Para el sector empresarial es preocupante que en Costa Rica sea constante la creación de nuevos tributos, tasas y cánones como solución fácil y rápida a los problemas que afectan al país, como sucede con el proyecto de ley que pretende gravar el uso del plástico.
El proyecto No. 21159 “Ley para solucionar la contaminación de residuos plásticos”, que fue presentado ante la Asamblea Nacional por la diputada del partido oficialista Paola Vega, contempla el cobro de un impuesto por la importación o nacionalización de insumos de plástico, por vender o consumir artículos de este material.
Especialistas y autoridades opinan que el fallo con el que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala revocó la suspensión que impedía el acceso con fines fiscales a información bancaria de los contribuyentes, podría revertirse con otra acción legal.
En los últimos días el tema ha cobrado mayor relevancia en el país, pues tras un año de estar suspendido el acceso a la información bancaria con fines tributarios, el pasado 6 de agosto la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva, por lo que autoriza a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para que pueda revisar las cuentas de los contribuyentes.
Un año después de haberse suspendido el acceso a la información bancaria de los contribuyentes para fines fiscales, en Guatemala la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva y revocó la suspensión.
Con la entrada en vigencia del Acuerdo 122-2019 se reglamenta la aplicación del cobro del impuesto específico, la información aduanera correspondiente a las importaciones de cemento o clinker y se permite nombrar personal para fiscalizar los lugares de almacenamiento.
Debido a que el Acuerdo Gubernativo 122-2019 fue publicado en el Diario de Centro América el 25 de Julio de 2019, la normativa ha cobrado vigencia en el país. Ver publicación completa.
Aunque Costa Rica y Nicaragua aprobaron este año sendas reformas fiscales, se pronostica que no se alcanzarán los resultados esperados en materia de recaudación de impuestos.
El documento "Centroamérica: análisis sintético, por país, del desempeño de la recaudación tributaria en 2019", elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explica que, en el caso de Costa Rica y Nicaragua, los resultados esperados en términos de mejora en la recaudación, aún están entredicho.
En Nicaragua las empresas dedicadas a la producción de pan están enfrentando varias dificultades por el aumento de sus costos de operación, que derivan del alza en los impuestos y en las tarifas eléctricas.
El inicio del año ha sido difícil para la mayoría de los sectores productivos del país y los panificadores no escapan a esta realidad. El 27 de febrero de 2019 fue aprobada la reforma a Ley de Concertación Tributaria, que consistió en subir de 1% a 2% el impuesto sobre la renta para las empresas medianas de mayor renta. Otra de las medidas que contemplaba la reforma era elevar de 1% a 3% el impuesto sobre la renta de los grandes contribuyentes.
En Nicaragua hay incertidumbre debido a que el gobierno revisa la reforma tributaria sin la participación de los empresarios, y porque en septiembre se podrían hacer ajustes al salario mínimo.
En la revisión que realiza el gobierno de la reforma tributaria vigente en Nicaragua desde febrero, los empresarios consideran que no se hará ninguna rebaja en los impuestos, pese a que los costos de producción en el país se han elevado considerablemente.
Luego de que el 27 de febrero de 2019 fuera aprobada la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, que consiste en subir de 1% a 2% el impuesto sobre la renta para las empresas medianas de mayor renta, y para los grandes contribuyentes de 1% a 3%, el sector productivo ha reportado alzas en sus costos de producción.
Empresarios del sector industrial en Nicaragua aseguran que desde que se implementó la reforma tributaria en el primer trimestre del año, el empleo ha caído entre 30% y 35%.
El 27 de febrero de 2019 fue aprobada la reforma a Ley de Concertación Tributaria, que consiste en subir de 1% a 2% el impuesto sobre la renta para las empresas medianas de mayor renta. Otra de las medidas que contempla la reforma es elevar de 1% a 3% el impuesto sobre la renta de los grandes contribuyentes.
La Asamblea Legislativa aprobó una moratoria de tres meses improrrogables, en sanciones, mora, intereses, multas o cualquier otra disposición sancionatoria, relacionadas con el cobro del impuesto al valor agregado, que entró en vigencia el pasado 1 de julio.
Se excluye de esta moratoria a los contribuyentes calificados por la Administración Tributaria como grandes contribuyentes nacionales y grandes empresas territoriales, explica un comunicado de la Asamblea Legislativa.
En el contexto de las protestas y bloqueos que afectan a Costa Rica desde hace varios días, los empresarios denuncian que se registran millonarias pérdidas, principalmente en el turismo, las exportaciones, y las actividades agrícolas, industriales y comerciales.
En Costa Rica las modificaciones de los tramos para el impuesto al salario establece que las rentas de hasta $1.394 estarán libres del cobro del gravamen, y las que excedan de $1.394 y hasta $2.046, pagarán 10%.
El Ministerio de Hacienda publicó el pasado 25 de junio, en La Gaceta, los nuevos tramos del impuesto sobre la renta que se aplicarán sobre los salarios entre el 1.° de julio al 30 de setiembre del 2019.
El 11 de junio fue publicado en el diario oficial La Gaceta, el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, el cual se comenzará a aplicar el próximo 1 de Julio.
El Reglamento que fue publicado en el Alcance 129 del diario oficial, fue sometido a consulta pública el pasado mes de marzo.
En Nicaragua las autoridades informaron que decidieron suspender el cobro de la tarifa adicional de $0,05 por cada kilogramo que se exporte o importe, vía aérea.
El cobro extra entró en vigencia el pasado 25 de abril, pero desde el inicio el sector privado se manifestó en contra, pues se argumentaba que la tarifa que aplicaría el gobierno nicaragüense, pondría al borde del cierre a algunas empresas locales y provocaría una baja de cerca de $50 millones anuales.
Para el sector empresarial guatemalteco están dadas las condiciones para que se facilite la exoneración de multas e intereses pese a ser un año electoral, pero para el gobierno, una amnistía fiscal no será una opción este año.
Ante el problema de la devolución de crédito fiscal que se ha reportado por varios años en Guatemala, empresarios opinan que es viable hacer una amnistía fiscal, pero las autoridades no la consideran, pues argumentan que no es la vía para mejorar los ingresos fiscales.
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