Suspendieron temporalmente el artículo de la ley que en Guatemala facilitaba el acceso a la información bancaria de empresas con una orden judicial a solicitud de las autoridades tributarias.
La decisión fue tomada por la Corte de Constitucionalidad luego de que una empresa presentara un recurso de inconstitucionalidad. Con base en los argumentos planteados, la CC decidió decretar la suspensión provisional del artículo 52, que facultaba a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a solicitar a un juez una orden para levantar el secreto bancario de personas o empresas cuando existiera "... duda razonable sobre los resultados de los procesos o ejecución de los planes de fiscalización selectiva y masiva'." Ver "Guatemala: Rige levantamiento de secreto bancario"
La Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo declaró nulo el contrato de usufructo por 25 años entre la Empresa Portuaria Quetzal y Terminal de Contenedores Quetzal, propiedad de APM Terminals.
"... APM Terminals en un comunicado manifestó: ´Este es un proceso judicial en el cual aún penden recursos, por lo que confiamos en una resolución favorable para la operación de la terminal.
La Corte Constitucional suspendió de forma definitiva la orden del presidente Jimmy Morales de expulsar del país al líder de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
"... Actuar sin el acompañamiento de sus ministros, como ordena la Constitución, incongruencia en las fechas y no utilizar el proceso para resolver controversias establecido en el acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) son las principales razones por las que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó ayer la suspensión definitiva de la expulsión del país de Iván Velásquez, jefe de la Cicig."
La Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente la licencia ambiental otorgada al proyecto hidroeléctrico de 40 MW Rocja Pontilá, ubicado en Cobán, Alta Verapaz.
La resolución de la Corte se fundamenta en un amparo que presentaron miembros de las comunidades del área cercana a la laguna de Lachúa, quienes argumentan que el Ministerio de Ambiente otorgó el permiso para desarrollar el proyecto "de forma anómala".
Los industriales de Guatemala exigen celeridad en la resolución del caso sobre la mina La Puya, de la empresa Exmingua, cuyo permiso de operación fue anulado hace un año por la Corte Suprema de Justicia.
A finales de Junio del año pasado la Corte Suprema de Justicia inhabilitó de forma "definitiva" el permiso de operación de la mina La Puya, otorgado a la empresa Progreso VII Derivadas. Ahora la gremial minera exige a la Corte de Constitucionalidad que se resuelva con mayor rapidez el problema, siendo consecuentes y consistentes con el fallo emitido hacia OXEC y como muestra de igualdad de derechos y respeto a la certeza jurídica de Guatemala.
El sector empresarial cuestiona la decisión de la Corte Constitucional de suspender la operación de dos hidroeléctricas y le exige que tome decisiones con base en criterios legales, priorizando el interés nacional.
Del comunicado de Cacif Guatemala:
28 de febrero 2017. Los eventos que han sucedido en los últimos días han provocado incertidumbre y preocupación en distintos sectores del país, entre ellos el productivo.
Acogen amparo de la empresa Escalas Mercantiles Innovadoras suspendiendo temporalmente el cobro del arancel de 13,8% a la importación de pollo fuera de contingente.
Reseña Elperiodico.com.gt que "... Entre los argumentos aportados por Escalas Mercantiles está que en enero todavía pagaron cero por ciento de arancel. Además, el cambio según lo expuesto vulnera derechos como la libertad de industria, de comercio y de trabajo por publicar un nuevo listado que modificaba los aranceles sin previamente publicar un acuerdo ministerial donde se acordara esas modificaciones."
Con la acción de inconstitucionalidad la gremial de zonas francas pretende que vuelvan a incluirse los 25 sectores que quedaron excluidos de los beneficios fiscales en la nueva ley.
El reglamento de la polémica Ley Emergente para la Conservación del Empleo aún está en proceso de revisión por parte de la Procuraduría General de la Nación, y las autoridades del Ministerio de Economía aeguraron que evaluarán la posibilidad de modificarlo, ya que la ley ya está vigente y solo puede ser revisada por el Congreso.
Corte superior la anuló temporalmente debido a falta de dictamen del Banco de Guatemala y a que el Congreso la aprobó sin la mayoría estipulada por ley.
La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente la Ley de Tarjetas de Crédito, vigente desde el 8 de marzo pasado. Gloria Porras, presidenta de la CC, dijo a Prensalibre.com que uno de los principales vicios fue que el Congreso no aprobó la Ley con mayoría calificada de 105 votos.
En el mismo día de su entrada en vigencia, la gremial de empresarios presentó una acción de inconstitucionalidad en su contra, argumentando que es lesiva para el libre mercado financiero.
Por segunda vez presentaron un recurso para suspender provisionalmente la entrada en vigencia de la ley, volviendo a argumentar que no se siguieron los procesos correspondientes y que su aplicación tendrá efectos negativos sobre el mercado financiero guatemalteco.
La Suprema Corte falló a favor del amparo contra la operación en la mina Progreso VII, Derivada, pero el criterio legal del Ministerio de Energía y Minas es que el proyecto puede continuar operando.
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala había otorgado un amparo provisional a la organización ambientalista Centro de Acción Legal, Social y Ambiental (Calas) para suspender la licencia del proyecto minero Progreso VII, Derivada, ubicado en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo.
El amparo interpuesto contra la ley que establece topes a las tasas de interés que cobran las emisoras de tarjetas fue rechazado por la Corte de Constitucionalidad.
La Corte de Constitucionalidad (CC), rechazó los amparos interpuestos en contra la Ley de Tarjetas de Crédito, presentados en enero por la Asociación de Bancos de Guatemala (ABG), la Asociación de Emisores de Medios de Pago (AEMPG) y el diputado Ronald Arango, informó Republica.com.gt.
Los recursos de inconstitucionalidad presentados por entidades bancarias y la Asociación de Emisores de Medios de Pago podrían postergar la entrada en vigencia de la ley, prevista para marzo de 2015.
Las acciones de inconstitucionalidad argumentan que al momento de aprobar la polémica ley, el congreso no siguió los procesos correspondientes, entre ellos, la solicitud de la opinión de la Junta Monetaria por parte de los diputados.
La Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente la autorización del Poder Ejecutivo de otorgar un salario mínimo diferenciado en cuatro municipios.
Pese a haber sido una medida solicitada por las mismas autoridades municipales para atraer inversión y generar empleo, la Corte de Constitucionalidad decidió suspender temporalmente la autorización que había otorgado el presidente Maldonado.
La capacidad de los Poderes Ejecutivos y Legislativos para conducir efectivamente la economía de sus países está seriamente disminuida por la acción descomedida de los Poderes Judiciales, en especial de las Cortes Constitucionales.
EDITORIAL
Ocurre en Centroamérica pero es un problema que crece en toda Latinoamérica. El legítimo afán de asegurar a todos los ciudadanos la plena vigencia de los derechos que otorga la bienvenida vigencia de la democracia liberal, ha generado una cultura de aceptación de prácticamente todo recurso que se interponga en tribunales contra acciones ejecutivas de gobierno, y también contra leyes formalmente bien aprobadas.
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