A partir del 26 de septiembre regirán nuevas reglas para la categorización de proyectos de desarrollo que requieren presentar estudios de impacto ambiental.
El Acuerdo Ministerial No. 204-2019, que fue emitido por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y publicado en el Diario de Centroamérica el pasado 16 de agosto, cobrará vigencia el próximo 26 de septiembre.
Un tribunal internacional falló a favor del gobierno de Costa Rica en un proceso legal en donde inversionistas estadounidenses denunciaron actuaciones arbitrarias en el desarrollo de un proyecto inmobiliario en playa Esterillos.
Del comunicado del Ministerio de Comercio Exterior:
San José. El 19 de septiembre de 2018, el Gobierno de Costa Rica fue notificado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de la decisión adoptada por el Tribunal Arbitral del caso David Richard Aven et al c. Costa Rica (conocido como “Las Olas”). Este arbitraje fue interpuesto por un grupo de inversionistas estadounidenses en el año 2014, al amparo del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica -Estados Unidos (CAFTA-DR).
Parar resolver el problema de retrasos en la aprobación de permisos de impacto ambiental, en Costa Rica empresarios del sector industrial apoyan la propuesta de intervenir la Secretaría Técnica Nacional.
Argumentando que "les afecta negativamente", la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), respalda la intervención a la Secretaría Técnica Nacional (Setena) solicitada el pasado miércoles por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
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A pesar de que el sector piñero costarricense ha enfrentado denuncias por supuestos daños ambientales, las ventas al exterior no han dejado de crecer, y se mantiene como el segundo producto de exportación.
Entre 2016 y 2017 las exportaciones costarricenses del fruto crecieron desde $905 millones a $970 millones, lo que representa un aumento de 7%. Esta alza se da en el marco de denuncias ambientales y sociales, debido al uso de agroquímicos y sus respectivas implicaciones.
En Panamá la Corte Suprema de Justicia anuló el estudio de impacto ambiental de un parque eólico de 75 aerogeneradores, que estaba previsto construirse en la reserva forestal Fortuna.
Argumentando que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) debió haber sido categoría III, en lugar de II, por estar dentro de un área protegida, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo decidió declarar "nula por ilegal", la resolución de 2014, que aprobaba el EIA presentado por la empresa Luz Eólica de Panamá.
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Las empresas tienen tiempo hasta Julio de 2018 para realizar las modificaciones necesarias para cumplir con las nuevas reglas ambientales y evitar así multas e incluso el cierre de negocios.
La Corte Constitucional confirmó la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que en junio pasado suspendió las licencias de operación de la mina Escobal, en manos de Minera San Rafael.
En su resolución, la Corte Constitucional argumentó que "...cuando el Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó las operaciones, negó la existencia de la agrupación xinca y no les consultó sobre los trabajos que harían."
Para el segundo semestre del año Setena prevé modificar el reglamento para disminuir a 5 meses el plazo para resolver estudios de proyectos de alto impacto ambiental.
Actualmente la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) demora entre 6 meses y un año para analizar y decidir si otorga o no el permiso a los proyectos de construcción de alto impacto ambiental.
Una iniciativa de ley pretende exonerar del impuesto de inmuebles y de transferencia de bienes inmuebles a fincas que dediquen más de la mitad de su territorio a reforestaración.
Del comunicado de la Asamblea Nacional de Panamá:
Con el fin de establecer incentivos y reglamentar la actividad de reforestación en Panamá para preservar el ambiente, este jueves fue presentado ante el pleno un anteproyecto de ley.
En los noventa una villa en Costa Rica se poblaba con sueños de un futuro promisorio impulsado por la explotación de una mina de oro. Hoy solo quedan 27 habitantes sin esperanzas.
EDITORIAL
El artículo en Nacion.com reseña los avatares del proyecto para la explotación de una mina de oro en Crucitas, en Costa Rica, que finalmente no se concretó, debido a que primaron las fuerzas ambientalistas sobre las del desarrollo sostenible, dejando una larga secuela de daños para el país en términos de confianza en la seguridad para la inversiones, en pérdidas de ingresos fiscales, y fundamentalmente en las esperanzas de los seres humanos que creyeron y apostaron a que la mina sería un catalizador de progreso para la zona. Como ocurre normalmente, los únicos ganadores fueron los abogados que litigaron y siguen litigando por una y otra parte.
El 24 de abril en Ciudad de Guatemala se llevará a cabo un evento sobre las implicaciones de la legislación ambiental en la industria manufacturera.
Del comunicado de Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT):
La Comisión de Plásticos de AGEXPORT y Comisión Guatemalteca de Plásticos (COGUAPLAST) realizarán el próximo 24 de abril de 2015, al curso sobre “Interpretación de importantes regulaciones ambientales para la industria manufacturera”.
La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate la creación del Ministerio de Ambiente, que tendrá a cargo la fiscalización ambiental de los proyectos de desarrollo que se ejecuten en el país.
Del comunicado de la Asamblea Nacional de Panamá:
Luego de varios días de discusión y modificaciones del articulado, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley No.
Un grupo de inversionistas de EE.UU. presentó una demanda por $70 millones alegando violación del DR-CAFTA impidiendo el desarrollo del proyecto inmobiliario Las Olas, en Puntarenas.
La demanda presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por un grupo de inversionistas liderado por David Richard Aven señala que "...autoridades nacionales les dieron un trato injusto, ante el desarrollo de un proyecto inmobiliario en la zona de playa Esterillos, en el Pacífico Central. Además reclaman que se violó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con su país."
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