Entraron en vigencia los cambios que se habían realizado en el Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en Guatemala.
Se trata del Acuerdo Gubernativo 222-2019 que modifica el Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual contiene disposiciones relativas a los mecanismos para la recuperación del crédito fiscal a los exportadores creadas mediante el Decreto 4-2019, informó la gremial de exportadores.
Desde el 4 de noviembre de 2019 entró en vigencia en Guatemala el Formulario SAT 0471 para inscribirse en el nuevo Régimen Electrónico para la Devolución del Crédito Fiscal.
Para aplicar a este mecanismo, uno de los requisitos es estar incorporado al Régimen de Factura Electrónica en Línea. Además podrán optar exportadores tanto de bienes como de servicios, informó Agexport.
La Cámara de Comercio de Guatemala se opone al esquema fiscal especial para la actividad agropecuaria aprobado por el Congreso, argumentando que es inconstitucional y que viola los principios de equidad tributaria.
El nuevo régimen fiscal para el agro, aprobado el pasado 24 de septiembre por los diputados del Congreso de la República, ha estado rodeado de polémica, pues desde un inicio las cámaras de industria y comercio manifestaron su oposición. Verproyecto de ley completo.
El Congreso de Guatemala aprobó una iniciativa de ley que contempla la creación de un régimen fiscal especial para la actividad agropecuaria.
A pesar que esta propuesta de ley estuvo envuelta en polémica días atrás, dado que las cámaras de industria y comercio manifestaron su oposición, el Congreso decidió aprobar la iniciativa. Ver proyecto de ley completo.
Derivado de la eliminación del secreto bancario en Guatemala, el sector empresarial anuncia que estará vigilante para que se "respete el debido proceso y la confidencialidad de los contribuyentes".
Un año después de haberse suspendido el acceso a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, a inicios de agosto la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva y revocó la suspensión, por lo que en las próximas semanas comenzarán a regir los cambios.
En Guatemala las cámaras de industria y comercio se oponen a la iniciativa de ley que propone crear un régimen fiscal especial para la actividad agropecuaria.
El proyecto "Ley sobre Simplificación, Actualización e Incorporación Tributaria", que lleva más de dos años en el Congreso de la República, le fue programada su discusión para su redacción final hasta el recién pasado 10 de septiembre.
Las autoridades que asumirán el gobierno en 2020 en Guatemala podrían evaluar opciones para gravar de forma temporal algunos sectores, sin embargo, se correría el riesgo de que estos tributos se conviertan en permanentes.
Especialistas y autoridades opinan que el fallo con el que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala revocó la suspensión que impedía el acceso con fines fiscales a información bancaria de los contribuyentes, podría revertirse con otra acción legal.
En los últimos días el tema ha cobrado mayor relevancia en el país, pues tras un año de estar suspendido el acceso a la información bancaria con fines tributarios, el pasado 6 de agosto la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva, por lo que autoriza a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para que pueda revisar las cuentas de los contribuyentes.
Un año después de haberse suspendido el acceso a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, en Guatemala la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva y revocó la suspensión.
Con la entrada en vigencia del Acuerdo 122-2019 se reglamenta la aplicación del cobro del impuesto específico, la información aduanera correspondiente a las importaciones de cemento o clinker y se permite nombrar personal para fiscalizar los lugares de almacenamiento.
Debido a que el Acuerdo Gubernativo 122-2019 fue publicado en el Diario de Centro América el 25 de Julio de 2019, la normativa ha cobrado vigencia en el país. Ver publicación completa.
En Nicaragua las autoridades informaron que decidieron suspender el cobro de la tarifa adicional de $0,05 por cada kilogramo que se exporte o importe, vía aérea.
El cobro extra entró en vigencia el pasado 25 de abril, pero desde el inicio el sector privado se manifestó en contra, pues se argumentaba que la tarifa que aplicaría el gobierno nicaragüense, pondría al borde del cierre a algunas empresas locales y provocaría una baja de cerca de $50 millones anuales.
Para el sector empresarial guatemalteco están dadas las condiciones para que se facilite la exoneración de multas e intereses pese a ser un año electoral, pero para el gobierno, una amnistía fiscal no será una opción este año.
Ante el problema de la devolución de crédito fiscal que se ha reportado por varios años en Guatemala, empresarios opinan que es viable hacer una amnistía fiscal, pero las autoridades no la consideran, pues argumentan que no es la vía para mejorar los ingresos fiscales.
En su última visita a Guatemala el FMI advirtió que si en el país no se levanta el secreto bancario, se podría menoscabar el cumplimiento "respecto a tratados internacionales de transparencia".
Luego de la última visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Guatemala, el organismo internacional advirtió que revertir la disminución en la recaudación de impuestos pasa por fortalecer el control de los grandes contribuyentes, mejorar el uso de la información tributaria para reducir el incumplimiento, reasignar recursos hacia auditorías basadas en el riesgo, y reconsiderar el levantamiento del secreto bancario a efectos de auditoría tributaria.
Empresarios en Nicaragua denunciaron que debido a la reforma tributaria aprobada por el régimen de Ortega, se ha triplicado la carga impositiva a las importaciones de todo tipo de bebidas.
Representantes de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) explicaron que antes de que entrara en vigencia la reforma fiscal que fue aprobada en febrero pasado, los importadores pagaban el impuesto sobre el cargamento total de bebidas en cada importación, pero ahora se ordenó que este debe aplicarse sobre el precio al detalle de cada uno de estos productos.
Luego de que las autoridades nicaragüenses impusieran en sus aduanas un pago de $50 a cada vehículo de carga que transite por su territorio, Costa Rica solicitó una reunión para revisar el tema.
El 15 de marzo de este año las autoridades nicaragüenses comenzaron a cobrar un impuesto aduanero al transporte de carga en tránsito o con destino final en el país, que consiste en el pago de $50 por cada unidad de transporte de mercancías que pase las aduanas terrestres.
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