En este escenario de crisis económica, caída de la recaudación fiscal y necesidad de financiar programas de reactivación de la economía, en Guatemala y Costa Rica ya se proponen alzas en los impuestos y la creación de nuevos tributos.
Las autoridades guatemaltecas ya comienzan a discutir la política fiscal que aplicarán en 2021, año en el que la economía deberá afrontar los efectos de la crisis económica que deriva del brote de covid19.
Para acceder al crédito de $1.750 millones que pretende solicitar al FMI, el gobierno de Costa Rica propone gravar las transacciones financieras, aumentar el impuesto a las utilidades de empresas y personas, e incrementar el impuesto a los bienes inmuebles.
La tarde del 17 de septiembre y en el contexto de una severa crisis económica que ya venía gestándose desde antes del inicio de la pandemia, la administración Alvarado presentó el plan con el que pretende mitigar el impacto fiscal que tuvo la crisis del covid19, propuesta para negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un crédito de $1.750 millones.
En Costa Rica la administración Alvarado estaría considerando crear un impuesto sobre cada transacción que una persona o empresa realice a través de una entidad financiera, gravamen que desincentivará el ahorro y motivará a las personas a usar dinero en efectivo.
Para negociar un crédito de mediano y largo plazo con el Fondo Monetario Internacional, las autoridades costarricenses estarían planeando diseñar y crear un nuevo tributo, que consiste en que cada persona pague un impuesto de ¢3 por cada ¢1.000 en las transacciones que realice a través de un banco, financiera, mutual, puesto de bolsa o alguna otra entidad financiera.
Con el objetivo de gravar el monto total de las utilidades de personas físicas o jurídicas domiciliadas en Costa Rica, sin importar el lugar donde sean generadas sus ganancias, se presentó ante la Asamblea un proyecto que busca modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Actualmente en Costa Rica se aplica un sistema de renta territorial, que consiste en gravar las ganancias producidas exclusivamente a nivel local.
A partir del 28 de agosto el Ministerio de Hacienda de Costa Rica puso a disposición de los contribuyentes, una plataforma virtual tiene aproximadamente 40 funcionalidades relacionadas con control extensivo, recaudación, valoraciones y fiscalización.
La nueva herramienta llamada "Trámite Virtual" y a la que se puede acceder desde cualquier dispositivo, funciona como instrumento de acompañamiento para los contribuyentes que requieren estar al día con las normas tributarias, informó el Ministerio de Hacienda (MH).
Con el objetivo de de actualizar el Acuerdo Intergubernamental para la efectividad de la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativo a Cuentas Extranjeras, firmado por las dos partes en 2013, los gobiernos de ambos países suscribieron un acuerdo complementario de FATCA.
Con la suscripción del Acuerdo complementario se actualizará el fundamento jurídico del Acuerdo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), con lo establecido en el Acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos de América para el intercambio de información en materia tributaria, el cual entrará en vigor el próximo mes de setiembre, informó el Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
La contracción económica nacional y el efecto de la moratoria tributaria establecida en la Ley 9830, provocaron en los primeros cinco meses de 2020 una caída de 6,1% en la recaudación tributaria.
El mayor impacto en los ingresos tributarios se observó en los siguientes rubros: aduanas, por la caída de las importaciones ante la desaceleración de la actividad económica, renta, por la disminución en el ingreso por el impuesto a las personas jurídicas y remesas del exterior, y “otros ingresos tributarios”, en especial por el comportamiento del impuesto único a los combustibles y la caída en los derechos de salida del territorio, informó el Banco Central.
En medio de una severa crisis económica, las autoridades de Costa Rica avalaron que se comience a gravar con el 1% de IVA varios alimentos de la canasta básica, y un 4% a ciertas actividades turísticas y servicios de construcción.
Antes del surgimiento de la pandemia la economía costarricense ya estaba en mal estado, y el impacto del brote de covid-19 terminó de golpearla de la peor forma, lo que se evidencia en el desempeño de la actividad productiva.
El Ministerio de Hacienda de Costa Rica modificó un Decreto Ejecutivo para que los arrendamientos de los inmuebles utilizados para actividades comerciales, queden exonerados del pago del impuesto al valor agregado.
El 14 de abril fue publicada en La Gaceta la modificación a los artículos 10 y 12, del Decreto Ejecutivo No.42271-H, Reglamento a la Ley del 19 de marzo de 2020, de Alivio Fiscal ante el Covid-19.
El sector empresarial de Costa Rica propone que ante la crisis sanitaria y económica que atraviesa el país, se reduzca de forma temporal el Impuesto al Valor Agregado.
Directivos de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) también plantean que ante el brote del covid19 se debe elevar los impuestos a lo salarios altos, para compensar la reducción temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
A las empresas que adeuden impuestos al Instituto de Turismo de Costa Rica se les concederá una moratoria durante abril, mayo, junio y julio.
En relación a los impuestos a los que aplicará la moratoria, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) informó que son el de 5% por la venta de cada boleto aéreo que se origina en Costa Rica para viajes internacionales, además del 5% que se aplica a la compra de boletos cuyo destino sea nuestro país. También se incluye al cobro correspondiente a los $15 por el ingreso de cada turista vía aérea.
Una moratoria de tres meses al pago de impuestos de valor agregado, renta de empresas y aranceles de aduanas, es la propuesta del Ejecutivo ante la emergencia que deriva de la propagación del covid-19 en el país.
La iniciativa “Proyecto de alivio fiscal ante el COVID-19” que fue presentada ante la Asamblea Legislativa el 16 de marzo, propone que los contribuyentes puedan posponer el pago de impuestos por al menos tres meses. Durante este periodo no se aplicarán multas ni intereses a quienes se acojan a esta moratoria.
La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate un proyecto de ley que tiene como objetivo gravar en el país la venta y autoconsumo de cemento importado o producido a nivel local.
La iniciativa que a mediados de febrero fue aprobada en primer debate en la Asamblea y que aún está pendiente del aval del Poder Ejecutivo, establece que elimpuestoserá sobre elcementoimportado y producido a nivel nacional, en bolsa o a granel, para venta o autoconsumo, de cualquier tipo, cuyo destino sea el consumo y comercialización del producto a nivel nacional.
Autoridades locales anunciaron que desde el 7 de marzo los vehículos de transporte de carga que transiten por el país y que viajen desde Costa Rica, ya no pagarán $50 en las aduanas nicaragüenses.
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