Después que en Costa Rica concluyera el diálogo multisectorial, las principales calificadoras de riesgo coinciden en que debido a que los acuerdos suscritos para reducir el déficit son insuficientes, el gobierno deberá ejecutar de forma oportuna sus políticas fiscales.
Aunque la situación fiscal de Costa Rica ya era precaria desde antes que comenzara la crisis sanitaria y económica que provocó el brote de covid19, el escenario comenzó a empeorar desde marzo de este año.
El gobierno costarricense se enfrenta a un complejo escenario, pues al no lograr consensos para acceder a préstamos internacionales, se verá obligado a buscar fuentes de financiamiento internas, lo que presionaría al alza el tipo de cambio y las tasas de interés.
La crisis económica que atraviesa el país a causa del brote de covid19 terminó por agudizar la situación fiscal del país.
Después de que la administración Alvarado decidiera dar marcha atrás a la propuesta para negociar un préstamo de $1.750 millones con el FMI, se pronostica que el próximo año el gobierno dependerá de la deuda interna para financiar sus gastos.
En este contexto regional de crisis económica, caída en los ingresos fiscales y aumento del endeudamiento público, se prevé que en 2021 el nivel de deuda de Costa Rica escalará a 75% como porcentaje de su PIB, y en el caso de El Salvador, el indicador podría superar el 85%.
El brote de covid19 en Centroamérica obligó a los gobierno a declarar severas cuarentenas domiciliares y a restringir varias actividades económicas, restricciones que en algunos casos aún se mantienen, después de cinco meses de crisis sanitaria y económica.
Para la calificadora Moody's, la respuesta del gobierno costarricense a la crisis del covid19 presionará de forma negativa el perfil fiscal del país.
De acuerdo al análisis de la calificadora las medidas incluyen una moratoria de tres meses sobre los pagos de impuestos, una reducción gradual de contribuciones de beneficios sociales corporativos y líneas de crédito extendidas a las empresas más afectado por la recesión económica.
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en segundo debate el proyecto de Ley que extiende el período de amnistía tributaria hasta el 30 de junio de 2020.
La iniciativa propone que se reconozca hasta el 85% de la totalidad de los intereses, recargas y multas si el pago se realiza posterior al 29 de febrero de 2020 hasta el 30 de junio del mismo año, a fin de que los contribuyentes procedan a realizar sus pagos o abonos correspondientes.
Debido a que las autoridades nicaragüenses confirmaron que en 2020 volverán a revisar la Ley de Concertación Tributaria, el sector empresarial pide que se corrijan varias medidas que han descapitalizado a las compañías que operan en el país.
El 27 de febrero de 2019 fue aprobada la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, que consistió en subir de 1% a 2% el impuesto sobre la renta para las empresas medianas de mayor renta, y para los grandes contribuyentes de 1% a 3%.
Para que los intereses, multas o recargos sean condonados al 100%, los contribuyentes tienen hasta el 30 de noviembre de 2019 para pagar los impuestos que tengan atrasados.
La Asamblea Nacional aprobó el 26 de septiembre el proyecto de Ley 78 de 2019, la cual tiene como objetivo exonerar de intereses, recargos y multas de tributos morosos y adeudados por los contribuyentes.
La Cámara de Comercio de Guatemala se opone al esquema fiscal especial para la actividad agropecuaria aprobado por el Congreso, argumentando que es inconstitucional y que viola los principios de equidad tributaria.
El nuevo régimen fiscal para el agro, aprobado el pasado 24 de septiembre por los diputados del Congreso de la República, ha estado rodeado de polémica, pues desde un inicio las cámaras de industria y comercio manifestaron su oposición. Verproyecto de ley completo.
El Congreso de Guatemala aprobó una iniciativa de ley que contempla la creación de un régimen fiscal especial para la actividad agropecuaria.
A pesar que esta propuesta de ley estuvo envuelta en polémica días atrás, dado que las cámaras de industria y comercio manifestaron su oposición, el Congreso decidió aprobar la iniciativa. Ver proyecto de ley completo.
En Guatemala las cámaras de industria y comercio se oponen a la iniciativa de ley que propone crear un régimen fiscal especial para la actividad agropecuaria.
El proyecto "Ley sobre Simplificación, Actualización e Incorporación Tributaria", que lleva más de dos años en el Congreso de la República, le fue programada su discusión para su redacción final hasta el recién pasado 10 de septiembre.
En Nicaragua se eliminó la exención fiscal que beneficiaba la importación de productos como sardina en lata, sopas preparadas, jabón de tocador, guantes de caucho, entro otros.
Con este cambio, a los productos en cuestión se les aplicará el Derecho Arancelario a la Importación (DAI), que es un impuesto contenido en el Arancel Centroamericano de Importaciones y se aplica a productos provenientes de países fuera de la región centroamericana, sobre el valor de las mismas, los tributos tienen tasas variables que pueden oscilar entre 5% y 15%.
Aunque Costa Rica y Nicaragua aprobaron este año sendas reformas fiscales, se pronostica que no se alcanzarán los resultados esperados en materia de recaudación de impuestos.
El documento "Centroamérica: análisis sintético, por país, del desempeño de la recaudación tributaria en 2019", elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explica que, en el caso de Costa Rica y Nicaragua, los resultados esperados en términos de mejora en la recaudación, aún están entredicho.
Argumentando que la economía reporta un crecimiento estable, y que se ha hecho un manejo prudente de la política monetaria y fiscal, la agencia decidió mantener en Ba1, con perspectiva estable, la nota crediticia del país.
El bajo déficit fiscal debido a estrictos controles al gasto público y reducidos índices de endeudamiento público, así como de una demostrada resiliencia económica a eventos extraeconómicos, son otros de los argumentos de Moody's.
En Costa Rica las modificaciones de los tramos para el impuesto al salario establece que las rentas de hasta $1.394 estarán libres del cobro del gravamen, y las que excedan de $1.394 y hasta $2.046, pagarán 10%.
El Ministerio de Hacienda publicó el pasado 25 de junio, en La Gaceta, los nuevos tramos del impuesto sobre la renta que se aplicarán sobre los salarios entre el 1.° de julio al 30 de setiembre del 2019.
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