En Costa Rica la Dirección General de Aduanas anunció que las empresas que tengan deudas tributarias o patronales no podrán realizar trámites de importación o exportación.
La resolución DGA-030-2019 de la Dirección General de Aduanas (DGA), emitida el 22 de octubre de este año, estipula que "... se comunica que el el Sistema Informático de Tecnología de Información para el Control Aduanero verificará el cumplimiento de dichos requisitos y en caso de existir deudas pendientes impedirá continuar con el trámite de importación o exportación solicitado mediante transmisión electrónica”.
A partir de mayo de 2019 los clientes extranjeros deberán declarar ante los bancos del sistema local que sus fondos cumplen con las exigencias tributarias de su país.
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) aprobó el Acuerdo 02-2019, el cual implementa las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, que consiste en la ampliación de las medidas de diligencia debida de los bancos con sus clientes.
Hasta el 26 de abril estará en consulta pública el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta en Costa Rica.
Del comunicado del Ministerio de Hacienda:
12 de Abril de 2019. Al igual que se hizo con la primera propuesta del reglamento a Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Ministerio de Hacienda puso a disposición en su página web, el primer borrador del proyecto “Modificaciones y Adiciones al Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta”, el cual regula el Título II de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas, No. 9635, del 3 de diciembre de 2018.
Hasta el 2 de abril estará en consulta pública en Costa Rica el reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, que incorpora los cambios de la primera propuesta revelada el 29 de enero.
Esta es la segundo consulta que se realiza, pues el 29 de enero de 2019 se puso a disposición del público la propuesta de “Reglamento del Título I de la Ley No. 9635 del 3 de diciembre de 2018, denominado “Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado” (IVA).
El modelo predictivo diseñado con técnicas de minería de datos que utiliza el Ministerio de Hacienda en Costa Rica detectó la simulación de pagos a terceros por más de $31 millones.
Cruzando información de las 132 bases de datos a disposición del ministerio de Hacienda, la Dirección de Inteligencia Tributaria intenta predecir cuáles empresas son más propensas a evadir el pago deimpuestos, dependiendo de su comportamiento histórico medido a través de transacciones, declaraciones tributarias y otros datos. Vinculando toda la información, identifican patrones de comportamiento similares a los de otras empresas que evadieron impuestos en el pasado.
Bajo el nuevo acuerdo se intercambiará información con el fin de determinar, liquidar y recaudar impuestos, así como cobrar y ejecutar reclamaciones tributarias.
La renegociación de este acuerdo, firmado inicialmente en 1989 y con vigencia desde 1991, inició en setiembre de 2014 y concluyó en el primer trimestre de 2018.
Del comunicado del Ministerio de Hacienda de Costa Rica:
Con dos años de retraso, anuncian que en enero de 2017 comenzará a funcionar el sistema de factura electrónica, desarrollado y operado por la Empresa Servicios Públicos de Heredia.
Del comunicado del Ministerio de Hacienda de Costa Rica:
La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), fue seleccionada por el Ministerio de Hacienda para el desarrollo, implementación y operación del sistema de factura electrónica, que iniciará en enero de 2017.
El convenio firmado por la administración Solís para intercambiar información tributaria con Italia aún debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa.
Del comunicado del Ministerio de Hacienda:
Representantes de los Gobiernos de Costa Rica e Italia firmaron este viernes un acuerdo que permitirá el intercambio de información de carácter tributario entre ambos países.
La ingeniería fiscal legal es una práctica empresarial obligatoria si se quiere ser competitivo en el mundo globalizado de hoy, y esto pueden permitirse desconocerlo solamente quienes no son empresarios.
Con la misma firmeza que criticamos al empresario que evade impuestos o corrompe funcionarios para lograr un contrato, debemos defender toda práctica empresarial encuadrada en la legalidad que persiga el mejor uso de los recursos disponibles para la generación de riqueza a través de la producción de bienes y servicios, que eso es lo que hacen las empresas.
Más de 500 empresas catalogadas como grandes contribuyentes podrán evitar brindar información sensible propia y de terceros, como proveedores y accionistas, a la Dirección General de Tributación.
Del comunicado del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica (CCPCR):
Más de 500 grandes contribuyentes podrían evitar acogerse al AMPO
Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB) ordenó a la Dirección General de Tributación Directa abstenerse de aplicar la herramienta AMPO.
Mientras la región aún se prepara para comenzar a cumplir con la ley Fatca de EE.UU., los países de la OCDE ya trabajan en un Estándar Global Único para el Intercambio Automático de Información.
La Cámara de Industrias de Costa Rica presentó un recurso contencioso administrativo contra la resolución de Tributación que obliga a los grandes contribuyentes a presentar el registro de sus accionistas.
Del comunicado de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR):
Cámara de Industrias presentó recurso contencioso en contra de brindar información de accionistas
A muchos funcionarios de los gobiernos centroamericanos les rechina que la información que manejan sea accesible por los ciudadanos, y de una u otra forma, obstaculizan su disponibilidad.
EDITORIAL
"- Envíe una carta a la Licenciada Fulana, que es la que autoriza la entrega de la información que usted solicita, indicando los motivos de su pedido".
"- El funcionario informático que debe preparar esa información está incapacitado y no sabemos cuando se reintegra".
La Dirección General de Tributación extendió hasta el 19 de marzo el plazo para las empresas catalogadas como grandes contribuyentes entreguen la información requerida para efectos fiscales.
La Dirección General de Tributación endureció los controles sobre los grandes contribuyentes, implementando una nueva norma denominada Análisis Multifuncional Programado Objetivo (AMPO), a través de la cual exigen a las empresas información como "...datos de sus accionistas, así como sus importaciones y sociedades anónimas, entre otra información de trascendencia tributaria."