En Guatemala el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales decidió no aprobar el instrumento ambiental, que correspondía a un proyecto inmobiliario que se conocía como El Socorro y se desarrollaría en la Zona 16 de la capital del país.
Desde que se conoció de la posibilidad de desarrollar este proyecto, varias organizaciones manifestaron su oposición, incluso las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) fueron citadas al Congreso para abordar los detalles de este expediente.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras licita la consultoría técnica para el análisis de calidad de agua, identificación de fuentes de contaminación y deterioro ambiental del Lago de Yojoa para la elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social Integrado.
Compra del Gobierno de Honduras MILY-12-SCC-CF- y PRRCH-95-SCC-CF-:
"Los servicios de consultoría que se buscan contratar tienen por objetivo, caracterizar y evaluar el impacto de las fuentes de contaminación directas e indirectas para desarrollar el Plan de Gestión Ambiental y Social Integrado del Lago de Yojoa.
El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala decidió derogar la licencia que a inicios de 2020 había otorgado al proyecto hidroeléctrico Rocja Pontilá, ubicado en Cobán, Alta Verapaz.
Hasta el 16 de diciembre de 2022 tendrán los negocios en Guatemala, para cumplir con las normas contenidas en el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que luego de que el 24 de diciembre de 2019 se publicara en el Diario de Centroamérica el Acuerdo Gubernativo 317-2019, el cual reforma el Acuerdo Gubernativo 137-2016, se amplió por tres años el plazo para que todo proyecto, obra, industria o actividad productiva presente su respectivo instrumento ambiental para poder funcionar.
Empresas del sector manufacturero de plástico desechable tienen la capacidad de sustituir toda su producción por opciones amigables para el ambiente, pero el principal obstáculo es la limitada capacidad que tienen los clientes para pagar el sobreprecio de los bioplásticos.
En Costa Rica unas 31 empresas indicaron que tienen la capacidad para sustituir toda su producción por opciones amigables, siendo las principales limitaciones la baja capacidad de los clientes de pagar el sobreprecio de bioplásticos y las restricciones de funcionalidad de las alternativas.
A partir del 26 de septiembre regirán nuevas reglas para la categorización de proyectos de desarrollo que requieren presentar estudios de impacto ambiental.
El Acuerdo Ministerial No. 204-2019, que fue emitido por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y publicado en el Diario de Centroamérica el pasado 16 de agosto, cobrará vigencia el próximo 26 de septiembre.
El 3 de enero de 2020 vence el plazo para que las empresas y negocios que ya operan en Guatemala y no cuenten con el estudio, presenten su Diagnóstico Ambiental para recibir una rebaja en la multa.
Las multas para las empresas que aún no cuentan con el Diagnóstico Ambiental podrían ascender hasta $13 mil, sin embargo, si presentan su documentación antes de que venza el plazo la sanción podría fijarse en $650.
Un tribunal internacional falló a favor del gobierno de Costa Rica en un proceso legal en donde inversionistas estadounidenses denunciaron actuaciones arbitrarias en el desarrollo de un proyecto inmobiliario en playa Esterillos.
Del comunicado del Ministerio de Comercio Exterior:
San José. El 19 de septiembre de 2018, el Gobierno de Costa Rica fue notificado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de la decisión adoptada por el Tribunal Arbitral del caso David Richard Aven et al c. Costa Rica (conocido como “Las Olas”). Este arbitraje fue interpuesto por un grupo de inversionistas estadounidenses en el año 2014, al amparo del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica -Estados Unidos (CAFTA-DR).
Empresarios en Honduras exigen que se simplifiquen las gestiones para la emisión de licencias ambientales, cuyo trámite llega a demorar hasta dos años.
Según el sector afectado, una de las causas de los atrasos en la entrega de licencias ambientales, las cuales son necesarias para iniciar algunos proyectos, es la falta de técnicos en la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente).
Anuncian que el 20 de agosto se abrirá el proceso para que presenten sus propuestas las empresas interesadas en desarrollar el estudio de viabilidad ambiental del nuevo Aeropuerto Metropolitano de Costa Rica, a construirse en Orotina.
Autoridades de Aviación Civil informaron que el valor de referencia para el estudio de factibilidad ambiental de la terminal aérea es de $1,1 millones.
En Guatemala el gobierno prorrogó hasta el 3 de enero 2020 el plazo para regularizar proyectos, obras, industrias o actividades que no cuenten con el estudio de impacto ambiental.
Mediante el acuerdo 137-2016 el gobierno dio un plazo de dos años para que la regularización ambiental de los distintas industrias se concretara, dicho período venció el 11 de julio de este año.
Parar resolver el problema de retrasos en la aprobación de permisos de impacto ambiental, en Costa Rica empresarios del sector industrial apoyan la propuesta de intervenir la Secretaría Técnica Nacional.
Argumentando que "les afecta negativamente", la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), respalda la intervención a la Secretaría Técnica Nacional (Setena) solicitada el pasado miércoles por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Servicios de gestión de biodiversidad para proyectos de infraestructura y obras en entornos ambientales complicados.
Empresa que opera en Panamá y Panamá
Tel: 2036384
En Guatemala anunciaron que a fin de año se implementará una plataforma digital que tendrá la capacidad para informar, en minutos, si un estudio de impacto ambiental es o no viable.
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales prevé apurar la recepción y aprobación de licencias ambientales, y para ello prepara una plataforma digital que responderá a los usuarios acerca de la viabilidad o no de sus solicitudes.
A pesar de que el sector piñero costarricense ha enfrentado denuncias por supuestos daños ambientales, las ventas al exterior no han dejado de crecer, y se mantiene como el segundo producto de exportación.
Entre 2016 y 2017 las exportaciones costarricenses del fruto crecieron desde $905 millones a $970 millones, lo que representa un aumento de 7%. Esta alza se da en el marco de denuncias ambientales y sociales, debido al uso de agroquímicos y sus respectivas implicaciones.
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