Por la posible comisión del delito de Defraudación Tributaria, la Superintendencia de Administración Tributaria intervino a la empresa mercantil J.I. Cohen.
La intervención fue autorizada por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera del Municipio y Departamento de Guatemala, informó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Como parte del proceso de digitalización de las gestiones tributarias, a partir del 1 de julio de 2021 los contribuyentes que se inscriban ante la Superintendencia de Administración Tributaria serán añadidos al régimen de Factura Electrónica en Línea.
Chang y Compañía y Mag Alcoholes, son dos empresas que durante el mes de marzo fueron intervenidas por parte de las autoridades locales, luego que se detectara el posible delito de defraudación tributaria y aduanera.
Representantes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informaron que el 10 de marzo, el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera ordenó la intervención de la compañía Mag Alcoholes y el 22 del mismo mes el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal ordenó la intervención del almacén Chang y Compañía.
En Guatemala cobraron vigencia dos nuevos Criterios Tributarios Institucionales, que tienen el objetivo apoyar la operación y gestión de las empresas exportadoras.
Del documento de la Agexport, en el que se precisan los cambios que ha aplicado la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT):
Con el objetivo de obligar a las empresas a cumplir con el pago de impuestos sobre las ventas realizadas por canales electrónicos, a partir de junio de 2021 la SAT comenzará a utilizar una plataforma digital que analizará la información que aparece en redes sociales.
Las restricciones a la movilidad decretadas durante 2020 a causa del brote de covid19 y el cambio de hábitos de consumo, potenciaron en el mercado guatemalteco el crecimiento de las ventas online.
Luego de que se detectaran inconsistencias entre las compras reportadas por los contribuyentes y las ventas que la empresa declaraba ante la autoridad tributaria, en Guatemala inició una investigación sobre la cadena de supermercados "La Barata".
Durante la mañana del 7 de diciembre representantes del Ministerio Público (MP) y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ofrecieron una conferencia de prensa en la que explicaron algunos detalles sobre un nuevo caso de supuesta defraudación tributaria por parte de la cadena de tiendas "La Barata".
Luego de que en Guatemala se anunciara la intención de aumentar el impuesto a la distribución de cemento y al de combustibles, empresarios opinan que en este escenario de incipiente recuperación económica no es buena idea incrementar la carga impositiva.
Para hacerle frente a los efectos de la crisis económica que ha generado el brote de covid19, las autoridades guatemaltecas ya comienzan a discutir la política fiscal que aplicarán en 2021.
En este escenario de crisis económica, caída de la recaudación fiscal y necesidad de financiar programas de reactivación, en Guatemala y Costa Rica ya se propone aumentar los impuestos actuales y crear nuevos.
Las autoridades guatemaltecas ya comienzan a discutir la política fiscal que aplicarán en 2021, año en que la economía deberá afrontar los efectos de la crisis económica que ha generado el brote de covid19.
La Superintendencia de Administración Tributaria anunció que fiscalizará a empresas que pagan menos del promedio del sector, que no facturan y que tienen ventas en distintas redes sociales.
La autoridad tributaria del país ha fijado su atención en el comercio en línea, pues en este nuevo contexto de negocios y cambio de hábitos de consumo, las ventas por Internet se han incrementado de forma exponencial.
El Congreso de Guatemala aprobó que la fecha límite para el pago del Impuesto sobre Circulación, aplicado a vehículos terrestres, marítimos y aéreos, será prorrogada hasta el 31 de octubre de 2020.
Tomando en consideración que los efectos causados por la pandemia del covid19, han repercutido de sobremanera en la economía nacional afectando a su vez a una gran parte de propietarios de vehículos terrestres, los diputados decidieron otorgar una prórroga en el pago del impuesto.
El sector privado de Guatemala presentó una acción legal en contra de la Superintendencia de Administración Tributaria, argumentando que la entidad había indicado que postergaría el cobro de impuestos si las restricciones se mantenían vigentes, pero no lo hizo.
Aplicar un plan de rescate en el que la SAT flexibilice los cobros de impuestos y el IGSS asista a los empleados, es parte de la propuesta de los empresarios guatemaltecos del sector comercial y de servicios, ante la crisis que se ha generado por la emergencia sanitaria.
La Superintendencia de Administración Tributaria declaró inhábiles los días comprendidos entre el 24 de marzo y el 14 de abril, para los efectos del cómputo de plazos establecidos en la legislación tributaria.
El 24 de marzo se publicó en el Diario Oficial la Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria Número SAT-DSI-280-2020, en la cual se declaran inhábiles los días 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de marzo del 2020, y 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13 y 14 de abril 2020, inclusive, para efectos de diferir el cómputo de los plazos establecidos en la legislación tributaria y los procedimientos administrativos internos de esta entidad.
La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate un proyecto de ley que tiene como objetivo gravar en el país la venta y autoconsumo de cemento importado o producido a nivel local.
La iniciativa que a mediados de febrero fue aprobada en primer debate en la Asamblea y que aún está pendiente del aval del Poder Ejecutivo, establece que elimpuestoserá sobre elcementoimportado y producido a nivel nacional, en bolsa o a granel, para venta o autoconsumo, de cualquier tipo, cuyo destino sea el consumo y comercialización del producto a nivel nacional.
Autoridades locales anunciaron que desde el 7 de marzo los vehículos de transporte de carga que transiten por el país y que viajen desde Costa Rica, ya no pagarán $50 en las aduanas nicaragüenses.
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