En 2019 la percepción de corrupción en las instituciones públicas aumentó en todos los países de la región, con excepción de Costa Rica, donde se mantuvo igual que en 2018.
Como ha sido la constante en los últimos años, el sector público de Nicaragua continúa siendo percibido como el más corrupto de la región (nivel de transparencia 22 en escala de 0 a 100), seguido de Guatemala (26), Honduras (26), República Dominicana (28), El Salvador (34), Panamá (36), y Costa Rica (56).
República Dominicana, Panamá y Honduras, son las naciones de la región donde la mayoría de la población opina que en los últimos doce meses ha aumentado la corrupción en las instituciones de gobierno.
El reporte "Barómetro Global de la Corrupción: América Latina y El Caribe 2019 - Opiniones y Experiencias de los ciudadanos en materia de corrupción", elaborado por Transparency International y publicado el 23 de septiembre de 2019, evaluó la percepción de la corrupción en los países de la región y algunos aspectos de inseguridad.
En 2018 la percepción de corrupción en las instituciones públicas aumentó en todos los países de la región, con excepción de Panamá, donde se mantuvo igual que en 2017, y en El Salvador, donde disminuyó levemente.
Al igual que años anteriores, el sector público de Nicaragua continúa siendo percibido como más corrupto de la región (nivel de transparencia 25 en escala de 0 a 100), seguido de Guatemala (27), Honduras (29), El Salvador (35), Panamá (37), y Costa Rica (56).
En 2017 la percepción de corrupción en las instituciones públicas aumentó en todos los países de la región, con excepción de Guatemala y Nicaragua, donde se mantuvo igual que en 2016, y en Costa Rica, donde disminuyó levemente.
El sector público percibido como más corrupto sigue siendo el de Nicaragua (nivel de transparencia 26 en escala de 0 a 100), seguido de Guatemala (28), Honduras (29), El Salvador (33), Panamá (37), y Costa Rica (59).
Proporción de personas que en el último año han pagado un soborno para acceder a un servicio público: en Panamá 38%, en Honduras 33%, en El Salvador 31%, en Nicaragua 30%, en Guatemala 28% y en Costa Rica, 24%.
EDITORIAL
El informe "Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe", elaborado por la organización Transparencia Internacional, muestra cómo los habitantes de los países latinoamericanos nos hemos acostumbrado a la corrupción: desde casos escandalosos al más alto nivel político, hasta los pagos que a diario se hacen por debajo de la mesa al realizar trámites tan sencillos como solicitar asistencia médica en un hospital público o gestionar un documento en una oficina pública.
Un estudio de ICEFI concluye que la corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras abarca "prácticamente todos los sectores" y solo en Guatemala, las pérdidas que genera se estiman en $550 millones anuales.
El libro "La corrupción: sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano", "... estudia la relación entre corrupción y democracia, destacando que la corrupción en el TNCA ―El Salvador, Guatemala y Honduras― tiene características especiales derivadas de aspectos históricos, como la construcción de Estados débiles, períodos de autoritarismo, guerra civil y sistemas contrainsurgentes, y el menoscabo de la independencia judicial."
El sector público percibido como más corrupto sigue siendo el de Nicaragua (nivel de transparencia 26 en escala de 0 a 100), seguido de Guatemala (28), Honduras (30), El Salvador (36), Panamá (38), y Costa Rica (58).
En 2016 la percepción de corrupción en las instituciones públicas incrementó en todos los países de Centroamérica, con excepción de Guatemala, donde se mantuvo igual que en 2015, y en Costa Rica, donde se redujo.
Señala los esfuerzos que hace la administración de Ortega para atraer más inversión extranjera, pero advierte de deficiencias en el estado de derecho y un amplio control ejecutivo.
El reporte "Investment Climate Statements for 2016", elaborado por el Departamento de Estado de EE.UU. detalla los esfuerzos que ha hecho Nicaragua para atraer inversión extranjera brindando incentivos fiscales a diferentes sectores productivos como la minería y el turismo, señala también algunos elementos que estarían afectando el clima de inversiones en el país, como instituciones gubernamentales débiles, deficiencias del estado de derecho y un omnímodo control ejercido por el Poder Ejecutivo.
El empresario que realmente es un empresario, no necesita que un funcionario que nunca lo será, le diga cómo se genera riqueza y cómo se obtienen ingresos.
EDITORIAL
En Costa Rica el gobierno sigue pensando que el funcionario puede enseñar al empresario cómo hacer su trabajo y cómo generar riqueza.
Fracasado en su tarea de propiciar las condiciones favorables en infraestructura, en capacitación y disponibilidad de recursos humanos, en acceso al crédito y en facilidades en los tramites para la creación y crecimiento de empresas privadas, en justicia comercial rápida y cumplida, el paquidérmico aparato estatal costarricense sigue creando organizaciones burocráticas de "fomento a la producción", y haciendo desaparecer otras que -hasta ayer- eran publicitadas como el alimento milagroso para el desarrollo del país. El nuevo invento -esta vez de la administración Solís- es la Agencia de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado -que por supuesto ya tiene el correspondiente y siempre imaginativo nombre corto: FOMPRODUCE.
Usando su poder corporativo y aprovechando el vacío de poder que aqueja al Estado, una universidad pública de Costa Rica paga sueldos de país de primer mundo, exacerbando la desigualdad entre los costarricenses y distorsionando gravemente el mercado de trabajo.
EDITORIAL
La degeneración de la democracia que está ocurriendo en muchos países latinoamericanos tiene como muestra calificada a Costa Rica, otrora ejemplo del mejor sistema para vivir en sociedad que haya alumbrado la historia.
La mejor forma de contribuir al mantenimiento del mejor clima de negocios es la militancia activa en defensa de la institucionalidad democrática.
Todos los ciudadanos son apoderados constitucionales del poder público, y los empresarios como tales deben ser la primer línea de defensa de la institucionalidad democrática.
EDITORIAL
En Panamá se suceden las noticias sobre "penosas situaciones" en la cima de los poderes estatales, situación que lamentablemente se repite con frecuencia en los países de nuestra región, debilitando la institucionalidad cuya esencia es asegurar la convivencia democrática que da seguridad en el camino al desarrollo social y económico.
Un anciano desaliñado recorre América predicando la misma desconexión con el mundo real que lo convirtió en un rotundo fracaso como presidente del Uruguay.
EDITORIAL
A su paso por las capitales latinoamericanas, multitudes aplauden su filosofía de cafetín, mientras otros que tienen responsabilidades concretas en la vida se extrañan ante las incoherencias del ex presidente uruguayo.
No se prevén cambios en el rumbo económico ni político, en un país donde el presidente Ortega mantiene altos índices de aprobación ciudadana en un contexto de crecimiento económico, aunque de erosión de la institucionalidad democrática.
El martes 9 de junio se realizó en las instalaciones del Diálogo Inter Americano en la ciudad de Washington DC, un panel de discusión cuyo tema principal fue el Análisis de la situación económica y política de Nicaragua.
El desmantelamiento de una red de corrupción al más alto nivel en la Superintendencia de la Administración Tributaria obliga al análisis de la estabilidad del gobierno de Otto Pérez Molina.
Christian Calderon Cedillos, sociólogo guatemalteco, revisa en artículo de Estrategiaynegocios.net, las posibles consecuencias del escándalo suscitado por el alcance de la red de corrupción aduanera, que llega al primer nivel del gobierno, dado que el sindicado como jefe de la organización delictiva -aún prófugo en el exterior del país- era el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
En Centroamérica el sector público percibido como más corrupto es el de Nicaragua (nivel de transparencia 28 en escala de 0 a 100) , seguido por Honduras (29), Guatemala (32), Panamá (37), El Salvador (39), y Costa Rica (54).
"... Cuando líderes y altos funcionarios abusan de su poder para usar fondos públicos en beneficio propio, el crecimiento económico se ve minado..." - Transparencia Internacional
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