En Costa Rica la Sala Constitucional falló a favor del Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal, institución que presentó un recurso por medio del cual pretende obtener información de cuántas personas físicas aparecen como dueñas de acciones.
Luego que el Observatorio solicitara ante el Ministerio de Hacienda información estadística que se pueda obtener del Registro de Accionistas y Beneficiarios Finales (RABF), las autoridades se negaron.
Con el objetivo de de actualizar el Acuerdo Intergubernamental para la efectividad de la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativo a Cuentas Extranjeras, firmado por las dos partes en 2013, los gobiernos de ambos países suscribieron un acuerdo complementario de FATCA.
Con la suscripción del Acuerdo complementario se actualizará el fundamento jurídico del Acuerdo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), con lo establecido en el Acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos de América para el intercambio de información en materia tributaria, el cual entrará en vigor el próximo mes de setiembre, informó el Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
Argumentando que el país no implementó en el plazo acordado las reformas a las que se había comprometido, la Unión Europea decidió incluirlo nuevamente en su listado de territorios no cooperantes en materia fiscal.
Se firmó un acuerdo para crear un grupo de trabajo sobre cooperación en transparencia fiscal y financiera, con el objetivo d sacar a Panamá de la lista francesa de países no cooperadores en materia fiscal.
El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá informó que el grupo de trabajo contribuirá al fortalecimiento de la cooperación, a mejorar el intercambio de información de carácter fiscal, promover la transparencia financiera y la lucha contra el lavado de dinero, enfocándose en buscar mecanismos y prácticas más eficientes para el intercambio de información para fines fiscales, dentro del marco de lo establecido en los convenios tributarios vigentes entre las partes, incluyendo todos los aspectos del proceso, desde la elaboración y envío, hasta la recepción y respuesta de las solicitudes de intercambio de información.
Desde el 26 de noviembre las autoridades guatemaltecas tienen la facultad de acceder a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, por lo que ahora podrán corroborar que los ingresos bancarios de las empresas coincidan con el pago de sus impuestos.
Luego que el 25 de noviembre fuera publicada en el Diario de Centroamérica la resolución de la Corte de Constitucionalidad, en la cual se declaró sin lugar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Escalas Mercantiles S.A., el cual pretendía impedir a las autoridades el acceso a la información bancaria de las empresas y personas, ha cobrado vigencia la ley que faculta a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para investigar a los contribuyentes.
Argumentando que el país "cumple todos los compromisos en materia de cooperación fiscal", la Unión Europea decidió retirarlo de su lista de naciones y territorios considerados como no cooperadores.
Albania, Costa Rica, Mauricio, Serbia y Suiza han aplicado, antes del plazo establecido, todas las reformas necesarias para cumplir los principios de buena gobernanza fiscal de la Unión Europea (UE). Estos países serán retirados del anexo II de las Conclusiones, reseña un comunicado oficial de fecha 10 de octubre de 2020.
Derivado de la eliminación del secreto bancario en Guatemala, el sector empresarial anuncia que estará vigilante para que se "respete el debido proceso y la confidencialidad de los contribuyentes".
Un año después de haberse suspendido el acceso a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, a inicios de agosto la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva y revocó la suspensión, por lo que en las próximas semanas comenzarán a regir los cambios.
Un año después de haberse suspendido el acceso a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, en Guatemala la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva y revocó la suspensión.
Argumentando que no cumple los estándares sobre transparencia e intercambio de información para fines tributarios, la OCDE evaluó negativamente a Guatemala y le recomienda trabajar en el acceso directo a la información bancaria de los contribuyentes.
Tal como había sido previsto, a raíz de la suspensión temporal por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) del artículo de ley que facilitaba el acceso a la información bancaria de los contribuyentes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) decidió incluir a Guatemala en la lista de países que incumplen sus compromisos en materia de información fiscal.
Costa Rica "fortalecerá su sostenibilidad fiscal, por medio del control del gasto y la modernización del sistema tributario con un crédito de US$350 millones aprobado por el BID".
En medio de la polémica que ha generado la implementación de la reforma fiscal en Costa Rica, anunciaron la aprobación de un crédito por $350 millones para "apoyar al país en la implementación de su programa de reformas fiscales".
Desde el 21 de abril entró en vigencia el convenio que evita la doble imposición y mitiga sus efectos, además de ayudar a eliminar barreras para el comercio y prevenir la evasión fiscal.
El pasado 21 de marzo se publicó en La Gaceta la Ley 9644, correspondiente al acuerdo entre la República deCosta Ricay los Estados Unidos Mexicanos, que evita la doble imposición de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.
Con el nuevo convenio publicado en el diario oficial La Gaceta se evita la doble imposición y se mitigan sus efectos, además de ayudar a eliminar barreras para el comercio y prevenir la evasión fiscal.
El pasado 21 de marzo se publicó en La Gaceta la Ley 9644, correspondiente al acuerdo entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos, que evita la doble imposición de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.
En la nueva versión de la lista de países no cooperantes en temas fiscales que elabora la Unión Europea, el país centroamericano ya no figura.
En diciembre de 2017 Panamá fue incluido por el Consejo de Ministros De Economía y Finanzas de la Unión Europea, en el Anexo II de la Lista de jurisdicciones no cooperadoras en asuntos fiscales.
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