En Nicaragua las autoridades informaron que decidieron suspender el cobro de la tarifa adicional de $0,05 por cada kilogramo que se exporte o importe, vía aérea.
El cobro extra entró en vigencia el pasado 25 de abril, pero desde el inicio el sector privado se manifestó en contra, pues se argumentaba que la tarifa que aplicaría el gobierno nicaragüense, pondría al borde del cierre a algunas empresas locales y provocaría una baja de cerca de $50 millones anuales.
Para el sector empresarial guatemalteco están dadas las condiciones para que se facilite la exoneración de multas e intereses pese a ser un año electoral, pero para el gobierno, una amnistía fiscal no será una opción este año.
Ante el problema de la devolución de crédito fiscal que se ha reportado por varios años en Guatemala, empresarios opinan que es viable hacer una amnistía fiscal, pero las autoridades no la consideran, pues argumentan que no es la vía para mejorar los ingresos fiscales.
En su última visita a Guatemala el FMI advirtió que si en el país no se levanta el secreto bancario, se podría menoscabar el cumplimiento "respecto a tratados internacionales de transparencia".
Luego de la última visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Guatemala, el organismo internacional advirtió que revertir la disminución en la recaudación de impuestos pasa por fortalecer el control de los grandes contribuyentes, mejorar el uso de la información tributaria para reducir el incumplimiento, reasignar recursos hacia auditorías basadas en el riesgo, y reconsiderar el levantamiento del secreto bancario a efectos de auditoría tributaria.
Empresarios en Nicaragua denunciaron que debido a la reforma tributaria aprobada por el régimen de Ortega, se ha triplicado la carga impositiva a las importaciones de todo tipo de bebidas.
Representantes de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) explicaron que antes de que entrara en vigencia la reforma fiscal que fue aprobada en febrero pasado, los importadores pagaban el impuesto sobre el cargamento total de bebidas en cada importación, pero ahora se ordenó que este debe aplicarse sobre el precio al detalle de cada uno de estos productos.
Luego de que las autoridades nicaragüenses impusieran en sus aduanas un pago de $50 a cada vehículo de carga que transite por su territorio, Costa Rica solicitó una reunión para revisar el tema.
El 15 de marzo de este año las autoridades nicaragüenses comenzaron a cobrar un impuesto aduanero al transporte de carga en tránsito o con destino final en el país, que consiste en el pago de $50 por cada unidad de transporte de mercancías que pase las aduanas terrestres.
En Guatemala cinco proyectos privados para construir zonas de desarrollo económico ya se encuentran en proceso de trámite, a solo dos meses de haber entrado en vigencia el reglamento que define los beneficios fiscales para desarrollarlas.
El 4 de febrero comenzó la vigencia de la Ley de Zonas de Desarrollo Económicas Especiales Públicas (ZDEEP), que contempla beneficios fiscales que consisten en la exoneración por 10 años del 100% del Impuesto Sobre la Renta, así como la suspensión temporal de los impuestos asociados a las importaciones, entre otros más.
Los empresarios centroamericanos aseguran que el impuesto aduanero al transporte de carga en tránsito o con destino final que pretende imponer el gobierno nicaragüense "atenta contra los instrumentos de la integración centroamericana, y se convierte en obstáculo al comercio intrarregional".
Semanas atrás se informó que a partir del 15 de marzo se comenzaría a cobrar el impuesto aduanero, sin embargo, las autoridades no precisaron cual será el monto exigido a los transportistas.
Las autoridades nicaragüenses pretenden imponer a partir del 15 de marzo un impuesto aduanero al transporte de carga que esté en tránsito o con destino final en el país.
La resolución que permitirá realizar el cobro fue firmada el pasado 28 de febrero por el director general de la Dirección General de Servicios Aduaneros de Nicaragua, sin embargo, las autoridades aún no precisan cual será el monto exigido a los transportistas.
Calendario de pagos de obligaciones correspondientes al mes de Diciembre de 2018 y memorándum tributario sobre la actualización de datos ante la Superintendencia de Administración Tributaria.
Calendario tributario de obligaciones correspondientes a Diciembre 2018:
Viernes 14
Retención mensual de ISR a empleados
Viernes 14
Retenciones por rentas de capital inmobiliario y mobiliario (intereses)
A partir del próximo mes las empresas y contribuyentes individuales de Guatemala podrán inscribirse en el régimen de factura electrónica en línea, que hasta ahora no es obligatorio.
Este año al Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), creó un acuerdo con el que pone a disposición de todos los contribuyentes la emisión de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) como facturas, notas de débito y crédito, recibos y otros autorizados por la institución.
"La deuda pública en términos de promedio simple de la región centroamericana seguirá
creciendo hasta reportar un 43,1% del PIB en 2018, luego del 42,5% de 2017."
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) estima que para el presente año el tamaño del gasto público del Gobierno Central en relación al respectivo Producto Interno Bruto de cada país se ubicaráen 21,4% en Costa Rica, 20,4% en El Salvador, 20% en Honduras, 18,4% en Nicaragua, 17,6% en Panamá y 12,1% en Guatemala.
Calendario de pagos de obligaciones correspondientes al mes de Julio de 2018 y memorándum tributario sobre la clasificación como gasto del ISO cuando es pagado en forma extemporánea.
Del memorándum de Tezó y Asociados:
En el transcurso del año 2017 y lo que va del 2018, la Superintendencia de Administración
Tributaria –SAT- ha publicado en su portal boletines denominados “Criterios Tributarios
Suspendieron temporalmente el artículo de la ley que en Guatemala facilitaba el acceso a la información bancaria de empresas con una orden judicial a solicitud de las autoridades tributarias.
La decisión fue tomada por la Corte de Constitucionalidad luego de que una empresa presentara un recurso de inconstitucionalidad. Con base en los argumentos planteados, la CC decidió decretar la suspensión provisional del artículo 52, que facultaba a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a solicitar a un juez una orden para levantar el secreto bancario de personas o empresas cuando existiera "... duda razonable sobre los resultados de los procesos o ejecución de los planes de fiscalización selectiva y masiva'." Ver "Guatemala: Rige levantamiento de secreto bancario"
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