En Costa Rica un proyecto de ley propone inhabilitar por un plazo de cinco años a las empresas constructoras que incumplan contratos con entidades del Estado.
La propuesta de ley es analizada por la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, y según representantes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), si es aprobada, la ley permitiría sancionar a las empresas de construcción que no finalicen las obras pactadas con el Estado.
Con la nueva ley de Código Procesal Civil los tiempos de duración de los juicios civiles se reducirán de un promedio de entre 10 y 15 años a solo dos años.
Los casos de incumplimiento de contratos entre privados que se lleven a juicio civil se resolverán en un plazo promedio de dos años, pues se desarrollarán a través de audiencias orales y no por escrito.
Las aseguradoras comenzaron a emitir estas pólizas, que compiten con las garantías bancarias de participación y cumplimiento.
El Instituto Nacional de Seguros (INS) y Oceánica Seguros son las dos compañías que ya ofrecen este tipo de pólizas desde este año. Por su parte, la compañía ASSA comenzará a brindarlas en 2015 y Mapre aún está ajustando la oferta para iniciar a futuro.
Hacer valer judicialmente un contrato en Guatemala demora 1.402 días, en Honduras 920, en Costa Rica 852, en El Salvador 786, en Panamá 686, y en Nicaragua 409.
Los datos son los del informe Doing Business 2014 del Banco Mundial.
La extrema dificultad para hacer cumplir los contratos por la vía de los sistemas de administración de Justicia es un mal endémico en América Latina, que, como se señala en el artículo de Andrés Oppenheimer en Miamiherald.com, contribuye "a desacelerar el crecimiento económico".
Atrasos e inconformidades en el cumplimiento del contrato se unen a que el responsable local del proyecto es cónyuge de una magistrada de la Corte Suprema.
Varios artículos de Ronny Rojas en Nacion.com reseñan que el Poder Judicial de Costa Rica contrató, en una licitación con un único oferente, a la empresa española Indra, para una consultoría del sistema informático y el rediseño de procesos, por un valor de $1,8 millones (con financiación del BID).
De los préstamos donde el Gobierno Central figura como deudor o garante un 60% incumplen con el plazo establecido en los contratos.
Al 31 de diciembre del 2009, 20 préstamos por $1.143 millones conformaban la cartera de créditos externos, de ellos $734 millones están pendientes de giro.
"En 12 de estos 20 préstamos, el período de ejecución a partir de la Ley de aprobación del respectivo contrato en la Asamblea Legislativa sobrepasa el período estipulado, mientras que en el 35% de los casos, supera el plazo contado desde la fecha de aval del presupuesto. Cabe destacar que el porcentaje de avance es relativamente bajo en los primeros años de ejecución.", reseña La Prensa Libre.
Por incumplir un contrato para construir cuatro líneas de transmisión eléctrica, el ICE pagó esa suma por "ganancias que dejó de percibir" el contratista.
Como el ICE no aportó a tiempo las tierras, los diseños y los materiales requeridos para instalar las redes, el proyecto solo avanzó un 37% al cabo de tres años.
La empresa contratada por el Instituto reclamó las ganancias que dejó de percibir, así como pérdidas por disponer de equipos y funcionarios ociosos.