Para acceder al crédito de $1.750 millones que pretende solicitar al FMI, el gobierno de Costa Rica propone gravar las transacciones financieras, aumentar el impuesto a las utilidades de empresas y personas, e incrementar el impuesto a los bienes inmuebles.
La tarde del 17 de septiembre y en el contexto de una severa crisis económica que ya venía gestándose desde antes del inicio de la pandemia, la administración Alvarado presentó el plan con el que pretende mitigar el impacto fiscal que tuvo la crisis del covid19, propuesta para negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un crédito de $1.750 millones.
En Guatemala las cámaras de industria y comercio se oponen a la iniciativa de ley que propone crear un régimen fiscal especial para la actividad agropecuaria.
El proyecto "Ley sobre Simplificación, Actualización e Incorporación Tributaria", que lleva más de dos años en el Congreso de la República, le fue programada su discusión para su redacción final hasta el recién pasado 10 de septiembre.
Aunque Costa Rica y Nicaragua aprobaron este año sendas reformas fiscales, se pronostica que no se alcanzarán los resultados esperados en materia de recaudación de impuestos.
El documento "Centroamérica: análisis sintético, por país, del desempeño de la recaudación tributaria en 2019", elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explica que, en el caso de Costa Rica y Nicaragua, los resultados esperados en términos de mejora en la recaudación, aún están entredicho.
En Costa Rica el déficit financiero del gobierno central al quinto mes del año mantuvo su tendencia al alza como resultado del mayor gasto por intereses, y se ubicó en 2,6% como proporción del PIB.
Si bien el comportamiento del déficit financiero es explicado en buena medida por el pago de intereses, el incremento del gasto de capital muestra también una variación significativa, lo que se traduce en mejores condiciones de infraestructura necesaria para facilitar la movilidad de mercancías y personas, explica un boletín informativo del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
El 11 de junio fue publicado en el diario oficial La Gaceta, el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, el cual se comenzará a aplicar el próximo 1 de Julio.
El Reglamento que fue publicado en el Alcance 129 del diario oficial, fue sometido a consulta pública el pasado mes de marzo.
En medio de la crisis política y económica en que se encuentra Nicaragua, la Asamblea Nacional aprobó una reforma tributaria que eleva de 1% a 3% el impuesto sobre la renta de los grandes contribuyentes.
La mañana del 27 de febrero fue aprobada la reforma a Ley de Concertación Tributaria, que también contempla subir de 1% a 2% el impuesto sobre la renta para las empresas medianas de mayor renta.
El sector empresarial aplaude el avance logrado con la aprobación de la reforma fiscal en primer debate, pero recuerda que no resuelve por completo los problemas financieros que enfrenta el Estado.
El pasado viernes los diputados aprobaron en primer debate el expediente número 20.580, conocido como ley de reforma fiscal. La aprobación fue recibida con optimismo por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), sin embargo, afirman que deben realizarse varios ajustes al gasto público para lograr soluciones de largo plazo.
En Panamá fue aprobado el proyecto de ley que regula la actividad de los centros de llamadas, dejando libres de impuestos directos e indirectos a las empresas del sector.
La Asamblea Nacional informó que fue aprobado en en tercer debate el proyecto de Ley 653 mediante el cual se regula la actividad de los centros de llamadas para uso comercial (call center).
La carga tributaria creció desde 13,4% en 2013 a 14% en 2016, tanto por el efecto rezagado de las reformas fiscales en Honduras y Nicaragua, como por una mejor gestión de las entidades tributarias de Guatemala y Panamá.
Del Informe Económico Regional (IER) 2016-2017: Oportunidades y retos para Centroamérica, de SIECA:
La reforma al Código Tributario aprobada parcialmente por el Congreso deja por fuera el concepto de "renta mundial", y establece la "renta territorial".
Reseña Latribuna.hn que "...El anteproyecto del nuevo Código Tributario fue elaborado por el gobierno, los empresarios y un sector de la economía social, durante la socialización se dijo que el cambio a “Renta Territorial representaría un retroceso en materia de combate a la fuga de capitales."
Precios de transferencia y doble imposición tributaria son dos de los temas que tratan tres proyectos de reforma de reglamentos que el Ministerio de Hacienda tiene en consulta pública.
Una de las propuestas es el proyecto de “Declaración informativa de precios de transferencia”. Explica Crhoy.com que "... Esta faculta a la Administración tributaria para que compruebe que las operaciones realizadas entre partes relacionadas sean valoradas a precios similares a los que se hubieran acordado entre partes independientes en operaciones comparables."
El sector empresarial se opone a la propuesta de ley con la que pretenden aumentar de 5% a 6% el Impuesto sobre la Renta aplicable a la distribución de dividendos, ganancias y utilidades.
Existe una propuesta en el Congreso de la República para aumentar en un 1% el impuesto sobre la renta (ISR) que se paga por la distribución de dividendos, ganancias y utilidades. La intención es destinar esos fondos a la creación de una Secretaría de la Juventud.
En el Congreso dudan de la efectividad que tendría la aplicación del impuesto de $0,65 por línea telefónica y de $13 para las centrales de llamadas.
Entre las nueve impugnaciones presentadas por los diputados a la propuesta de gravar la telefonía, destacan la falta de definición sobre el destino de los fondos y del detalle sobre quienes deberán pagar el impuesto, si el usuario o las empresas.
Aprovechando la baja de precios del crudo el gobierno analiza incrementar la base imponible del impuesto sobre distribución de petróleo y sus derivados.
La propuesta busca subir el impuesto de los combustibles que actualmente rondan los $0,60 para gasolinas y $0,17 para el diésel. Además la medida también contemplaría un aumento a la tasa para productos derivados del petróleo como kerosina, nafta y gas licuado de petróleo.
El gobierno analiza cobrar un impuesto adicional de 1% sobre el precio del combustible cuando el precio internacional del petróleo se ubique por debajo de $50 por barril.
Según la ley aprobada en 2009, si el precio del barril de petróleo es inferior a $50 se aplica automáticamente un impuesto de 1% adicional sobre el precio del combustible. Aunque el precio internacional del petróleo ya ha llegado a cotizar a menos de $50, el tributo aún no se está cobrando.