Desde el 1 de noviembre de 2019 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, el cual promete potenciar las exportaciones del sector agropecuario panameño.
Con la entrada en vigencia de este acuerdo, que fue suscrito en mayo de 2018, tendrá acceso inmediato al mercado israelí productos agrícolas como: carne de bovino congelada y de hamburguesa, aceite de palma, yuca, ron y vinagre. Frutos de mar como lenguado, bonito, cobia, tilapia fresca, y langosta, entre otros. Así como productos industriales como el jabón en polvo y en pasta, cemento y perfiles de aluminio.
Anticipar los efectos del clima sobre los cultivos y mitigar su impacto, es uno de los beneficios que se obtienen al utilizar técnicas de gestión de grandes volúmenes de información.
La industria agrícola no es ajena a la nueva realidad enfocada en el análisis de grandes volúmenes de información y toma de decisiones de negocios basadas en datos.
En Panamá el presidente Cortizo sancionó la Ley que establece que a partir del año 2024, el 100% de los recursos retenidos por el Fondo Especial de Compensación de Intereses, pasarán al sector agropecuario.
En Panamá planean presentar una iniciativa de ley para convertir a las provincias de Los Santos y Herrera, en una Zona Económica Especial, la cual ofrecerá incentivos fiscales y laborales a empresas del sector agrícola que decidan invertir en el lugar.
El diputado Julio Mendoza, del Partido Revolucionario Democrático, anunció que presentará en las próximas semanas un proyecto de ley ante la Asamblea, para crear la Zona Económica Especial de Azuero.
Desde el 1 de octubre los productores y proveedores costarricenses del sector agrícola y pesquero, cuentan con un régimen especial para declarar y pagar el IVA, que contempla que los productores de café, caña y los apicultores harán una declaración anual.
El nuevo Régimen Especial Agropecuario (REA) no cambia las obligaciones fiscales, pero sí permite adecuarlas a las particularidades de los procesos productivos, de manera tal que se facilite su cumplimiento, informaron las autoridades.
La Cámara de Comercio de Guatemala se opone al esquema fiscal especial para la actividad agropecuaria aprobado por el Congreso, argumentando que es inconstitucional y que viola los principios de equidad tributaria.
El nuevo régimen fiscal para el agro, aprobado el pasado 24 de septiembre por los diputados del Congreso de la República, ha estado rodeado de polémica, pues desde un inicio las cámaras de industria y comercio manifestaron su oposición. Verproyecto de ley completo.
El Congreso de Guatemala aprobó una iniciativa de ley que contempla la creación de un régimen fiscal especial para la actividad agropecuaria.
A pesar que esta propuesta de ley estuvo envuelta en polémica días atrás, dado que las cámaras de industria y comercio manifestaron su oposición, el Congreso decidió aprobar la iniciativa. Ver proyecto de ley completo.
El arancel promedio aplicado a la importación de productos agropecuarios en Costa Rica es del 14,1%, mientras que para las mercancías industriales importadas, el gravamen es de 5,6%.
El Examen de Políticas Comerciales de Costa Rica, preparado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), precisa que los embutidos y productos similares, son algunas de las importaciones a las que se les ha impuesto los aranceles más altos.
En Guatemala las cámaras de industria y comercio se oponen a la iniciativa de ley que propone crear un régimen fiscal especial para la actividad agropecuaria.
El proyecto "Ley sobre Simplificación, Actualización e Incorporación Tributaria", que lleva más de dos años en el Congreso de la República, le fue programada su discusión para su redacción final hasta el recién pasado 10 de septiembre.
Debido a que el área de tierra usurpada en Guatemala ha crecido desde alrededor de 10 mil hectáreas en la década de los noventa, hasta 164 mil en 2018, las pérdidas en la producción agrícola ocasionadas por este fenómeno ascendieron a cerca de $650 millones el año pasado.
La Cámara del Agro (Camagro) estima que sólo en 2018, las invasiones a la propiedad privada, principalmente a fincas de producción agrícola, generaron un impacto negativo equivalente al 0,6% del Producto Interno Bruto.
El 2 de septiembre inició en Costa Rica el registro de personas y empresas productoras agropecuarias que deseen optar por los beneficios contemplados en la nueva normativa fiscal.
El plazo comenzó este lunes 2 de Setiembre y concluye el 31 de Enero de 2020, y para la inscripción los interesados deberán presentar su cédula física o jurídica, y la certificación literal de la propiedad, informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
El gobierno anunció que en los próximos días prevé realizar los pagos pendientes por $14 millones a productores de granos básicos y leche Grado C, y también que se invertirán unos $25 millones en programas del sector.
En arroz se estará desembolsando $9,7 millones con los que se beneficiaran 143 productores, en leche grado C más de 2.000 productores recibirán $1,2 millones, en maíz unos 194 productores $1,8 millones, así mismo en préstamos blandos se pagarán 2,6 millones de balboas a 136 productores de maíz, frijol, palma, pesca, sandía, melón y arroz, informó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.
En Panamá décadas atrás la producción del sector llegó a representar el 25% del PIB, sin embargo, en la actualidad esa proporción apenas llega al 2%, lo que se atribuye al aumento de las importaciones de alimentos y baja productividad de los suelos, entre otros factores.
Hace varios años que los productores agropecuarios panameños vienen reportando dificultades en su actividad. Esta situación se refleja en la caída del aporte que realiza este sector al Producto Interno Bruto (PIB), que cayó desde 25% en 1970, hasta 1,9% en el año 2018.
La reciente reforma fiscal, los cambios en las cargas sociales en Nicaragua y los bajos precios internacionales están afectando la competitividad del sector.
A finales de febrero de 2019, en medio de la crisis política y económica en la que se encuentra el país, la Asamblea Nacional aprobó una reforma tributaria que eleva de 1% a 3% el impuesto sobre la renta de los grandes contribuyentes.
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