Para el primer trimestre del 2022 se observa un incremento de minerales metalíferos en Centroamérica del 11% en valor es $744 millones, equivalente en 1.061.533 toneladas, siendo el principal destino China con $279 millones acaparando un 37%.
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En el tercer trimestre del 2021 el volumen vendido de minerales metalíferos en la región centroamericana alcanzó 2.731.659 Toneladas con un valor de $2.176 millones, siendo Panamá el principal exportador con $2.032 con principal destino hacia China.
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En Guatemala durante la segunda reunión de pre consulta, fue aceptado el equipo y la metodología propuesta para realizar el Estudio del Impacto Cultural y Espiritual del derecho minero “Escobal” en el Pueblo Xinka.
Derivado de una acción de amparo interpuesta por la organización ambientalista Calas, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó en septiembre de 2018, realizar por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), una consulta comunitaria en el área de operaciones de la mina, en El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.
En el contexto del proceso de la reanudación de las operaciones de la Mina San Rafael, se realizó la primera reunión de pre consulta y se acordó realizar un estudio del impacto espiritual y cultural del derecho minero sobre el pueblo indígena Xinka.
A raíz de una acción de amparo interpuesta por la organización ambientalista Calas, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó en septiembre de 2018, realizar por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), una consulta comunitaria en el área de operaciones de la mina, en El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.
Durante 2020 las importaciones de aluminio y sus manufacturas en Centroamérica sumaron $480 millones, 19% menos que lo reportado en 2019, caída que se explica por la merma de las compras de todos los mercados de la región.
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Después que se ordenara realizar una consulta comunitaria como requisito para la reanudación de operaciones de la Mina San Rafael, en Guatemala, las autoridades convocaron a nueve instituciones para que participen en la primera reunión de la mesa de pre consulta.
Derivado de una acción de amparo interpuesta por la organización ambientalista Calas, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó en septiembre de 2018, realizar por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), una consulta comunitaria en el área de operaciones de la mina, en El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.
En línea con el fallo de la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio de Energía y Minas decidió suspender de forma temporal el derecho de la minera Fenix, que se ubica en El Estor, departamento de Izabal.
Después de que la Corte de Constitucionalidad decidiera mantener suspendido el proyecto "Extracción Minera Fénix”, el sector privado pide a las autoridades que se inicie lo más pronto posible el proceso de consulta comunitaria, de forma objetiva y transparente.
Las operaciones de la mina ubicada en el departamento de Izabal fueron suspendidas desde julio de 2019 a raíz de un recurso legal que presentó un grupo de vecinos, quienes argumentaban que no se agotó el proceso de consulta comunitaria para la operación del proyecto minero.
La Corte de Constitucionalidad decidió mantener suspendido el proyecto "Extracción Minera Fénix”, ubicado en el departamento de Izabal, y ordenó realizar dentro del plazo de 18 meses el proceso de consulta comunitaria.
La Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala no aprobó la decisión la junta licitadora en el proceso que terminó con la adjudicación del contrato para suministrar 2,4 millones de placas metálicas de circulación para vehículos terrestres.
Tönnjes Card International, S.A. fue la empresa ganadora de la licitación para suministrar en Guatemala 2,4 millones de placas metálicas de circulación para vehículos terrestres.
Las ofertas presentadas en este concurso público fueron las de Tönnjes Card International, S.A. que ascendió a $9,86 millones y la de GSI Guatemala, S.A. que fue por $9,76 millones.
La Compañía Guatemalteca de Níquel anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para pedir medidas cautelares en respuesta a la decisión de las autoridades locales de suspender las operaciones de la mina Fénix, en Izabal.
Reportan la suspensión temporal de la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix, operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel, en el departamento de Izabal.
Luego de que un grupo de vecinos reclamara ante la Corte Suprema de Justicia que para el proyecto minero en cuestión, no se agotó el proceso de consulta comunitaria, en febrero de este año se otorgó un amparo a favor de los demandantes, pero no se suspendió las operaciones de la empresa.
Fue conformado el panel arbitral que conocerá la demanda en contra del Estado de Guatemala, que fue presentada por la suspensión de las operaciones de la mina El Tambor, ubicada en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
Luego que la demanda de arbitraje fuera planteada por los estadounidenses Daniel W. Kappes, Kappes, Cassidy & Associates, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el 11 de diciembre de 2018, el organismo anunció que fue conformado el panel.
Pese a que en Guatemala el derecho de operación de la mina El Escobal fue otorgado en ley, el proyecto cumple dos años de estar paralizado, situación que hace inviable futuras inversiones en el país.
Los inconvenientes para las operaciones de Minera San Rafael datan de 2017, cuando en mayo de ese año el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) presentó una acción de amparo, en la que argumentaban que el Ministerio de Energía y Minas no había realizado las consultas comunitarias necesarias antes de autorizar las licencias.
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