Con el objetivo de evitar el tráfico de drogas, desde el 8 de febrero la Dirección General de Aduanas de Costa Rica definió que todos los contenedores que transporten piña fresca, orgánica y subproductos de esta fruta serán escaneados por el Operador Portuario APM Terminals Moín.
Piña seca, congelada, conservas confitadas, compotas, jaleas, mermeladas, puré o pasta de piña, jugos, concentrados y pasteurizados, son los subproductos que también serán objeto de estas revisiones.
El Senado avaló en segunda lectura el proyecto de extinción de dominio, que servirá para que el Estado se apodere de propiedades originadas o vinculadas a la violación de leyes penales y los bienes utilizados o que guarden vínculos con actividades delictivas.
Esta pieza legislativa reglamenta el procedimiento para los juicios de extinción de dominio previstos en el artículo 51, numeral 6 de la Constitución de la República Dominicana, que dispone que la “Ley establecerá el régimen de administración de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico”, informó el Senado.
El proyecto de ley que se discute en Costa Rica en esencia busca extinguir los activos del crimen organizado, pero hay quienes aseguran que tal como está planteado, pone en riesgo la presunción de inocencia de los individuos.
La extinción de dominio es un concepto que en la práctica refiere a incautar o decomisar bienes ligados a actividades delictivas, para luego trasladarlos a favor del Estado.
Una actividad que a Costa Rica le genera cerca de $1.000 millones anuales en exportación se ve seriamente amenazada por la infiltración del narcotráfico, que aprovecha los huecos que deja el gobierno al no tener un adecuado sistema de revisión de contenedores y registro de exportadores.
El más reciente decomiso de 45 kilos de droga que llegó a Estados Unidos en el fondo corrugado de 20 cajas de cartón de piñas provenientes de San Carlos despertó otra vez las alertas en el sector exportador, que hasta el cansancio ha reclamado a las autoridades la necesidad de volver al sistema de revisión "in situ" de la carga, que se realizaba antes y dejó de hacerse durante la administración Solís.
Para los empresarios de Guatemala, el país se ha convertido en un centro de conexiones para la mercadería que trasiega ilegalmente desde la Zona Libre de Colón, en Panamá, hasta la de Corozal, en Belice.
En el ir y venir de productos de contrabando desde el sur de Centroamérica en la ruta hacia México, una parte importante se queda en Guatemala, donde estructuras delictivas se encargan de "comercializar" esos productos a lo largo y ancho del territorio.
El gobierno de España habría incluido a Costa Rica en la lista de países desde donde proviene la mayor cantidad de droga que ingresa al continente europeo a través de los puertos españoles.
Brasil, Chile, Panamá, Perú, Colombia y Ecuador también fueron incluidos en la lista preparada por el Ministerio del Interior español, según reportó Crhoy.com.
El último descubrimiento de droga en un contenedor de palmito costarricense que tenía como destino Europa, vuelve a poner sobre la mesa el problema de la falta de controles en las aduanas.
El problema radica, además, en que las diferentes autoridades se contradicen a la hora de explicar quién y de qué forma deben realizarse los procesos de revisión de los contenedores que ingresan y salen del país.
El mercado inmobiliario, los casinos, el negocio de conciertos, y hasta el sector ganadero son usados para blanquear capitales en los países centroamericanos.
Extraído del reporte "International Narcotics Control Strategy Report, Volume II, Money Laundering and Financial Crimes" del Departamento de Estado de EE.UU:
Costa Rica Las organizaciones criminales transnacionales continúan favoreciendo a Costa Rica como base para cometer crímenes financieros debido a su ubicación y limitadas capacidades de aplicación. El gobierno de Costa Rica ha intentado fortalecer el marco legal para la supervisión y ejecución; sin embargo, aún quedan retos para mitigar los riesgos de lavado de dinero. Costa Rica es un punto de tránsito que también se utiliza cada vez más como base de operaciones para el narcotráfico; Y sigue habiendo un importante lavado de fondos procedentes de actividades ilícitas. Costa Rica debe seguir cerrando brechas legislativas en delitos financieros y asignar recursos para investigación y procesamiento.
Gafilat señala como tareas pendientes la actualización en materia de financiamiento al terrorismo, el control de los casinos y la inclusión de abogados en la categoría Personas Obligadas.
El dictamen lo hizo elGrupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que divulgó el Informe de Evaluación Mutua, a la fecha de la visita in situ realizada entre el 23 de noviembre y el 4 de diciembre de 2015.
A los factores que ya deterioran la competitividad del sector exportador se suman el incremento en los robos de mercadería en carreteras del país y la infiltración del narcotráfico en las exportaciones.
La Cámara Nacional de Transportistas de Carga (Canatrac), reporta que los asaltos a camiones de carga en carreteras del país han aumentado desde 2012. En ese entonces "...se cometieron en promedio 12 asaltos al año, mientras que la cifra subió a 20 en los últimos años'."
Más droga detectada en carga procedente de Costa Rica señala como imperioso mejorar los controles e implementar el uso de escáneres en los puertos de exportación.
¿Cuánta droga deben detectar en cargas de exportación comerciales para que las autoridades en Costa Rica pongan en funcionamiento los escáneres donados por el gobierno chino ocho años atrás?
En una fábrica de Coca Cola en Francia encontraron 370 kilos de cocaína escondidos en un cargamento de jugo de naranja procedente de Costa Rica.
El suceso vuelve a poner en discusión en Costa Rica el tema de la implementación de controles para evitar que las cargas de exportación sean utilizadas para el trasiego de drogas a Europa y Estados Unidos, principales destinos del comercio exterior costarricense.
Una propuesta de ley contra el lavado de dinero incrementa los controles en actividades como leasing y factoreo y endurece las multas a quienes no reporten transacciones sospechosas.
La propuesta fue elaborada por la Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB), y pretende establecer mayores controles y sanciones más graves para mejorar los mecanismos de prevención de lavado de dinero. Entre las modificaciones destaca elevar de $10 a $2 millones las sanciones contra quienes incumplan con el reporte de transacciones sospechosas.
Para intentar controlar el creciente tráfico aéreo de drogas comprarían inicialmente dos radares mientras buscan financiamiento para otros ocho.
El artículo en Nacion.com reseña que "... El Ministerio de Seguridad Pública busca recursos para poder adquirir 10 costosos radares móviles que permitan detectar avionetas que se dedican al transporte de droga en el país."
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