Las entidades de gobierno y municipales pueden aprovechar la inteligencia de localización para optimizar la planificación estratégica, mejorar la calidad de los servicios públicos y optimizar sus presupuestos.
¿Qué proporciona la inteligencia de localización a los gobiernos?
Los datos de localización brindan a los responsables del sector público la capacidad de mejorar la planificación estratégica y las políticas operativas. Estos datos son un recurso imprescindible para las organizaciones del sector público encargadas de hacer frente a los complejos retos actuales.
Los análisis mediante técnicas de gestión de Big data permiten a los gobiernos comprender las necesidades de sus ciudadanos, combatir el fraude, minimizar errores en los sistemas y mejorar las operaciones, reduciendo costos y mejorando los servicios de cualquier entidad gubernamental.
Un análisis de movilidad mediante datos de localización y Big Data permite a los gobiernos y a las organizaciones del sector público ofrecer servicios más eficaces y seguros, así como responder con mayor rapidez y precisión a las necesidades de clientes y ciudadanos.
El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras requiere la licitación para realizar la declaración jurada en la institución con fondos nacionales según la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
Compra del Gobierno de Honduras TSC-003-2021-DAG:
"El Tribunal Superior de Cuentas licita la adquisición del proyecto sobre la declaración jurada en la institución, por lo tanto, establece los siguientes lineamientos para que las empresas interesadas presenten sus propuestas.
En Costa Rica el Ministerio de Hacienda aclaró que no ha presentado, ni presentará ningún proyecto de ley, para el cobro de nuevos impuestos en SINPE, es decir, que en el caso de los movimientos de dinero y envíos de remesas que se realizan en la plataforma no se aplicará el cobro del IVA ni de ningún otro impuesto.
El Ministerio de Hacienda informó el 16 de junio que el cobro del IVA a quienes utilicen el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE) como medio de pago, aplicará únicamente, sobre las compras de bienes y servicios gravadas con dicho impuesto, es decir, en SINPE deben pagar IVA las transacciones que pagarían IVA fuera de SINPE.
Con el objetivo de brindar seguridad jurídica en materia tributaria a las empresas que tienen transacciones con empresas vinculadas, en Costa Rica la Dirección General de Tributación emitió una resolución sobre pautas a seguir para la suscripción de Acuerdos de Precios por Anticipado.
El precio de transferencia es el que pactan dichas empresas para prestarse bienes y servicios o para traspasar derechos entre ellas, los cuales, conforme a la Ley de Impuesto sobre la Renta, se deben valorar a precios de mercado, como si se tratara de operaciones entre partes independientes.
En el marco del ajuste fiscal que se discute en El Salvador para firmar un acuerdo con el FMI, las autoridades locales pretenden aplicar los cobros del IVA, ISR y otros impuestos específicos a las empresas que vendan sus productos y servicios en línea.
En Panamá a partir del 1 de junio la administración tributaria estará facilitando la inclusión de contribuyentes a través de una aplicación gratuita de factura electrónica, la cual podrá ser operada desde cualquier computadora, tabletas o dispositivo móvil.
La DGI está promoviendo el uso voluntario de la factura electrónica como una de las alternativas de facturación e incorporando el modelo operativo con los PAC y poniendo a disposición del contribuyente un facturador gratuito simplificado, explica un documento oficial.
Inicialmente el período ordinario para declarar a los beneficiarios finales de las sociedades vencía el 30 de abril, pero las autoridades decidieron extender hasta 31 de mayo el plazo.
Esta declaración debía presentarse durante el mes de abril; de conformidad con la resolución N°DGT-ICD-R-06-2020, sin embargo, debido al estado de emergencia que enfrenta al país por la pandemia Covid19, estas instituciones acordaron ampliar el plazo, para garantizar la atención de esta obligación y facilitar el cumplimiento voluntario, informó el Ministerio de Hacienda.
Por la posible comisión del delito de Defraudación Tributaria, la Superintendencia de Administración Tributaria intervino a la empresa mercantil J.I. Cohen.
La intervención fue autorizada por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera del Municipio y Departamento de Guatemala, informó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
En Panamá fue aprobado en tercer debate un proyecto de ley que establece exoneraciones para aquellas personas naturales y jurídicas especializadas en la operación de plantas industriales de reciclaje.
El objetivo de este nuevo marco normativo es estimular con beneficios fiscales ambientales el establecimiento de empresas de reciclaje, inexistentes en Panamá, vista como un proceso ideal para acabar con el problema de la acumulación de basura en el país, informó la Asamblea Nacional.
Después que en Costa Rica el alcalde de Alajuela presentara una acción de inconstitucionalidad para revertir la interpretación auténtica aprobada por los diputados para el pago de impuestos sobre bienes inmuebles que aplica a las zonas francas, la Sala falló negativamente al recurso legal presentado.
Los magistrados determinaron que los alegatos presentados el 16 de marzo de 2021 por Humberto Soto, alcalde del municipio de Alajuela, eran incorrectos y el recurso fue rechazado.
Luego que en Costa Rica el alcalde de Alajuela presentara una acción de inconstitucionalidad para revertir la exoneración del pago de impuestos sobre bienes inmuebles que aplica para las zonas francas, el sector empresarial opina que se está atentando contra la seguridad jurídica.
El 16 de marzo de 2021 Humberto Soto, alcalde del municipio de Alajuela, presentó una acción de inconstitucionalidad.
El presidente Laurentino Cortizo sancionó la Ley 208 de 6 de abril de 2021, que extiende hasta el 31 de diciembre de este año la vigencia de la amnistía tributaria, que inicialmente surgió en 2019.
Con esta iniciativa del Ejecutivo, promulgada en Gaceta Oficial y que forma parte del Plan de Recuperación Económica (fase 1), los contribuyentes tendrán hasta el 31 de agosto de 2021 para realizar pagos o suscribir arreglos de pago con respecto a obligaciones tributarias no cumplidas hasta el 31 de enero de este año, informaron fuentes oficiales.
Como parte del proceso de digitalización de las gestiones tributarias, a partir del 1 de julio de 2021 los contribuyentes que se inscriban ante la Superintendencia de Administración Tributaria serán añadidos al régimen de Factura Electrónica en Línea.
Datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) precisan que a marzo de 2021 ya se habían inscrito 265.620 contribuyentes en el régimen de Factura Electrónica en Línea (FEL).
La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley que extiende hasta el 31 de diciembre de este año la vigencia de la amnistía tributaria, que inicialmente surgió en 2019.
La extensión de una cuarta Amnistía Tributaria General, que surgió en el 2019, aprobó, en tercer debate, la Asamblea Nacional y que representa un ahorro de 29 millones de dólares a los contribuyentes, señala una fuente oficial.
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