Un tribunal internacional falló a favor del gobierno de Costa Rica en un proceso legal en donde inversionistas estadounidenses denunciaron actuaciones arbitrarias en el desarrollo de un proyecto inmobiliario en playa Esterillos.
Del comunicado del Ministerio de Comercio Exterior:
San José. El 19 de septiembre de 2018, el Gobierno de Costa Rica fue notificado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de la decisión adoptada por el Tribunal Arbitral del caso David Richard Aven et al c. Costa Rica (conocido como “Las Olas”). Este arbitraje fue interpuesto por un grupo de inversionistas estadounidenses en el año 2014, al amparo del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica -Estados Unidos (CAFTA-DR).
Parar resolver el problema de retrasos en la aprobación de permisos de impacto ambiental, en Costa Rica empresarios del sector industrial apoyan la propuesta de intervenir la Secretaría Técnica Nacional.
Argumentando que "les afecta negativamente", la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), respalda la intervención a la Secretaría Técnica Nacional (Setena) solicitada el pasado miércoles por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
A pesar de que el sector piñero costarricense ha enfrentado denuncias por supuestos daños ambientales, las ventas al exterior no han dejado de crecer, y se mantiene como el segundo producto de exportación.
Entre 2016 y 2017 las exportaciones costarricenses del fruto crecieron desde $905 millones a $970 millones, lo que representa un aumento de 7%. Esta alza se da en el marco de denuncias ambientales y sociales, debido al uso de agroquímicos y sus respectivas implicaciones.
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Para el segundo semestre del año Setena prevé modificar el reglamento para disminuir a 5 meses el plazo para resolver estudios de proyectos de alto impacto ambiental.
Actualmente la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) demora entre 6 meses y un año para analizar y decidir si otorga o no el permiso a los proyectos de construcción de alto impacto ambiental.
En los noventa una villa en Costa Rica se poblaba con sueños de un futuro promisorio impulsado por la explotación de una mina de oro. Hoy solo quedan 27 habitantes sin esperanzas.
EDITORIAL
El artículo en Nacion.com reseña los avatares del proyecto para la explotación de una mina de oro en Crucitas, en Costa Rica, que finalmente no se concretó, debido a que primaron las fuerzas ambientalistas sobre las del desarrollo sostenible, dejando una larga secuela de daños para el país en términos de confianza en la seguridad para la inversiones, en pérdidas de ingresos fiscales, y fundamentalmente en las esperanzas de los seres humanos que creyeron y apostaron a que la mina sería un catalizador de progreso para la zona. Como ocurre normalmente, los únicos ganadores fueron los abogados que litigaron y siguen litigando por una y otra parte.
Un grupo de inversionistas de EE.UU. presentó una demanda por $70 millones alegando violación del DR-CAFTA impidiendo el desarrollo del proyecto inmobiliario Las Olas, en Puntarenas.
La demanda presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por un grupo de inversionistas liderado por David Richard Aven señala que "...autoridades nacionales les dieron un trato injusto, ante el desarrollo de un proyecto inmobiliario en la zona de playa Esterillos, en el Pacífico Central. Además reclaman que se violó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con su país."
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El Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica emitió los “Requisitos para edificaciones Sostenibles en el Trópico”.
La normativa fue impulsada por el Instituto de Arquitectura Tropical, que en mayo del 2012 la presentó durante la conferencia sobre arquitectura verde y construcciones sostenibles.
Ahora el Instituto de Normas Técnicas (INTECO), formalmente designado el Ente Nacional de Normalización, oficializó el conjunto de requisitos para la construcción sostenible en el trópico, con el número de norma 06-12-01:2012.
A empresarios costarricenses les preocupa la proliferación de normas ambientales que pueden no ser las más urgentes ni las más adecuadas a la economía.
El artículo en Elfinancierocr.com reseña que en Costa Rica, "a un ritmo de cuatro leyes por año, desde el 2006 el Parlamento ha aportado en la temática ambiental 24 nuevas normas."
Y las opiniones sobre los beneficios que esas normas traen al país, difiere según el sector empresarial consultado: "Mientras la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) cree que leyes como la de conservación de vida silvestre van a seducir a más turistas, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) mira con preocupación las duplicidades en la legislación y en reglamentos que les complican la vida a los productores."
El Tribunal Ambiental de Costa Rica ordenó el cierre de la Zona Franca Bes, en la provincia de Alajuela, donde están instaladas 40 empresas que emplean a 2.500 personas.
El Tribunal Ambiental Administrativo ordenó cerrar el parque industrial por tiempo indefinido, por considerar que las aguas residuales de su laguna de oxidación contaminaron las aguas del río Siquiares, donde hay peces como barbudos, mojarras, sardinas plateadas y guapotes.
El proyecto tiene como propósito disminuir en Costa Rica el impacto ambiental y social negativo del cultivo de piña, al tiempo de aumentar y distribuir su impacto positivo.
La meta objetiva del proyecto “Plataforma Nacional de Producción y Comercio Responsable de Piña en Costa Rica” es generar un modelo y una estrategia de producción y comercio responsable de la piña, gestionado y sustentado con la participación activa de todos los sectores e instituciones involucradas.
Un proceso de inversión de 15 años y $127 millones fue detenido al cancelársele la concesión minera a Industrias Infinito en Costa Rica.
El miércoles pasado un tribunal determinó que hubo ilegalidades en el otorgamiento de los permisos dados a la minera canadiense para la explotación de la mina de oro Crucitas y decidió cancelar la concesión otorgada.
Una investigación de The Guardian, concluye en denuncias de daños ambientales por uso extensivo de fungicidas y otros agroquímicos.
El informe señala que las condiciones de muy alta humedad en la región atlántica de Costa Rica, en cuya planicie radican las principales plantaciones de piña, favorecen la aparición de enfermedades que se deben combatir con cantidades de agroquímicos muy superiores a las que se necesitan en plantaciones de otras regiones menos húmedas y más ventosas.
Desarrollo Residencial Ecológico y Parque de Aventuras en Jacó, Costa Rica. Múltiples opciones de inversión disponibles. El desarrollo residencial Ecológico - Ocean Ranch...
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