En Costa Rica el Ministerio de Hacienda aclaró que no ha presentado, ni presentará ningún proyecto de ley, para el cobro de nuevos impuestos en SINPE, es decir, que en el caso de los movimientos de dinero y envíos de remesas que se realizan en la plataforma no se aplicará el cobro del IVA ni de ningún otro impuesto.
El Ministerio de Hacienda informó el 16 de junio que el cobro del IVA a quienes utilicen el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE) como medio de pago, aplicará únicamente, sobre las compras de bienes y servicios gravadas con dicho impuesto, es decir, en SINPE deben pagar IVA las transacciones que pagarían IVA fuera de SINPE.
Con el objetivo de brindar seguridad jurídica en materia tributaria a las empresas que tienen transacciones con empresas vinculadas, en Costa Rica la Dirección General de Tributación emitió una resolución sobre pautas a seguir para la suscripción de Acuerdos de Precios por Anticipado.
El precio de transferencia es el que pactan dichas empresas para prestarse bienes y servicios o para traspasar derechos entre ellas, los cuales, conforme a la Ley de Impuesto sobre la Renta, se deben valorar a precios de mercado, como si se tratara de operaciones entre partes independientes.
Después que en Costa Rica el alcalde de Alajuela presentara una acción de inconstitucionalidad para revertir la interpretación auténtica aprobada por los diputados para el pago de impuestos sobre bienes inmuebles que aplica a las zonas francas, la Sala falló negativamente al recurso legal presentado.
Los magistrados determinaron que los alegatos presentados el 16 de marzo de 2021 por Humberto Soto, alcalde del municipio de Alajuela, eran incorrectos y el recurso fue rechazado.
Luego que en Costa Rica el alcalde de Alajuela presentara una acción de inconstitucionalidad para revertir la exoneración del pago de impuestos sobre bienes inmuebles que aplica para las zonas francas, el sector empresarial opina que se está atentando contra la seguridad jurídica.
El 16 de marzo de 2021 Humberto Soto, alcalde del municipio de Alajuela, presentó una acción de inconstitucionalidad.
Con la presentación ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica de un nuevo texto del proyecto de renta global dual, la administración Alvarado pretende garantizar las exoneraciones fiscales de las que ya se benefician las empresas que operan en el régimen de zonas francas.
El proyecto de renta global dual que fue enviado el pasado 22 de enero a la Asamblea creo confusión entre los diputados.
A partir del 1 de enero de 2021, los propietarios de viviendas cuyo valor de construcción supere el equivalente a los $217 mil, deberán pagar el impuesto conocido como de "casas de lujo".
La modificación del monto mínimo fue comunicado a través del decreto ejecutivo que fue publicado el 22 de diciembre en el diario La Gaceta. Con estos cambios, entre 2019 y 2020 se elevó de $213.751 a $217.015, el valor mínimo de los inmuebles que son objeto de este gravamen.
La Asamblea Legislativa se prepara para conocer en primer debate, un proyecto de ley cuyo objetivo es eximir a las sociedades inactivas de la obligación de realizar una declaración del impuesto de la renta.
El expediente de esta propuesta legislativa es el número 22.307 y fue presentado por el diputado Pablo Heriberto Abarca. La iniciativa se discutirá en la Asamblea, a pesar de la oposición del Ministerio de Hacienda.
Por primera vez los Tribunales de Justicia del país condenaron a seis personas a 10 años de prisión por defraudación de impuestos a la Hacienda Pública, sentencia que corresponde al caso de una empresa importadora de ropa que defraudó por un monto superior a los $575 mil.
Carlos Vargas, director general de Tributación, indicó que durante 16 años el contribuyente que fue condenado utilizó todas las garantías procesales hasta la última instancia.
En este escenario de crisis económica, caída de la recaudación fiscal y necesidad de financiar programas de reactivación, en Guatemala y Costa Rica ya se propone aumentar los impuestos actuales y crear nuevos.
Las autoridades guatemaltecas ya comienzan a discutir la política fiscal que aplicarán en 2021, año en que la economía deberá afrontar los efectos de la crisis económica que ha generado el brote de covid19.
Para acceder al crédito de $1.750 millones que pretende solicitar al FMI, el gobierno de Costa Rica propone gravar las transacciones financieras, aumentar el impuesto a las utilidades de empresas y personas, e incrementar el impuesto a los bienes inmuebles.
La tarde del 17 de septiembre y en el contexto de una severa crisis económica que ya venía gestándose desde antes del inicio de la pandemia, la administración Alvarado presentó el plan con el que pretende mitigar el impacto fiscal que tuvo la crisis del covid19, propuesta para negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un crédito de $1.750 millones.
En Costa Rica la administración Alvarado estaría considerando crear un impuesto sobre cada transacción que una persona o empresa realice a través de una entidad financiera, gravamen que desincentivará el ahorro y motivará a las personas a usar dinero en efectivo.
Para negociar un crédito de mediano y largo plazo con el Fondo Monetario Internacional, las autoridades costarricenses estarían planeando diseñar y crear un nuevo tributo, que consiste en que cada persona pague un impuesto de ¢3 por cada ¢1.000 en las transacciones que realice a través de un banco, financiera, mutual, puesto de bolsa o alguna otra entidad financiera.
Con el objetivo de gravar el monto total de las utilidades de personas físicas o jurídicas domiciliadas en Costa Rica, sin importar el lugar donde sean generadas sus ganancias, se presentó ante la Asamblea un proyecto que busca modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Actualmente en Costa Rica se aplica un sistema de renta territorial, que consiste en gravar las ganancias producidas exclusivamente a nivel local.
A partir del 28 de agosto el Ministerio de Hacienda de Costa Rica puso a disposición de los contribuyentes, una plataforma virtual tiene aproximadamente 40 funcionalidades relacionadas con control extensivo, recaudación, valoraciones y fiscalización.
La nueva herramienta llamada "Trámite Virtual" y a la que se puede acceder desde cualquier dispositivo, funciona como instrumento de acompañamiento para los contribuyentes que requieren estar al día con las normas tributarias, informó el Ministerio de Hacienda (MH).
La contracción económica nacional y el efecto de la moratoria tributaria establecida en la Ley 9830, provocaron en los primeros cinco meses de 2020 una caída de 6,1% en la recaudación tributaria.
El mayor impacto en los ingresos tributarios se observó en los siguientes rubros: aduanas, por la caída de las importaciones ante la desaceleración de la actividad económica, renta, por la disminución en el ingreso por el impuesto a las personas jurídicas y remesas del exterior, y “otros ingresos tributarios”, en especial por el comportamiento del impuesto único a los combustibles y la caída en los derechos de salida del territorio, informó el Banco Central.
En medio de una severa crisis económica, las autoridades de Costa Rica avalaron que se comience a gravar con el 1% de IVA varios alimentos de la canasta básica, y un 4% a ciertas actividades turísticas y servicios de construcción.
Antes del surgimiento de la pandemia la economía costarricense ya estaba en mal estado, y el impacto del brote de covid-19 terminó de golpearla de la peor forma, lo que se evidencia en el desempeño de la actividad productiva.