A raíz de la aprobación del marco jurídico que en El Salvador reconoce al Bitcoin como una moneda de curso legal, se teme que la falta de transparencia en el uso de esta criptomoneda represente un riesgo de lavado de dinero.
Luego que en Nicaragua la Asamblea aprobara un proyecto de ley que obliga a los bancos locales a que permitan a los funcionarios públicos sancionados por la OFAC a tener una cuenta, existe temor de que el país sea aislado del sistema financiero internacional.
Un comunicado de la Asamblea Nacional difundido el 3 de febrero explica que los diputados aprobaron la Iniciativa de Ley de Reforma y Adición a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, proyecto legislativo que garantiza una mejor y mayor protección de los derechos de los consumidores y usuarios en el acceso a los bienes y servicios como un derecho humano reconocido por el Estado nicaragüense.
La Comisión Europea anunció que los dos países centroamericanos forman parte del listado de naciones con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panamá y Zimbabue, son los países incluidos en el listado, informó la Comisión Europea.
La Asamblea de Panamá aprobó en tercer debate el proyecto de ley que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas.
El documento en su capítulo II, sobre Registro de Agentes Residentes, establece que todo abogado o firma de abogados, que presten sus servicios profesionales como agente residente para una o más personas jurídicas, constituidas o registradas en el país, deberán registrarse y mantener vigente su registro ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros, informó la Asamblea Legislativa.
Argumentando que el país no implementó en el plazo acordado las reformas a las que se había comprometido, la Unión Europea decidió incluirlo nuevamente en su listado de territorios no cooperantes en materia fiscal.
El Senado avaló en segunda lectura el proyecto de extinción de dominio, que servirá para que el Estado se apodere de propiedades originadas o vinculadas a la violación de leyes penales y los bienes utilizados o que guarden vínculos con actividades delictivas.
Esta pieza legislativa reglamenta el procedimiento para los juicios de extinción de dominio previstos en el artículo 51, numeral 6 de la Constitución de la República Dominicana, que dispone que la “Ley establecerá el régimen de administración de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico”, informó el Senado.
El país centroamericano fue excluido de la lista que elabora Rusia de naciones que no intercambian información con fines fiscales, en la que figuraba desde 2016.
El anuncio de confirmación lo dio el vicecanciller ruso, Sergei Riabkov, durante la presentación de las credenciales del nuevo embajador de Panamá ante la Federación de Rusia, Efraín Villarreal, informó la Cancillería de panameña.
El gobierno francés informó que quitó a Guatemala de la lista de países que no colaboran con el intercambio de información fiscal, pero mantuvo a Panamá.
Las autoridades del país europeo informaron que Guatemala salió de la lista debido a que ratificó la convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal del Consejo de Europa y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En Panamá la Superintendencia de Bancos asegura que como resultado de los cambios que se han hecho para cumplir con las exigencias del GAFI, se han recuperado 93 corresponsalías bancarias.
Desde que las autoridades en Panamá comenzaron a realizar los cambios que exigía el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en los procesos regulatorios, los resultados han comenzado a verse, ya que varios bancos extranjeros habrían manifestado interés en volver a la plaza financiera panameña.
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros, y ahora la propuesta sólo espera el visto bueno del Ejecutivo.
El proyecto de ley, que fue enviado por el Órgano Ejecutivo para ser analizado en las sesiones extraordinarias y que busca establecer la competencia privativa para regular y supervisar en la vía administrativa a los sujetos obligados no financieros con la intención de prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, ya superó el trámite en la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en segundo debate el proyecto de ley, por medio del cual se pretende crear la Superintendencia de Sujetos No Financieros.
Este proyecto legislativo, enviado por el Órgano Ejecutivo para ser analizado en las sesiones extraordinarias, busca establecer la competencia privativa para regular y supervisar en la vía administrativa a los sujetos obligados no financieros con la intención de prevenir el blanqueo de capitales, el financimiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, informó la Asamblea Nacional.
Se firmó un acuerdo para crear un grupo de trabajo sobre cooperación en transparencia fiscal y financiera, con el objetivo d sacar a Panamá de la lista francesa de países no cooperadores en materia fiscal.
El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá informó que el grupo de trabajo contribuirá al fortalecimiento de la cooperación, a mejorar el intercambio de información de carácter fiscal, promover la transparencia financiera y la lucha contra el lavado de dinero, enfocándose en buscar mecanismos y prácticas más eficientes para el intercambio de información para fines fiscales, dentro del marco de lo establecido en los convenios tributarios vigentes entre las partes, incluyendo todos los aspectos del proceso, desde la elaboración y envío, hasta la recepción y respuesta de las solicitudes de intercambio de información.
Luego que el país fuera incluido nuevamente en la lista gris de la GAFI, el sector privado opina que las inversiones serán ahuyentadas y el crecimiento económico enfrentará múltiples obstáculos.
Luego que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) decidiera incluir al país en la lista de naciones que necesitan ser supervisadas en el proceso de implementación de medidas para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, empresarios de distintos sectores prevén que los efectos serán negativos para la economía local.
El sector empresarial panameño asegura que los esfuerzos y resultados que se han logrado en tan poco tiempo no han sido reconocidos por la GAFI, que decidió volver a incluir al país en su lista gris.
Aunque a inicios de año en el país se encaminaron esfuerzos por mejorar los controles en relación a la evasión fiscal, como fue el caso de la aprobación por la Asamblea Nacional el proyecto de ley que tipifica como delito la evasión fiscal, cuando el monto defraudado en un periodo fiscal de un año sea igual o superior a los $300 mil, no fue suficiente para que el país regresara a la lista gris de la GAFI.
Se presentará ante el Congreso de la República de Guatemala una iniciativa de ley que pretende obligar a contadores públicos, auditores, abogados y notarios, a reportar sus transacciones.
El proyecto de Ley que busca ampliar los alcances de las personas obligadas sujetas a control del lavado de dinero, y que será presentado por la Superintendencia de Bancos (SIB), va dirigido principalmente a los profesionales como personas individuales, pero también incluirá empresas inmobiliarias, agencias de vehículos y casinos.
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