En Costa Rica los contribuyentes interesados en beneficiarse con exoneraciones o tarifas reducidas del pago del Impuesto al Valor Agregado, deberán registrarse ante la Dirección General de Tributación.
Los cambios se detallaron el 15 de octubre de 2019, cuando se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la resolución de la Dirección General de Tributación (DGT) N° DGT-DGH-R-060-2019, denominada “Procedimiento para solicitar el registro, las ordenes especiales para la autorización de exoneración o tarifa reducida del Impuesto sobre el Valor Agregad (IVA)".
En los primeros nueve meses de 2019 se cerraron 4.715 sociedades, 13% más que el total de sociedades clausuradas durante todo 2018, lo que podría deberse a la entrada en vigencia de la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas.
Desde 2017, año en el que comenzó a regir la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas, comenzó a crecer la cantidad de sociedades anónimas que cerraron sus operaciones en el país.
Desde el 1 de octubre los productores y proveedores costarricenses del sector agrícola y pesquero, cuentan con un régimen especial para declarar y pagar el IVA, que contempla que los productores de café, caña y los apicultores harán una declaración anual.
El nuevo Régimen Especial Agropecuario (REA) no cambia las obligaciones fiscales, pero sí permite adecuarlas a las particularidades de los procesos productivos, de manera tal que se facilite su cumplimiento, informaron las autoridades.
Empresarios piden conferir de inmediato una prórroga en la aplicación de las eventuales multas, pues una gran cantidad de representantes de empresas aun no han gestionado su firma digital y en este momento, no hay capacidad instalada en los puestos autorizados.
En Costa Rica avanza el proyecto de ley para regular la prestación de servicios turísticos de alquiler en viviendas a través de plataformas digitales, que contempla un impuesto de 13% y obligaría a los oferentes a registrarse, lo que encarecería ésta opción de alojamiento.
Los diputados aprobaron en su trámite de primer debate, el expediente N° 20.865 Ley marco para la regularización del hospedaje no tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales, informó la Asamblea el pasado 28 de agosto.
El 2 de septiembre inició en Costa Rica el registro de personas y empresas productoras agropecuarias que deseen optar por los beneficios contemplados en la nueva normativa fiscal.
El plazo comenzó este lunes 2 de Setiembre y concluye el 31 de Enero de 2020, y para la inscripción los interesados deberán presentar su cédula física o jurídica, y la certificación literal de la propiedad, informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
A partir del 1 de septiembre cerca de 370 mil personas jurídicas tendrán la obligación de cumplir con el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, siendo las cédulas jurídicas que terminan en 0 y 1, las que deben hacerlo primero.
No obstante, a partir del 1 setiembre del 2019, las personas jurídicas que así lo prefieran, independientemente del último dígito de su cédula, podrán hacer su declaración y enviarla anticipadamente. A partir del 2020 la presentación debe realizarse en el mes de abril de cada año, informó el Ministerio de Hacienda.
Para el sector empresarial es preocupante que en Costa Rica sea constante la creación de nuevos tributos, tasas y cánones como solución fácil y rápida a los problemas que afectan al país, como sucede con el proyecto de ley que pretende gravar el uso del plástico.
El proyecto No. 21159 “Ley para solucionar la contaminación de residuos plásticos”, que fue presentado ante la Asamblea Nacional por la diputada del partido oficialista Paola Vega, contempla el cobro de un impuesto por la importación o nacionalización de insumos de plástico, por vender o consumir artículos de este material.
Aunque Costa Rica y Nicaragua aprobaron este año sendas reformas fiscales, se pronostica que no se alcanzarán los resultados esperados en materia de recaudación de impuestos.
El documento "Centroamérica: análisis sintético, por país, del desempeño de la recaudación tributaria en 2019", elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explica que, en el caso de Costa Rica y Nicaragua, los resultados esperados en términos de mejora en la recaudación, aún están entredicho.
La Asamblea Legislativa aprobó una moratoria de tres meses improrrogables, en sanciones, mora, intereses, multas o cualquier otra disposición sancionatoria, relacionadas con el cobro del impuesto al valor agregado, que entró en vigencia el pasado 1 de julio.
Se excluye de esta moratoria a los contribuyentes calificados por la Administración Tributaria como grandes contribuyentes nacionales y grandes empresas territoriales, explica un comunicado de la Asamblea Legislativa.
En el contexto de las protestas y bloqueos que afectan a Costa Rica desde hace varios días, los empresarios denuncian que se registran millonarias pérdidas, principalmente en el turismo, las exportaciones, y las actividades agrícolas, industriales y comerciales.
En Costa Rica las modificaciones de los tramos para el impuesto al salario establece que las rentas de hasta $1.394 estarán libres del cobro del gravamen, y las que excedan de $1.394 y hasta $2.046, pagarán 10%.
El Ministerio de Hacienda publicó el pasado 25 de junio, en La Gaceta, los nuevos tramos del impuesto sobre la renta que se aplicarán sobre los salarios entre el 1.° de julio al 30 de setiembre del 2019.
El 11 de junio fue publicado en el diario oficial La Gaceta, el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, el cual se comenzará a aplicar el próximo 1 de Julio.
El Reglamento que fue publicado en el Alcance 129 del diario oficial, fue sometido a consulta pública el pasado mes de marzo.
En Nicaragua las autoridades informaron que decidieron suspender el cobro de la tarifa adicional de $0,05 por cada kilogramo que se exporte o importe, vía aérea.
El cobro extra entró en vigencia el pasado 25 de abril, pero desde el inicio el sector privado se manifestó en contra, pues se argumentaba que la tarifa que aplicaría el gobierno nicaragüense, pondría al borde del cierre a algunas empresas locales y provocaría una baja de cerca de $50 millones anuales.
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