Proponen modificar la ley para que se limite a una sola vez, el otorgamiento de la dispensa de la sanción penal cuando se pague el monto de la obligación tributaria defraudada antes de la sentencia de primera instancia o durante la fase de investigación.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentará próximamente un proyecto para modificar el artículo No. 288-J de la Ley No. 70 de enero de 2019, propuesta que es respaldada por el sector empresarial.
La Empresa Nacional de Autopistas podrá constituir sociedades subsidiarias para ejecutar obras de infraestructura vial mediante concesiones administrativas otorgadas por el Estado.
Con la reforma de ley se amplia el ámbito de acción de la Empresa Nacional de Autopistas, S.A., para "comprender la adquisición de participación accionaria en el capital social de sociedades concesionarias del Estado, para la construcción, conservación, mantenimiento, administración, financiación y explotación, por sí, no sólo de carreteras, autopistas, sino también de puentes, vías de acceso y cualquier obra de infraestructura vial."
El presidente Varela señaló como necesario incluir en la ley las compras de medicamentos, entre otras objeciones, y no se refirió a la inhabilitación de empresas con condenas en el extranjero por corrupción.
La principal objeción de diversos grupos sociales a la nueva ley de contrataciones estatales es que no establece la exclusión como proveedores del Estado a empresas condenadas en el exterior por actos de corrupción, y se pedía al presidente Varela que vetara la ley por ese motivo. El presidente vetó 8 de los artículos de la ley, pero no indicó en sus observaciones nada referente a ese tema.
Usuarios de la zona franca requieren otro tipo de medidas adicionales a las propuestas del gobierno que se discuten en la Asamblea, como la reducción del cobro por alquiler.
La iniciativa de Ley que se discute en el Congreso y que busca incrementar la competitividad de la Zona Libre de Colón (ZLC), (aprobada ya en primer debate) no es suficiente para los empresarios. Marco Téllez, presidente de la Asociación de Usuarios (AU), señaló a Prensa.com que “… los usuarios reconocen el esfuerzo del Gobierno por la propuesta ya presentada, pero no es suficiente. No queremos que las empresas ganen dinero, queremos que se queden”.
Modificaciones en contratos "llave en mano" y eliminación de las licitaciones abreviadas son parte de los cambios que incorpora el proyecto de ley enviado a la Asamblea.
El proyecto de ley fue enviado por el gobierno a la Asamblea Nacional, donde deberá ser discutido para su posterior aprobación.
Además de prohibir contratar empresas cuyos representantes hayan cometido delitos contra la administración pública, se propone eliminar precios ocultos en las licitaciones y modificar las fianzas de pago anticipado a las empresas adjudicatarias.
El anteproyecto que reforma la Ley 22 de Contrataciones Públicas fue preparado por el Ministerio de Economía y será presentado al Consejo de Gabinete el 19 de enero, para luego enviarlo para su discusión a la Asamblea Nacional. Una de las novedades que contempla es la eliminación de los precios ocultos en las licitaciones por mejor valor con evaluación separada.
La contrarreforma a la Ley de Contrataciones públicas prohibiría contratar empresas cuyos representantes hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o terrorismo.
Las autoridades panameñas continúan en su proceso de revertir las modificaciones que se hicieron a la Ley 22 de Contrataciones Públicas durante el Gobierno de Ricardo Martinelli, como lo son las “licitaciones abreviadas” o “las contrataciones menores apremiantes”.
El Ministerio de Seguridad prepara un proyecto de ley para regular la actividad de las 183 empresas registradas como proveedoras de servicios de seguridad en el país.
La nueva propuesta toma como base parte de la Ley 56 del 11 de junio de 2010, que fue derogada y el anteproyecto 577 presentado en 2014 por la administración Martinelli y que apenas llegó a segundo debate en la Asamblea Nacional. Con esta nueva propuesta el Ministerio de Seguridad pretende "...corregir algunas irregularidades y ampliar los servicios que prestan estas empresas."
La eliminación de las licitaciones abreviadas forma parte de la búsqueda de mayor transparencia, e implicará mayor tramitología.
La principal gran modificación en la ley es la eliminación de los cambios que se hicieron a la misma durante la administración Martinelli y volver, prácticamente, a la ley con sus características originales. Una de las premisas que la dirección de Contrataciones Públicas asegura estar siguiendo es a favor de la transparencia, de manera que los procesos de contrataciones sean lo más claros y transparentes posible, principalmente en lo que a costos se refiere.
En una reunión con representantes del sector privado, el presidente Varela aseguró que no establecerá nuevos impuestos en los próximos cuatro años.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, se comprometió con el sector empresarial a no ejecutar ninguna reforma al código fiscal en los años que le quedan de administración. Para financiar el Plan Estratégico de Gobierno al 2019, que contempla una inversión de $19 mil millones, aseguró que el Estado generará los recursos necesarios, ya que basta "... con poner la casa en orden y no cometer actos de corrupción."
La Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley que modifica el Código Penal para adecuar las normas legales a los estándares internacionales para la prevención de los delitos de blanqueo de capitales.
Una iniciativa de ley en la Asamblea pretende equiparar el uso del fideicomiso de garantía con las hipotecas de bienes inmuebles para ajustarse a las exigencias del mercado de bienes raíces.
Una iniciativa en la Asamblea Legislativa pretende eliminar las modificaciones que se hicieron a la ley durante la administración Martinelli, que actualmente permite procesos más flexibles, como licitaciones abreviadas.
Desde el 2009, la Ley 22 de 2006 sobre las contrataciones públicas se ha modificado nueve veces, razón por la cual buscan volver "a la base" de la legislación eliminando parte de las modificaciones realizadas.
Una resolución gubernamental establece que si el Estado quiere diferir los pagos al contratista del proyecto, podrá hacerlo 60 días antes de los 90 días de presentación de la gestión de cobro.
Una iniciativa del sector privado panameño busca simplificar la ley, otorgando incentivos a las inversiones por un periodo no menor a 10 años y agilizando la aprobación de licencias de operación.
Otras de las propuestas que contempla esta reforma a la ley, es la creación del Consejo Nacional de Zonas Francas, con el objetivo de que sea el único rector del sector. Además, para mejorar la competitividad de las zonas francas del país, el sector privado y la asociación de zonas francas buscan implementar medidas para competir en mejores condiciones con otras zonas francas de la región en materia de leyes, incentivos, accesibilidad, seguridad jurídica, entre otras.
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