Después que en Costa Rica el alcalde de Alajuela presentara una acción de inconstitucionalidad para revertir la interpretación auténtica aprobada por los diputados para el pago de impuestos sobre bienes inmuebles que aplica a las zonas francas, la Sala falló negativamente al recurso legal presentado.
Los magistrados determinaron que los alegatos presentados el 16 de marzo de 2021 por Humberto Soto, alcalde del municipio de Alajuela, eran incorrectos y el recurso fue rechazado.
Luego que en Costa Rica el alcalde de Alajuela presentara una acción de inconstitucionalidad para revertir la exoneración del pago de impuestos sobre bienes inmuebles que aplica para las zonas francas, el sector empresarial opina que se está atentando contra la seguridad jurídica.
El 16 de marzo de 2021 Humberto Soto, alcalde del municipio de Alajuela, presentó una acción de inconstitucionalidad. Este recurso legal tiene el objetivo de revertir la exención que gozan las zonas francas para el pago del impuesto impuesto sobre bienes inmuebles.
Con la entrada en vigencia del Cauca IV las compras por Internet que los consumidores costarricenses realicen en el extranjero y que no superen los $500, serán exoneradas del pago de aranceles.
La cuarta versión del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Cauca IV) cobrará vigencia a partir del próximo 1 de mayo y según las autoridades costarricenses, la exoneración del pago de aranceles sólo se aplicará para envíos de familiares.
Con la presentación ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica de un nuevo texto del proyecto de renta global dual, la administración Alvarado pretende garantizar las exoneraciones fiscales de las que ya se benefician las empresas que operan en el régimen de zonas francas.
El proyecto de renta global dual que fue enviado el pasado 22 de enero a la Asamblea creo confusión entre los diputados. Un comunicado de la Asamblea de fecha 2 de febrero, señala que los legisladores de diferentes fracciones manifestaron dudas y reservas sobre los proyectos de ley que el gobierno envió a la Asamblea Legislativa para mejorar las finanzas públicas y como parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un crédito por $1.750 millones.
A partir del 1 de enero de 2021, los propietarios de viviendas cuyo valor de construcción supere el equivalente a los $217 mil, deberán pagar el impuesto conocido como de "casas de lujo".
La modificación del monto mínimo fue comunicado a través del decreto ejecutivo que fue publicado el 22 de diciembre en el diario La Gaceta.
La Asamblea Legislativa se prepara para conocer en primer debate, un proyecto de ley cuyo objetivo es eximir a las sociedades inactivas de la obligación de realizar una declaración del impuesto de la renta.
El expediente de esta propuesta legislativa es el número 22.307 y fue presentado por el diputado Pablo Heriberto Abarca. La iniciativa se discutirá en la Asamblea, a pesar de la oposición del Ministerio de Hacienda.
Por primera vez los Tribunales de Justicia del país condenaron a seis personas a 10 años de prisión por defraudación de impuestos a la Hacienda Pública, sentencia que corresponde al caso de una empresa importadora de ropa que defraudó por un monto superior a los $575 mil.
Carlos Vargas, director general de Tributación, indicó que durante 16 años el contribuyente que fue condenado utilizó todas las garantías procesales hasta la última instancia. Esto implicó el seguimiento del caso por parte de los diferentes actores del Estado: Procuraduría General de la República, Tribunales de Justicia, Ministerio Público y el Ministerio de Hacienda.
En este escenario de crisis económica, caída de la recaudación fiscal y necesidad de financiar programas de reactivación, en Guatemala y Costa Rica ya se propone aumentar los impuestos actuales y crear nuevos.
Las autoridades guatemaltecas ya comienzan a discutir la política fiscal que aplicarán en 2021, año en que la economía deberá afrontar los efectos de la crisis económica que ha generado el brote de covid19.
Para acceder al crédito de $1.750 millones que pretende solicitar al FMI, el gobierno de Costa Rica propone gravar las transacciones financieras, aumentar el impuesto a las utilidades de empresas y personas, e incrementar el impuesto a los bienes inmuebles.
La tarde del 17 de septiembre y en el contexto de una severa crisis económica que ya venía gestándose desde antes del inicio de la pandemia, la administración Alvarado presentó el plan con el que pretende mitigar el impacto fiscal que tuvo la crisis del covid19, propuesta para negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un crédito de $1.750 millones.
En Costa Rica la administración Alvarado estaría considerando crear un impuesto sobre cada transacción que una persona o empresa realice a través de una entidad financiera, gravamen que desincentivará el ahorro y motivará a las personas a usar dinero en efectivo.
Para negociar un crédito de mediano y largo plazo con el Fondo Monetario Internacional, las autoridades costarricenses estarían planeando diseñar y crear un nuevo tributo, que consiste en que cada persona pague un impuesto de ¢3 por cada ¢1.000 en las transacciones que realice a través de un banco, financiera, mutual, puesto de bolsa o alguna otra entidad financiera.
Con el objetivo de gravar el monto total de las utilidades de personas físicas o jurídicas domiciliadas en Costa Rica, sin importar el lugar donde sean generadas sus ganancias, se presentó ante la Asamblea un proyecto que busca modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Actualmente en Costa Rica se aplica un sistema de renta territorial, que consiste en gravar las ganancias producidas exclusivamente a nivel local.
A partir del 28 de agosto el Ministerio de Hacienda de Costa Rica puso a disposición de los contribuyentes, una plataforma virtual tiene aproximadamente 40 funcionalidades relacionadas con control extensivo, recaudación, valoraciones y fiscalización.
La nueva herramienta llamada "Trámite Virtual" y a la que se puede acceder desde cualquier dispositivo, funciona como instrumento de acompañamiento para los contribuyentes que requieren estar al día con las normas tributarias, informó el Ministerio de Hacienda (MH).
Con el objetivo de de actualizar el Acuerdo Intergubernamental para la efectividad de la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativo a Cuentas Extranjeras, firmado por las dos partes en 2013, los gobiernos de ambos países suscribieron un acuerdo complementario de FATCA.
Con la suscripción del Acuerdo complementario se actualizará el fundamento jurídico del Acuerdo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), con lo establecido en el Acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos de América para el intercambio de información en materia tributaria, el cual entrará en vigor el próximo mes de setiembre, informó el Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
La contracción económica nacional y el efecto de la moratoria tributaria establecida en la Ley 9830, provocaron en los primeros cinco meses de 2020 una caída de 6,1% en la recaudación tributaria.
El mayor impacto en los ingresos tributarios se observó en los siguientes rubros: aduanas, por la caída de las importaciones ante la desaceleración de la actividad económica, renta, por la disminución en el ingreso por el impuesto a las personas jurídicas y remesas del exterior, y “otros ingresos tributarios”, en especial por el comportamiento del impuesto único a los combustibles y la caída en los derechos de salida del territorio, informó el Banco Central.
english
2328