El gasto que realizaron las entidades estatales en salarios de funcionarios públicos en el primer trimestre del año creció 5% respecto al mismo periodo de 2019.
En medio de la crisis generada por la pandemia del covid19, el gasto en salarios durante el mes de Marzo creció en $17 millones, pese a que se registró una reducción de 2.329 empleados en ese mismo mes.
El poder que tienen los sindicatos de empleados públicos en el país quedó de manifiesto con el acuerdo que autoridades de la Caja del Seguro Social aceptaron firmar para que los empleados de la entidad puedan seguir gozando de privilegios en perjuicio de los demás.
EDITORIAL
Argumentando que "judicializar" la huelga era la única y mejor salida que se podía lograr en el corto plazo, las máximas autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) cedieron a las presiones de los sindicalistas, quienes con el afán de mantener el trato diferenciado del que han gozado por muchos años, suspendieron el acceso a servicios básicos de salud, llegando incluso a realizar acciones tan despreciables como cerrar un banco de sangre y paralizar equipos para tratamiento de cáncer.
A partir del 1 de julio entra en vigencia el segundo incremento del salario mínimo por hora para los trabajadores de la construcción en Panamá, el cual llega en un contexto de baja considerable en la actividad del sector.
El aumento es parte de la Convención Colectiva de Trabajo CAPAC-Suntracs, que su negociación puso fin a una huelga que en 2018 duró más de 30 días. Esta alza llega en medio una caída en la construcción que desde varios meses atrás se viene registrando, pues según cifras oficiales al cierre del primer cuatrimestre de 2019 el costo de las nuevas construcciones, adiciones y reparaciones bajó 28% respecto a igual período de 2018.
Durante el año pasado el Estado panameño gastó $3.925 millones en salarios a funcionarios públicos, 8% más que lo reportado en 2017, alza que se explica por los aumentos interanuales reportados en los primeros meses de 2018.
Cifras de la Contraloría General de la República detallan que entre 2017 y 2018, el gasto en salarios a empleados públicos aumentó $298 millones, al pasar de $3.627 millones a $3.925 millones.
La definición de cuánto y cómo debe ajustarse el salario mínimo, algo que en ocasiones parece hacerse de forma antojadiza y con fines políticos, sigue siendo uno de los factores que más enfrenta a empresarios y gobiernos de Centroamérica.
En Costa Rica se aprobó para 2019 un incremento de 3% en el salario mínimo; en El Salvador, se prevé discutir un aumento, y en Guatemala, la comisión a cargo del tema informó que este año no se harán incrementos.
Los representantes de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica están más preocupados por defender sus inaceptables privilegios, que por realizar con imparcialidad y de forma moral el trabajo para el cual fueron designados.
EDITORIAL
Argumentando que la reforma fiscal aprobada en primer debate en la Asamblea Legislativa impone medidas de contención de gasto sobre los salarios del Poder Judicial, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia anunciaron que se opondrán a la reforma si no se eliminan de la misma los puntos que, a su criterio, afectan el funcionamiento de las instituciones del Poder Judicial.
De enero a agosto de este año el Estado panameño ha gastado $2.580 millones en salarios a funcionarios públicos, 10% más que lo reportado en los primeros ocho meses de 2017.
Según cifras de la Contraloría General de la República entre enero y agosto de 2017 y el mismo período de este año el gasto en salarios a empleados públicos aumentó $241 millones, al pasar de $2.339 millones a $2.580 millones.
Como en el mito de los lemmings corriendo hacia el abismo, Costa Rica se repite en los gestos que apuntalan la definición de una sociedad incapaz de detenerse en el camino hacia una crisis terminal.
Entre enero y Junio el Estado panameño desembolsó $1.915 millones en salarios a funcionarios públicos, 12% más que los $1.708 millones reportados en el primer semestre de 2017.
La Contraloría General de la República reportó que el sueldo bruto acumulado de la planilla del Sector Público en el mes de junio de 2018 sumó $333.3 millones, de los cuales $312.2 millones corresponden a funcionarios permanentes y $21.1 millones a funcionarios eventuales.
Al cierre del primer cuatrimestre del año el déficit financiero del Gobierno Central llegó a 1,9% del PIB, explicado por el crecimiento de casi 8% en los gastos acumulados.
En un comunicado el ministerio de Hacienda informó que "... Al cierre del primer cuatrimestre del año, el déficit financiero del Gobierno Central alcanzó los ¢670.560,0 millones, que representan 1,9% del PIB, porcentaje mayor al presentado en el mismo periodo del 2017 (1,8%).
El Estado panameño gasta mensualmente $321 millones en salarios a funcionarios públicos, muy por encima de los $209 millones que se destinaban a este gasto hace cuatro años.
El gasto mensual en salarios públicos se ha incrementado especialmente durante la administración Varela, ya que según las cifras a marzo de 2018 del Ministerio de Economía y Finanzas, cada mes se pagan $113 millones más que en 2014.
Debido a la falta de consenso entre empresarios y trabajadores, el ministerio de Trabajo estableció en 10,4% el aumento para este año, que se aplicará en dos partes, comenzando con un ajuste del 5,2% a partir de Marzo.
Como el sector empresarial y los trabajadores no lograron ponerse de acuerdo para fijar el incremento, la administración Ortega tomó la decisión de establecer el ajuste.
El total desembolsado por el gobierno en pago de sueldos hasta el mes de octubre de 2017 fue de $321 millones, 18% más que al mismo mes de 2016.
Según el informe de la Contraloría General de la República, al mes de octubre de año pasado se registraron un total de 233.111. que se dividen en 209.173 permanentes y 23.938 eventuales. De acuerdo al sector 150.414 corresponden al Gobierno Central y 82.697 al Sector Descentralizado.
Un fondo de ahorro, préstamos para vivienda, gastos de recreación y garantías, becas para los hijos, y servicio de restaurante de los funcionarios de la estatal y monopólica distribuidora de hidrocarburos de Costa Rica, son financiados vía precios que pagan los consumidores, aun los más pobres.
OPINION
Jorge Cobas González
Director fundador de CentralAmericaData.COM
La igualdad de los ciudadanos ante la ley, rasgo definitorio de una democracia, se mantiene en Costa Rica como una formalidad que genera en la práctica riqueza y privilegios para unos, y pobreza y desesperanza para otros.
OPINIÓN - Jorge Cobas González - Director de CentralAmericaData
Unos ciudadanos costarricenses -no pocos- son los que tienen "derechos adquiridos" por pertenecer a alguna de las corporaciones a las que las leyes asignan múltiples privilegios, y otros -inmensa mayoría- los que trabajan para pagarles esos privilegios a los primeros.