El gobierno francés informó que quitó a Guatemala de la lista de países que no colaboran con el intercambio de información fiscal, pero mantuvo a Panamá.
Las autoridades del país europeo informaron que Guatemala salió de la lista debido a que ratificó la convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal del Consejo de Europa y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria terminó la fase de desarrollo informático de la plataforma, en la que se realizarán las gestiones del nuevo Régimen Electrónico para la Devolución del Crédito Fiscal.
Dicho desarrollo informático incluye el registro para los exportadores que deseen adherirse a este nuevo Régimen, así como la implementación del Formulario Electrónico para solicitud de Devolución de Crédito Fiscal Régimen Especial Electrónico (SAT-2251), informó la Agexport.
Desde el 26 de noviembre las autoridades guatemaltecas tienen la facultad de acceder a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, por lo que ahora podrán corroborar que los ingresos bancarios de las empresas coincidan con el pago de sus impuestos.
Luego que el 25 de noviembre fuera publicada en el Diario de Centroamérica la resolución de la Corte de Constitucionalidad, en la cual se declaró sin lugar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Escalas Mercantiles S.A., el cual pretendía impedir a las autoridades el acceso a la información bancaria de las empresas y personas, ha cobrado vigencia la ley que faculta a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para investigar a los contribuyentes.
El Congreso de Guatemala aprobó una iniciativa de ley que contempla la creación de un régimen fiscal especial para la actividad agropecuaria.
A pesar que esta propuesta de ley estuvo envuelta en polémica días atrás, dado que las cámaras de industria y comercio manifestaron su oposición, el Congreso decidió aprobar la iniciativa. Ver proyecto de ley completo.
Derivado de la eliminación del secreto bancario en Guatemala, el sector empresarial anuncia que estará vigilante para que se "respete el debido proceso y la confidencialidad de los contribuyentes".
Un año después de haberse suspendido el acceso a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, a inicios de agosto la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva y revocó la suspensión, por lo que en las próximas semanas comenzarán a regir los cambios.
En Guatemala las cámaras de industria y comercio se oponen a la iniciativa de ley que propone crear un régimen fiscal especial para la actividad agropecuaria.
El proyecto "Ley sobre Simplificación, Actualización e Incorporación Tributaria", que lleva más de dos años en el Congreso de la República, le fue programada su discusión para su redacción final hasta el recién pasado 10 de septiembre.
Las autoridades que asumirán el gobierno en 2020 en Guatemala podrían evaluar opciones para gravar de forma temporal algunos sectores, sin embargo, se correría el riesgo de que estos tributos se conviertan en permanentes.
Especialistas y autoridades opinan que el fallo con el que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala revocó la suspensión que impedía el acceso con fines fiscales a información bancaria de los contribuyentes, podría revertirse con otra acción legal.
En los últimos días el tema ha cobrado mayor relevancia en el país, pues tras un año de estar suspendido el acceso a la información bancaria con fines tributarios, el pasado 6 de agosto la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva, por lo que autoriza a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para que pueda revisar las cuentas de los contribuyentes.
Un año después de haberse suspendido el acceso a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, en Guatemala la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva y revocó la suspensión.
Con la entrada en vigencia del Acuerdo 122-2019 se reglamenta la aplicación del cobro del impuesto específico, la información aduanera correspondiente a las importaciones de cemento o clinker y se permite nombrar personal para fiscalizar los lugares de almacenamiento.
Debido a que el Acuerdo Gubernativo 122-2019 fue publicado en el Diario de Centro América el 25 de Julio de 2019, la normativa ha cobrado vigencia en el país. Ver publicación completa.
En Nicaragua las autoridades informaron que decidieron suspender el cobro de la tarifa adicional de $0,05 por cada kilogramo que se exporte o importe, vía aérea.
El cobro extra entró en vigencia el pasado 25 de abril, pero desde el inicio el sector privado se manifestó en contra, pues se argumentaba que la tarifa que aplicaría el gobierno nicaragüense, pondría al borde del cierre a algunas empresas locales y provocaría una baja de cerca de $50 millones anuales.
Para el sector empresarial guatemalteco están dadas las condiciones para que se facilite la exoneración de multas e intereses pese a ser un año electoral, pero para el gobierno, una amnistía fiscal no será una opción este año.
Ante el problema de la devolución de crédito fiscal que se ha reportado por varios años en Guatemala, empresarios opinan que es viable hacer una amnistía fiscal, pero las autoridades no la consideran, pues argumentan que no es la vía para mejorar los ingresos fiscales.
En su última visita a Guatemala el FMI advirtió que si en el país no se levanta el secreto bancario, se podría menoscabar el cumplimiento "respecto a tratados internacionales de transparencia".
Luego de la última visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Guatemala, el organismo internacional advirtió que revertir la disminución en la recaudación de impuestos pasa por fortalecer el control de los grandes contribuyentes, mejorar el uso de la información tributaria para reducir el incumplimiento, reasignar recursos hacia auditorías basadas en el riesgo, y reconsiderar el levantamiento del secreto bancario a efectos de auditoría tributaria.
Los empresarios centroamericanos aseguran que el impuesto aduanero al transporte de carga en tránsito o con destino final que pretende imponer el gobierno nicaragüense "atenta contra los instrumentos de la integración centroamericana, y se convierte en obstáculo al comercio intrarregional".
Semanas atrás se informó que a partir del 15 de marzo se comenzaría a cobrar el impuesto aduanero, sin embargo, las autoridades no precisaron cual será el monto exigido a los transportistas.
Las autoridades nicaragüenses pretenden imponer a partir del 15 de marzo un impuesto aduanero al transporte de carga que esté en tránsito o con destino final en el país.
La resolución que permitirá realizar el cobro fue firmada el pasado 28 de febrero por el director general de la Dirección General de Servicios Aduaneros de Nicaragua, sin embargo, las autoridades aún no precisan cual será el monto exigido a los transportistas.
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