Las entidades de gobierno y municipales pueden aprovechar la inteligencia de localización para optimizar la planificación estratégica, mejorar la calidad de los servicios públicos y optimizar sus presupuestos.
¿Qué proporciona la inteligencia de localización a los gobiernos?
Los datos de localización brindan a los responsables del sector público la capacidad de mejorar la planificación estratégica y las políticas operativas. Estos datos son un recurso imprescindible para las organizaciones del sector público encargadas de hacer frente a los complejos retos actuales.
Los análisis mediante técnicas de gestión de Big data permiten a los gobiernos comprender las necesidades de sus ciudadanos, combatir el fraude, minimizar errores en los sistemas y mejorar las operaciones, reduciendo costos y mejorando los servicios de cualquier entidad gubernamental.
Un análisis de movilidad mediante datos de localización y Big Data permite a los gobiernos y a las organizaciones del sector público ofrecer servicios más eficaces y seguros, así como responder con mayor rapidez y precisión a las necesidades de clientes y ciudadanos.
El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras requiere la licitación para realizar la declaración jurada en la institución con fondos nacionales según la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
Compra del Gobierno de Honduras TSC-003-2021-DAG:
"El Tribunal Superior de Cuentas licita la adquisición del proyecto sobre la declaración jurada en la institución, por lo tanto, establece los siguientes lineamientos para que las empresas interesadas presenten sus propuestas.
En este escenario de crisis económica, caída de la recaudación fiscal y necesidad de financiar programas de reactivación, en Guatemala y Costa Rica ya se propone aumentar los impuestos actuales y crear nuevos.
Las autoridades guatemaltecas ya comienzan a discutir la política fiscal que aplicarán en 2021, año en que la economía deberá afrontar los efectos de la crisis económica que ha generado el brote de covid19.
En el contexto de la crisis sanitaria y económica, en Honduras el sector empresarial pide ampliar el plazo para el pago del Impuesto Sobre la Renta, que vence el próximo 30 de junio.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), solicitó a la Secretaría de Finanzas que se reforme el Decreto 33-2020, para que se postergue el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del año fiscal 2019.
La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate un proyecto de ley que tiene como objetivo gravar en el país la venta y autoconsumo de cemento importado o producido a nivel local.
La iniciativa que a mediados de febrero fue aprobada en primer debate en la Asamblea y que aún está pendiente del aval del Poder Ejecutivo, establece que elimpuestoserá sobre elcementoimportado y producido a nivel nacional, en bolsa o a granel, para venta o autoconsumo, de cualquier tipo, cuyo destino sea el consumo y comercialización del producto a nivel nacional.
Autoridades locales anunciaron que desde el 7 de marzo los vehículos de transporte de carga que transiten por el país y que viajen desde Costa Rica, ya no pagarán $50 en las aduanas nicaragüenses.
A partir de enero de 2020 los vehículos eléctricos que sean importados en El Salvador y Honduras estarán exentos del pago del arancel de importación, que hasta ahora en El Salvador, era de 30%.
La medida, que se aplicará en ambos países, fue aprobada en la sesión del Consejo de Ministros de la Integración Económica (COMIECO), llevada a cabo en El Salvador los días 5 y 6 de diciembre.
En Nicaragua las autoridades informaron que decidieron suspender el cobro de la tarifa adicional de $0,05 por cada kilogramo que se exporte o importe, vía aérea.
El cobro extra entró en vigencia el pasado 25 de abril, pero desde el inicio el sector privado se manifestó en contra, pues se argumentaba que la tarifa que aplicaría el gobierno nicaragüense, pondría al borde del cierre a algunas empresas locales y provocaría una baja de cerca de $50 millones anuales.
Empresarios en Nicaragua denunciaron que debido a la reforma tributaria aprobada por el régimen de Ortega, se ha triplicado la carga impositiva a las importaciones de todo tipo de bebidas.
Representantes de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) explicaron que antes de que entrara en vigencia la reforma fiscal que fue aprobada en febrero pasado, los importadores pagaban el impuesto sobre el cargamento total de bebidas en cada importación, pero ahora se ordenó que este debe aplicarse sobre el precio al detalle de cada uno de estos productos.
Luego de que las autoridades nicaragüenses impusieran en sus aduanas un pago de $50 a cada vehículo de carga que transite por su territorio, Costa Rica solicitó una reunión para revisar el tema.
El 15 de marzo de este año las autoridades nicaragüenses comenzaron a cobrar un impuesto aduanero al transporte de carga en tránsito o con destino final en el país, que consiste en el pago de $50 por cada unidad de transporte de mercancías que pase las aduanas terrestres.
Los empresarios centroamericanos aseguran que el impuesto aduanero al transporte de carga en tránsito o con destino final que pretende imponer el gobierno nicaragüense "atenta contra los instrumentos de la integración centroamericana, y se convierte en obstáculo al comercio intrarregional".
Semanas atrás se informó que a partir del 15 de marzo se comenzaría a cobrar el impuesto aduanero, sin embargo, las autoridades no precisaron cual será el monto exigido a los transportistas.
Las autoridades nicaragüenses pretenden imponer a partir del 15 de marzo un impuesto aduanero al transporte de carga que esté en tránsito o con destino final en el país.
La resolución que permitirá realizar el cobro fue firmada el pasado 28 de febrero por el director general de la Dirección General de Servicios Aduaneros de Nicaragua, sin embargo, las autoridades aún no precisan cual será el monto exigido a los transportistas.
En Honduras se deberá detallar en la factura las rebajas y descuentos que se apliquen a las ventas, cambio con el que estaría en desacuerdo el sector empresarial si el gobierno decide cobrar impuestos al monto descontado.
El 1 de marzo entran en vigencia los cambios a las facturas, que fueron impuestos mediante el Acuerdo 817-2018, entre los que destacan que debe consignarse en el formato del documento las casillas de descuentos y rebajas.
"La deuda pública en términos de promedio simple de la región centroamericana seguirá
creciendo hasta reportar un 43,1% del PIB en 2018, luego del 42,5% de 2017."
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) estima que para el presente año el tamaño del gasto público del Gobierno Central en relación al respectivo Producto Interno Bruto de cada país se ubicaráen 21,4% en Costa Rica, 20,4% en El Salvador, 20% en Honduras, 18,4% en Nicaragua, 17,6% en Panamá y 12,1% en Guatemala.
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