Las iniciativas de Competencia, de Arrendamiento o Leasing y las reformas a la Ley General de Telecomunicaciones, son algunos de los proyectos que prevé presentar ante el Congreso de Guatemala la nueva administración de Giammattei.
Durante su discurso de toma de posesión, el nuevo presidente de Guatemala dio los primeros lineamientos en el campo económico, al destacar cuales son los proyectos que deben agilizarse en el Legislativo.
Precios más competitivos, ampliación de la banda ancha y portabilidad numérica, son parte de los beneficios que en Guatemala no se aprovechan debido a que la normativa no ha sido modernizada.
La norma que rige en el país está vigente desde 1996, y según representantes de los sectores involucrados en la actividad, ha quedado obsoleta en algunos aspectos, ya que se necesita mejorar la cobertura y asignar frecuencias para explotar el espectro al máximo.
En los próximos meses iniciaría el proceso de precalificación internacional de empresas para seleccionar un cuarto operador de telefonía móvil.
En agosto se licitó la contratación de una empresa que se encargue del diseño del pliego de la licitación para habilitar la banda de 900 Mhz y 2500 Mhz, que según la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), se realizará en los próximos meses.
Las frecuencias radioeléctricas se adjudicarán considerando no solamente la propuesta económica sino también la propuesta comunicacional.
Las reformas a la Ley de Telecomunicaciones fue aprobada por la Asamblea Legislativa con el consenso de todos los sectores involucrados, según lo reseña el artículo en Elsalvador.com.
"... las enmiendas incluyen que la forma en que serán asignadas las frecuencias será determinado por la Gerencia de Telecomunicaciones de la Siget, tomando en cuenta el público objetivo y el sector que esté buscando una frecuencia en el espectro radioeléctrico, explicaron los actores que trabajaron en las enmiendas. Por ejemplo, uno de los nuevos mecanismos será el concurso, que podrán en primer plano no la capacidad económica del medio, sino la propuesta comunicacional que presente y su atractivo para el público objetivo."
Los problemas en la asignación de concesiones y la falta de normativa contra prácticas anti competitivas siembran dudas entre las empresas del sector.
La Asamblea Legislativa tendrá solamente los tres meses que le otorgó la Sala de lo Constitucional, a partir de la fecha, para hacer las reformas a la Ley de Telecomunicaciones (LT).
Mientras tanto, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) estudió el Anteproyecto de Ley de Radiodifusión Comunitaria a la Asamblea Legislativa y también el proyecto de Ley de Medios de Comunicación Públicos presentado por el expresidente Mauricio Funes, el 19 de septiembre de 2013, ambos proyectos competen a la misma LT.
Una resolución del Tribunal Contencioso Administrativo da razón a la telecom estatal y obliga al ente regulador a actualizar los datos relevantes del mercado y equiparar las condiciones para todos los operadores.
En la demanda, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) argumentaba que la falta de actualización de los datos de mercados y operadores relevantes impedían a la Superintendencia de Telecomunicaciones brindar un trato igualitario a todas las empresas de telecomunicaciones que operan en el país. Debido a esto, reseña Crhoy.com, "... sólo al ICE pueden aplicarle multas y castigos por incumplimiento."
Un fallo de la Sala Constitucional declaró inconstitucional la omisión para regular mecanismos alternos a la subasta para adjudicar frecuencias del espectro radioeléctrico y obliga al congreso a incluirlos en la ley antes de fin de año.
Con este fallo las frecuencias del espectro radioeléctrico ya no podrán ser adjudicadas solo por medio de subasta, sino que se deberán utilizar medios alternativos, los cuales deberán estar incorporados en la Ley de Telecomunicaciones antes del 31 de diciembre de 2015, según explica el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Proponen redactar un nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones desde cero, dejando completamente afuera los conceptos de control estatal que contiene la actual propuesta.
Para el sector privado, la forma en que está redactado el anteproyecto de "Ley de banda ancha" no es clara y deja abierta la posibilidad para que el Estado ejerza un control excesivo sobre el acceso a internet en el país.
La imprescindible modernización de las normas técnicas y administrativas que regulan el sector se ve entorpecida por la pretendida inclusión de reglas para el control de los contenidos.
EDITORIAL
El vodevil (De la Real Academia Española: Comedia frívola, ligera y picante, de argumento basado en la intriga y el equívoco) presentado y representado por el gobierno de Costa Rica, sobre la elaboración y "socialización" del proyecto de nueva Ley de Telecomunicaciones, dejó como resultado primario la acefalía del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
Mientras se pide la competencia efectiva en el mercado, la Superintendencia de Telecomunicaciones se convierte en la piedra en el zapato de las empresas de telecomunicaciones.
En los trámites realizados por Holst Van Patten S. A. en el que adquiere los servicios de internet satelital, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) pidió gestionar una autorización de concentración y más tarde se retractó aclarando que no procedía.
Los operadores del mercado de telecomunicaciones en Costa Rica piden que se elimine la intervención del regulador en las tarifas y se opere en un marco de libertad comercial real.
Luego de más de seis años de haberse promulgado las leyes que abrieron el mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica, ningún operador tiene la posibilidad de fijar unilateralmente los precios finales o manipular las condiciones del mercado de las telecomunicaciones.
El sector pide que se permita la competencia efectiva para que sea el mercado el que establezca las tarifas y no la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Las operadoras de servicios de telefonía e internet exigen que se elimine la fijación de tarifas máximas por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), aplicando lo que se contempla en la Ley de Telecomunicaciones, que permite la posibilidad de no internvenir en la fijación tarifaria. Las empresas señalan que "...los precios del mercado son hasta seis veces más bajos que la tarifa máxima que establece Sutel."
Advierten que la nueva ley tiene deficiencias técnicas y que atenta contra la libre competencia al crear condiciones diferenciadas para las empresas del sector.
La Gremial de Operadores de Televisión por Cable rechaza la rápida aprobación de la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad, por haber carecido de consulta y consensos con el sector, presentar vacíos técnicos y jurídicos y perjudicar a las empresas nacionales, al generar privilegios y monopolios con el amparo del Estado.
Con la entrada en vigencia a finales de noviembre, tanto el organismo regulador como las compañías telefónicas auguran una reñida competencia por retener y atraer a más clientes.
“Este derecho promueve una dinámica más fuerte en el mercado y da al usuario el poder de negociar lo que más le convenga. Obliga a las empresas a cuidarlo más. Es un clima de verdadera competencia comercial”, dijo Eduardo Castellón, vocero de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
La compañía cuenta con dos meses para presentar un nuevo plan al Ejecutivo sobre integración de un gobierno corporativo y la búsqueda de un nuevo aliado estratégico.
Así lo dispuso la ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén. Esto se da luego de que se concediera una prórroga a la vigencia de la Comisión Interventora de la Empresa Hondureña de Telecomunicación (Hondutel).
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