En Guatemala el presidente Alejandro Giammattei decidió vetar las reformas a la Ley de Contrataciones y anunció que el proyecto será devuelto al Congreso con las respectivas observaciones.
Según el Giammattei, las observaciones consisten en que las reformas a la Ley de Contrataciones sólo deben aplicar para las compras que realicen las Municipalidades y no para las licitaciones que realizan las instituciones del Ejecutivo.
Derivado de la situación generada por una nueva variante del coronavirus identificada como "británica", se limitará el ingreso al territorio guatemalteco a extranjeros que han estado en Brasil, Reino Unido, Irlanda del Norte y Sudáfrica, durante los 14 días anteriores a su arribo al país.
La medida fue oficializada por medio del Acuerdo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social No.
En Guatemala el Ministerio de Economía creó de forma temporal la Comisión Interinstitucional para Contribuir en la Reactivación Económica del Sector de la Construcción, que estará integrada por representantes de nueve entidades.
La Comisión tiene por objeto promover las acciones de coordinación entre los Ministerios e Instituciones que tengan relación con el sector de la construcción, para agilizar la gestión administrativa que le complete a cada uno de ellos.
En Guatemala las Cámaras de Industria, Construcción, Comercio y del Agro, coinciden en que las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado constituyen un retroceso en materia de transparencia y abren la puerta para mayor opacidad en el gasto público.
El Congreso de la República de Guatemala aprobó en tercer debate y por redacción final las reformas a la Ley de Zonas Francas, normativa forma parte del paquete de leyes de reactivación económica para el país.
Esta propuesta fue presentada ante Dirección Legislativa en 2016 por el legislador Oscar Stuardo Chinchilla y los exdiputados Carlos Enrique Chavarría Pérez y Carlos Rafael Fión Morales.
Argumentando que las reformas a la Ley de Contrataciones constituyen un retroceso en materia de transparencia, el sector empresarial de Guatemala pide al presidente Alejandro Giammattei vetar lo aprobado por el Congreso de la República.
En los últimos días de abril de 2021 los diputados guatemaltecos aprobaron las modificaciones al Decreto 57-92, que entre otras cosas permiten ampliar los montos de compra directa y de baja cuantía.
En Guatemala el sector exportador espera que con la nueva "Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos", los trámites largos, costosos y burocráticos serán cosa del pasado.
El proyecto de decreto aprobado por los diputados pretende promover la digitalización de trámites administrativos, permitiéndole a los guatemaltecos a utilizar la tecnología que tienen a su alcance para efectuar trámites e interactuar con el gobierno, destaca un comunicado oficial.
Con la aplicación de las nuevas disposiciones, ahora los supermercados, tiendas de conveniencia, centros y plazas comerciales podrán realizar sus actividades hasta las 21 horas.
El 17 de abril de 2021 se emitió el Acuerdo Ministerial 87-2021, por medio del cual se impulsaron acciones dirigidas a interrumpir la cadena epidemiológica de la enfermedad Covid19, que consistían en imponer múltiples restricciones a las actividades productivas, como lo eran reducir al 25% el aforo de los supermercados y las tiendas de conveniencia, y limitar sus horarios de atención, entre otras más.
En Guatemala las autoridades informaron que no se permitirá la importación e inscripción de vehículos usados que tengan siete años de antigüedad o más, y cuyo motor no encienda.
El importador o asistente del Agente Aduanero debidamente acreditado ante el Servicio Aduanero, podrá solicitar ante la autoridad aduanera, si así lo considera oportuno, la autorización para realizar una actividad permitida cuyo objetivo sea la corroboración del arranque o encendido del vehículo, informó la Intendencia de Aduanas.
En Guatemala el Congreso de la República aprobó las modificaciones al Decreto 57-92, que permiten ampliar los montos de compra directa y de baja cuantía.
Con el voto favorable de 82 congresistas, el Pleno del Congreso aprobó la noche de este miércoles 28 de abril, el Decreto 4-2021, reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, informó el Organismo Legislativo.
Por la posible comisión del delito de Defraudación Tributaria, la Superintendencia de Administración Tributaria intervino a la empresa mercantil J.I. Cohen.
La intervención fue autorizada por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera del Municipio y Departamento de Guatemala, informó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Argumentando que las medidas aplicadas por el gobierno perjudica directamente a empleados y dueños de restaurantes y bares, en Guatemala un grupo de empresarios interpuso un recurso de amparo en la Corte de Constitucionalidad.
Las restricciones a la actividad productiva ya se aplican desde días atrás, pues con el objetivo de impulsar acciones dirigidas a interrumpir la cadena epidemiológica de la enfermedad Covid19, el pasado 17 de abril fue publicado en el Diario de Centroamérica el Acuerdo Ministerial 87-2021, marco regulatorio que obliga a reducir al 25% el aforo en los centros comerciales, plazas comerciales, tiendas de conveniencia y restaurantes.
Con el objetivo de impulsar acciones dirigidas a interrumpir la cadena epidemiológica de la enfermedad Covid19, las autoridades locales decidieron imponer múltiples restricciones a las actividades productivas.
Según el Acuerdo Ministerial 87-2021 publicado en el Diario de Centroamérica el 17 de abril de 2021, se obliga a reducir al 25% el aforo en los centros comerciales, plazas comerciales y similares.
Con el objetivo de promover la competencia leal entre empresas e incentivar el cumplimiento de la legislación laboral vigente, el Ministerio de Trabajo creó la Constancia de Buenas Prácticas Laborales.
Al obtener la Constancia de Buenas Prácticas Laborales (BPL), el empleador contará con un documento físico emitido por el ente rector en materia laboral a nivel nacional, que evidencia que cumple con lo establecido en el Código de Trabajo, informó el Ministerio de Trabajo.
A pocas semanas de que en Guatemala asuman los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el sector empresarial pide que los nuevos integrantes de la máxima corte aboguen por un estado de derecho real y se le brinde seguridad jurídica a las inversiones.
En los últimos años la Corte de Constitucional (CC) de Guatemala ha ganado protagonismo en el ámbito económico del país, pues sus fallos han afectado a distintas inversiones que ya operaban a nivel local.
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