Las entidades de gobierno y municipales pueden aprovechar la inteligencia de localización para optimizar la planificación estratégica, mejorar la calidad de los servicios públicos y optimizar sus presupuestos.
Los análisis mediante técnicas de gestión de Big data permiten a los gobiernos comprender las necesidades de sus ciudadanos, combatir el fraude, minimizar errores en los sistemas y mejorar las operaciones, reduciendo costos y mejorando los servicios de cualquier entidad gubernamental.
Un análisis de movilidad mediante datos de localización y Big Data permite a los gobiernos y a las organizaciones del sector público ofrecer servicios más eficaces y seguros, así como responder con mayor rapidez y precisión a las necesidades de clientes y ciudadanos.
En Costa Rica el Ministerio de Hacienda aclaró que no ha presentado, ni presentará ningún proyecto de ley, para el cobro de nuevos impuestos en SINPE, es decir, que en el caso de los movimientos de dinero y envíos de remesas que se realizan en la plataforma no se aplicará el cobro del IVA ni de ningún otro impuesto.
El Ministerio de Hacienda informó el 16 de junio que el cobro del IVA a quienes utilicen el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE) como medio de pago, aplicará únicamente, sobre las compras de bienes y servicios gravadas con dicho impuesto, es decir, en SINPE deben pagar IVA las transacciones que pagarían IVA fuera de SINPE.
Con el objetivo de brindar seguridad jurídica en materia tributaria a las empresas que tienen transacciones con empresas vinculadas, en Costa Rica la Dirección General de Tributación emitió una resolución sobre pautas a seguir para la suscripción de Acuerdos de Precios por Anticipado.
El precio de transferencia es el que pactan dichas empresas para prestarse bienes y servicios o para traspasar derechos entre ellas, los cuales, conforme a la Ley de Impuesto sobre la Renta, se deben valorar a precios de mercado, como si se tratara de operaciones entre partes independientes.
Inicialmente el período ordinario para declarar a los beneficiarios finales de las sociedades vencía el 30 de abril, pero las autoridades decidieron extender hasta 31 de mayo el plazo.
Esta declaración debía presentarse durante el mes de abril; de conformidad con la resolución N°DGT-ICD-R-06-2020, sin embargo, debido al estado de emergencia que enfrenta al país por la pandemia Covid19, estas instituciones acordaron ampliar el plazo, para garantizar la atención de esta obligación y facilitar el cumplimiento voluntario, informó el Ministerio de Hacienda.
Después que en Costa Rica el alcalde de Alajuela presentara una acción de inconstitucionalidad para revertir la interpretación auténtica aprobada por los diputados para el pago de impuestos sobre bienes inmuebles que aplica a las zonas francas, la Sala falló negativamente al recurso legal presentado.
Los magistrados determinaron que los alegatos presentados el 16 de marzo de 2021 por Humberto Soto, alcalde del municipio de Alajuela, eran incorrectos y el recurso fue rechazado.
Luego que en Costa Rica el alcalde de Alajuela presentara una acción de inconstitucionalidad para revertir la exoneración del pago de impuestos sobre bienes inmuebles que aplica para las zonas francas, el sector empresarial opina que se está atentando contra la seguridad jurídica.
El 16 de marzo de 2021 Humberto Soto, alcalde del municipio de Alajuela, presentó una acción de inconstitucionalidad. Este recurso legal tiene el objetivo de revertir la exención que gozan las zonas francas para el pago del impuesto impuesto sobre bienes inmuebles.
Con la entrada en vigencia del Cauca IV las compras por Internet que los consumidores costarricenses realicen en el extranjero y que no superen los $500, serán exoneradas del pago de aranceles.
La cuarta versión del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Cauca IV) cobrará vigencia a partir del próximo 1 de mayo y según las autoridades costarricenses, la exoneración del pago de aranceles sólo se aplicará para envíos de familiares.
Con la presentación ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica de un nuevo texto del proyecto de renta global dual, la administración Alvarado pretende garantizar las exoneraciones fiscales de las que ya se benefician las empresas que operan en el régimen de zonas francas.
El proyecto de renta global dual que fue enviado el pasado 22 de enero a la Asamblea creo confusión entre los diputados. Un comunicado de la Asamblea de fecha 2 de febrero, señala que los legisladores de diferentes fracciones manifestaron dudas y reservas sobre los proyectos de ley que el gobierno envió a la Asamblea Legislativa para mejorar las finanzas públicas y como parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un crédito por $1.750 millones.
A partir del 1 de enero de 2021, los propietarios de viviendas cuyo valor de construcción supere el equivalente a los $217 mil, deberán pagar el impuesto conocido como de "casas de lujo".
La modificación del monto mínimo fue comunicado a través del decreto ejecutivo que fue publicado el 22 de diciembre en el diario La Gaceta.
La Asamblea Legislativa se prepara para conocer en primer debate, un proyecto de ley cuyo objetivo es eximir a las sociedades inactivas de la obligación de realizar una declaración del impuesto de la renta.
El expediente de esta propuesta legislativa es el número 22.307 y fue presentado por el diputado Pablo Heriberto Abarca. La iniciativa se discutirá en la Asamblea, a pesar de la oposición del Ministerio de Hacienda.
Por primera vez los Tribunales de Justicia del país condenaron a seis personas a 10 años de prisión por defraudación de impuestos a la Hacienda Pública, sentencia que corresponde al caso de una empresa importadora de ropa que defraudó por un monto superior a los $575 mil.
Carlos Vargas, director general de Tributación, indicó que durante 16 años el contribuyente que fue condenado utilizó todas las garantías procesales hasta la última instancia. Esto implicó el seguimiento del caso por parte de los diferentes actores del Estado: Procuraduría General de la República, Tribunales de Justicia, Ministerio Público y el Ministerio de Hacienda.
En este escenario de crisis económica, caída de la recaudación fiscal y necesidad de financiar programas de reactivación, en Guatemala y Costa Rica ya se propone aumentar los impuestos actuales y crear nuevos.
Las autoridades guatemaltecas ya comienzan a discutir la política fiscal que aplicarán en 2021, año en que la economía deberá afrontar los efectos de la crisis económica que ha generado el brote de covid19.
Para acceder al crédito de $1.750 millones que pretende solicitar al FMI, el gobierno de Costa Rica propone gravar las transacciones financieras, aumentar el impuesto a las utilidades de empresas y personas, e incrementar el impuesto a los bienes inmuebles.
La tarde del 17 de septiembre y en el contexto de una severa crisis económica que ya venía gestándose desde antes del inicio de la pandemia, la administración Alvarado presentó el plan con el que pretende mitigar el impacto fiscal que tuvo la crisis del covid19, propuesta para negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un crédito de $1.750 millones.
En Costa Rica la administración Alvarado estaría considerando crear un impuesto sobre cada transacción que una persona o empresa realice a través de una entidad financiera, gravamen que desincentivará el ahorro y motivará a las personas a usar dinero en efectivo.
Para negociar un crédito de mediano y largo plazo con el Fondo Monetario Internacional, las autoridades costarricenses estarían planeando diseñar y crear un nuevo tributo, que consiste en que cada persona pague un impuesto de ¢3 por cada ¢1.000 en las transacciones que realice a través de un banco, financiera, mutual, puesto de bolsa o alguna otra entidad financiera.
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