imponer sanciones por uso abusivo.
La iniciativa de ley ya cuenta con la firma del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y además de eliminar 220 exoneraciones fiscales, también establece sanciones a todos los que gocen de las mismas sin tener derecho.
Los empresarios demandan a la Asamblea acelerar las discusiones para aprobar el proyecto de ley que introduce la figura del "contrabando fraccionado" y endurece las sanciones.
Del comunicado de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP):
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