Para el primer trimestre del 2022 creció la importación de alambre de cobre en la región centroamericana, al llegar a $50 millones equivalente a 4 mil 941 toneladas, siendo España el principal proveedor.
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Después que se ordenara realizar una consulta comunitaria como requisito para la reanudación de operaciones de la Mina San Rafael, en Guatemala, las autoridades convocaron a nueve instituciones para que participen en la primera reunión de la mesa de pre consulta.
Derivado de una acción de amparo interpuesta por la organización ambientalista Calas, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó en septiembre de 2018, realizar por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), una consulta comunitaria en el área de operaciones de la mina, en El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.
Durante los primeros nueve meses de 2018 los países de la región realizaron compras al exterior de alambre de cobre por $79 millones, 36% más que lo reportado en igual período de 2017.
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Durante el primer semestre del año los países de la región realizaron compras al exterior de alambre de cobre por $56 millones, 34% más que lo reportado en igual período de 2017.
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Durante el primer trimestre del año los países de Centroamérica destinaron $28 millones a la compra de alambre de cobre en el exterior, 38% más que lo reportado en igual período de 2017.
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Entre enero y noviembre de 2017 los países de la región importaron alambre de cobre por $58 millones, y el 88% fue adquirido por empresas en Costa Rica.
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Entre 2015 y 2016 el volumen total importado de alambre de cobre en Centroamérica aumentó 9%, pasando de 16 mil toneladas a 18 mil toneladas.
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EL Salvador y Costa Rica dicen NO. Panamá y Nicaragua dicen SI. En Guatemala y Honduras se esperan decisiones.
Los precios del cobre y del oro están en alza, y los proyectos para su extracción del subsuelo centroamericano disponen de inversionistas ansiosos por poner su dinero en ellos.
Pero los gobiernos de los países del istmo tienen diferentes criterios en el tema, y mientras en Nicaragua y Panamá los proyectos mineros reciben el visto bueno e incluso son inaugurados por las mismas autoridades, en Costa Rica y El Salvador se decretan moratorias formales o informales deteniendo la adjudicación de concesiones mineras, atendiendo la presión de los grupos ambientalistas. Por su parte, en Guatemala y Honduras las autorizaciones de nuevos proyectos están pendientes a la espera de leyes y reglamentaciones que endurecen las reglas ambientales que se deben acatar al extraer y procesar los metales.
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