Aprovechar los datos actuales e históricos de los movimientos de localización permite comprender los retos actuales y construir ciudades inteligentes, flexibles y eficientes.
A medida que más ciudades comienzan a implementar la planificación de ciudades inteligentes con base en ciencia de datos, los conocimientos de big data ayudan a formar las políticas que beneficiarán a los barrios y a las personas que viven en ellos.
Las entidades de gobierno y municipales pueden aprovechar la inteligencia de localización para optimizar la planificación estratégica, mejorar la calidad de los servicios públicos y optimizar sus presupuestos.
¿Qué proporciona la inteligencia de localización a los gobiernos?
Los datos de localización brindan a los responsables del sector público la capacidad de mejorar la planificación estratégica y las políticas operativas. Estos datos son un recurso imprescindible para las organizaciones del sector público encargadas de hacer frente a los complejos retos actuales.
Los análisis mediante técnicas de gestión de Big data permiten a los gobiernos comprender las necesidades de sus ciudadanos, combatir el fraude, minimizar errores en los sistemas y mejorar las operaciones, reduciendo costos y mejorando los servicios de cualquier entidad gubernamental.
Un análisis de movilidad mediante datos de localización y Big Data permite a los gobiernos y a las organizaciones del sector público ofrecer servicios más eficaces y seguros, así como responder con mayor rapidez y precisión a las necesidades de clientes y ciudadanos.
Empresa Tomza Guatemala S.A. informó que en Nicaragua el Gobierno del presidente Daniel Ortega expropió y confiscó de forma ilegal bienes de la compañía, que en conjunto suman una inversión de $4 millones.
El proceso de expropiación llevó algunos años. Directivos de Tomza explicaron que en 2015 les fueron concedidos los permisos para la construcción de un inmueble que se ubica en el municipio de Tipitapa, departamento de Managua.
Por factores como el cierre de empresas y falta de oportunidades, se estima que a Honduras y El Salvador la actividad delictiva les representa un costo de 16% del PIB, y en el caso de Guatemala, sus pérdidas podrían ascender a 7% de su producción.
En América Central, los costos humanos de la delincuencia siguen siendo de los más elevados del mundo. En El Salvador, Guatemala y Honduras, países que integran el denominado Triángulo Norte, se registran alrededor del 4,5% de los homicidios en todo el mundo a pesar de tener solamente alrededor del 0,4% de la población mundial, precisa un reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI).
A raíz del robo de un contenedor que transportaba productos lácteos, la cámara del sector hizo un llamado a todos los gremios vinculados al comercio internacional y local, para que refuercen sus medidas de precaución.
Mediante un comunicado la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo (CANISLAC) denunció que el viernes 13 de diciembre de 2019, se dio el primer robo de un contenedor de Quesillo en la historia de Nicaragua.
Debido a que el área de tierra usurpada en Guatemala ha crecido desde alrededor de 10 mil hectáreas en la década de los noventa, hasta 164 mil en 2018, las pérdidas en la producción agrícola ocasionadas por este fenómeno ascendieron a cerca de $650 millones el año pasado.
La Cámara del Agro (Camagro) estima que sólo en 2018, las invasiones a la propiedad privada, principalmente a fincas de producción agrícola, generaron un impacto negativo equivalente al 0,6% del Producto Interno Bruto.
Luego de que el 7 de septiembre paramilitares motorizados atacaran con armas de fuego a una comitiva de empresarios, el sector productivo pide al gobierno que esclarezca los hechos "de forma objetiva y veraz".
La violenta agresión fuedirigida a la comitiva del Cosep y de la Alianza Cívica, conformada por José Adán Aguerri, Michael Healy y Álvaro Vargas, que acompañaban a los periodistas Jaime Arellano y Aníbal Toruño, en una visita a la ciudad de León, informó el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
La crisis política que se vive desde hace más de un año ha llevado a las agencias mayoristas de viajes a eliminar al país de su portafolio de destinos turísticos debido a la inseguridad.
Claudia Aguirre, presidenta de la Asociación Nicargüense de Turismo Receptivo (Antur), explicó a Elnuevodiario.com.ni que "... 2019 está resultando un año difícil, ya que la crisis iniciada en abril del año pasado está pasando factura a las actividades actuales y la perspectiva es sombría para los próximos meses."
La falta de certeza jurídica, los robos de energía eléctrica y los conflictos sociales están obligando a los empresarios del sector energético de Guatemala a optar por trasladar sus inversiones a El Salvador.
Incentivados por las facilidades que ofrecen al sector energético en El Salvador, el año pasado las empresas Applied Energy Services (AES) y Corporación Multi Inversiones (CMI), de capital estadounidense y guatemalteco, decidieron invertir $47 millones en proyectos de energía solar.
En Nicaragua una empresa dedicada a la producción de maracuyá y que proyectaba realizar inversiones por $20 millones en los próximos años, denunció que el fin de semana pasado grupos armados invadieron sus terrenos.
La compañía de origen suizo Chimaco S.A. informó que la parcela demostrativa que se ubica el kilómetro 124,5 de la carretera entre Chinandega y León, fue tomada por grupos armados que impiden el ingreso de los inversionistas.
Las veinticinco propiedades productivas que han sido invadidas desde que comenzó la crisis en Nicaragua suman en conjunto 5.500 manzanas, de las cuales 43% corresponde a áreas de cultivos agrícolas y otro 44% a producción pecuaria.
Según datos de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), 33% de las propiedades afectadas suman un área superior a 100 manzanas, 23% son terrenos de 50 a 99 manzanas y 46% tienen una superficie inferior a 50 manzanas.
El informe de InSight Crime destaca la tasa de homicidios registrada durante 2017 en Costa Rica, que fue de 12,1 por cada 100 mil habitantes, el mayor número en su historia.
El reporte indica que Costa Rica ha sido un país que tradicionalmente se ha "considerado pacífico", y respecto a la escalada de la tasa de homicidios, aumento que autoridades locales atribuyen al crimen organizado, el informe indica que "...la falta de retrospectiva y una metodología vaga debilita los intentos de las autoridades de atribuir la culpa al crimen organizado."
En su nuevo sistema de advertencia a los turistas, el gobierno de EE.UU. incluyó a Panamá y Costa Rica en el nivel de menor riesgo, a Nicaragua en el nivel 2 y a Guatemala, El Salvador y Honduras, en la categoría "Reconsidere el viaje".
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció modificaciones en su sistema de alertas de viaje y recomendaciones a los ciudadanos antes de viajar a otros países.
Además de los problemas usuales de delincuencia que enfrentan los transportistas de carga en el Triangulo Norte, la gremial denuncia un incremento en los robos en las carreteras de Costa Rica.
La desigualdad y falta de coordinación en las medidas de seguridad que implementan cada uno de los países centroamericanos impide lograr mejores resultados en el combate a los robos de camiones de mercancías.