El poder que tienen los sindicatos de empleados públicos en el país quedó de manifiesto con el acuerdo que autoridades de la Caja del Seguro Social aceptaron firmar para que los empleados de la entidad puedan seguir gozando de privilegios en perjuicio de los demás.
EDITORIAL
Argumentando que "judicializar" la huelga era la única y mejor salida que se podía lograr en el corto plazo, las máximas autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) cedieron a las presiones de los sindicalistas, quienes con el afán de mantener el trato diferenciado del que han gozado por muchos años, suspendieron el acceso a servicios básicos de salud, llegando incluso a realizar acciones tan despreciables como cerrar un banco de sangre y paralizar equipos para tratamiento de cáncer.
La definición de cuánto y cómo debe ajustarse el salario mínimo, algo que en ocasiones parece hacerse de forma antojadiza y con fines políticos, sigue siendo uno de los factores que más enfrenta a empresarios y gobiernos de Centroamérica.
En Costa Rica se aprobó para 2019 un incremento de 3% en el salario mínimo; en El Salvador, se prevé discutir un aumento, y en Guatemala, la comisión a cargo del tema informó que este año no se harán incrementos.
Los representantes de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica están más preocupados por defender sus inaceptables privilegios, que por realizar con imparcialidad y de forma moral el trabajo para el cual fueron designados.
EDITORIAL
Argumentando que la reforma fiscal aprobada en primer debate en la Asamblea Legislativa impone medidas de contención de gasto sobre los salarios del Poder Judicial, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia anunciaron que se opondrán a la reforma si no se eliminan de la misma los puntos que, a su criterio, afectan el funcionamiento de las instituciones del Poder Judicial.
Como en el mito de los lemmings corriendo hacia el abismo, Costa Rica se repite en los gestos que apuntalan la definición de una sociedad incapaz de detenerse en el camino hacia una crisis terminal.
Al cierre del primer cuatrimestre del año el déficit financiero del Gobierno Central llegó a 1,9% del PIB, explicado por el crecimiento de casi 8% en los gastos acumulados.
En un comunicado el ministerio de Hacienda informó que "... Al cierre del primer cuatrimestre del año, el déficit financiero del Gobierno Central alcanzó los ¢670.560,0 millones, que representan 1,9% del PIB, porcentaje mayor al presentado en el mismo periodo del 2017 (1,8%).
Un fondo de ahorro, préstamos para vivienda, gastos de recreación y garantías, becas para los hijos, y servicio de restaurante de los funcionarios de la estatal y monopólica distribuidora de hidrocarburos de Costa Rica, son financiados vía precios que pagan los consumidores, aun los más pobres.
OPINION
Jorge Cobas González
Director fundador de CentralAmericaData.COM
La igualdad de los ciudadanos ante la ley, rasgo definitorio de una democracia, se mantiene en Costa Rica como una formalidad que genera en la práctica riqueza y privilegios para unos, y pobreza y desesperanza para otros.
OPINIÓN - Jorge Cobas González - Director de CentralAmericaData
Unos ciudadanos costarricenses -no pocos- son los que tienen "derechos adquiridos" por pertenecer a alguna de las corporaciones a las que las leyes asignan múltiples privilegios, y otros -inmensa mayoría- los que trabajan para pagarles esos privilegios a los primeros.
Luego de reconocer los graves problemas de liquidez que enfrenta, el gobierno anunció que tomará prestados otros $1.000 millones para un opíparo almuerzo que otros deberán pagar mañana.
Los $1.000 millones que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) venía negociando desde mayo con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) para fortalecer sus reservas entrarían en Octubre de este año, según anunciaron las autoridades del BCCR.
Sector privado reclama al gobierno no convocar en la Asamblea Legislativa proyectos de ley relacionados con el empleo público que eliminarían algunos de los privilegios de los funcionarios públicos.
Del comunicado de la UCCAEP:
5 diciembre, 2016. La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), hace un llamado al Gobierno por la ausencia de los proyectos relacionados con empleo público en la convocatoria de expedientes que realizó el Poder Ejecutivo, a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.
La gremial de empresas privadas presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Convención Colectiva de la refinadora estatal Recope.
Del comunicado de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado:
Costarricenses tendríamos que pagar salarios por asuetos durante fiestas patronales, subsidios para comprar anteojos y becas por estudiar en el exterior, entre otros.
Unión de Cámaras impugna estos beneficios, pagados con fondos públicos, por irracionales y desproporcionados.
El presupuesto proyectado por el gobierno de Costa Rica para el 2017 es el resultado de un ejercicio aritmético, donde la voluntad política de la administración Solís apenas se reduce al mantenimiento y aumento de las prebendas de las corporaciones estatales dominantes.
EDITORIAL
Escandalosa podría ser la mejor palabra para describir la magnitud del incremento de 12% que se recetó la administración Solís Rivera para el presupuesto público de 2017. El aumento de 12% no solo supera con creces la inflación proyectada para ese año, sino que es desproporcionado y alejado de la realidad, considerando el grave y urgente problema fiscal que afronta el país.
En una brillante primavera el jardín floreció glorioso y todos querían flores. Dijo Juan “- Yo merezco 10”, y el jardinero le dio 10. “- Yo quiero llevarme 11” dijo Pedro, y le concedieron 11. “- Exijo 12” protestó Manuel, y le garantizaron 12. “- Quiero 13” gritó José, y obtuvo sus 13. Muchos reclamaron así, y obtuvieron. Al final quedó una flor ya algo mustia que le fue otorgada a un mudo sin nombre. Y el jardinero fue aclamado por su generosidad.
Pero en la siguiente primavera el jardín produjo muchas menos flores, pese a lo cual Juan pretendió llevarse sus 10, Pedro sus 11, Manuel sus 12, y José sus 13 flores. “- Eso es lo que nos corresponde” gritaban. “- Es nuestro derecho” alegaban. Y contrataron un abogado que presentó una demanda para que el jardinero entregara lo que por “derecho adquirido” les pertenecía. Y el juez, que era Manuel, falló a favor de los demandantes.
A contrario sensu de la doctrina internacional sobre acceso a la información pública, un fallo del tribunal supremo costarricense admite como válida la grosera chicana técnica utilizada para obstaculizar el manejo de datos requeridos a una institución pública.
EDITORIAL
La Sala Constitucional de Costa Rica denegó un recurso presentado por periodistas del semanario El Financiero, validando de esa manera la utilización de claves para impedir el análisis por medios informáticos de una base de datos con información sobre los salarios pagados en el estatal Banco de Costa Rica. Ver Sala Constitucional limita libre acceso a base de datos públicos
Como en los antiguos hogares patriarcales, si hay que sufrir, primero que sufran los entenados, y recién después, y solamente si es muy necesario, que sufran también los hijos legítimos.
EDITORIAL
El anuncio de la administración Solís de que tiene un plan B para el caso de no lograr la aprobación legislativa del aumento de impuestos que propuso para enfrentar el grave y creciente déficit fiscal, pone en evidencia la existencia en Costa Rica de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
Usando su poder corporativo y aprovechando el vacío de poder que aqueja al Estado, una universidad pública de Costa Rica paga sueldos de país de primer mundo, exacerbando la desigualdad entre los costarricenses y distorsionando gravemente el mercado de trabajo.
EDITORIAL
La degeneración de la democracia que está ocurriendo en muchos países latinoamericanos tiene como muestra calificada a Costa Rica, otrora ejemplo del mejor sistema para vivir en sociedad que haya alumbrado la historia.
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