En plena pandemia y crisis económica, el presidente de Costa Rica anunció, en cadena nacional, un plan de reactivación económica sin rumbo claro, sin responsables asignados y sin acciones concretas.
En el mensaje emitido la noche del 12 de julio, el presidente Carlos Alvarado explicó, de forma vaga, parte del plan que se pretende adoptar para salir de la crisis sanitaria y económica que se ha generado a raíz de la propagación del covid19.
Durante el primer semestre de 2020 los ingresos corrientes del Gobierno Central ascendieron a $2.231 millones, monto que es menor en 34% a lo reportado en igual período de 2019.
En los meses de enero y febrero del 2020, antes de los impactos adversos del covid19, la recaudación de los ingresos corrientes arrojaba resultados favorables de 11,7% por encima de los presupuestado, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Con la aplicación de la regla fiscal, en Costa Rica para el 2020 el crecimiento del gasto corriente en los presupuestos ordinarios de las entidades del Sector Público no Financiero, no podrá sobrepasar el 4,67%.
La administración Alvarado celebra la aprobación de la reforma fiscal en Costa Rica anunciando una serie de iniciativas que contemplan, entre otras cosas, un proyecto de reforma del empleo público.
Luego de un año de trámite en el Congreso y después de haber sido revisado por una Sala Constitucional, finalmente fue aprobado por la Asamblea del país el expediente 20.580.
El presupuesto 2019 aprobado por la Asamblea Nacional contempla casi $9 mil millones para inversiones, y $2.943 millones para el servicio de la deuda.
Autoridades panameñas informaron que el proyecto aprobado contempla un ajuste de 350 millones de balboas adicionales a lo presupuestado en un inicio por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La propuesta presentada por la administración Varela ante la Asamblea incluye $5.225 millones para proyectos de inversión y $2.581 millones para el servicio de la deuda.
El Ministerio de Economía y Finanzas informó que "... la propuesta contempla importantes obras de inversión pública, como el Metro de Panamá ($582.8 millones), el Cuarto Puente sobre el Canal ($288.7 millones), Techos de Esperanza ($163.6 millones), Renovación Urbana de Colón ($98.4 millones), Saneamiento de la Bahía ($108.2 millones), proyectos de agua potable y alcantarillados ($179.1 millones), construcción de hospitales y policlínicas en Colón, Darién, Veraguas, Chiriquí y Los Santos ($319.5 millones), entre otras."
Aunque insuficiente, el paquete de medidas de contención del gasto de gobierno que propone la administración Alvarado es un buen primer paso en el camino a seguir para resolver la delicada situación fiscal de Costa Rica.
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, presentó ante la Asamblea Legislativa un plan de contención del gasto gubernamental que contempla, entre otras medidas, decretar "... semestralmente un mismo monto fijo de incremento salarial para cada funcionario del Gobierno, suma que pretende evitar un crecimiento exponencial de la masa salarial y proteger los salarios más bajos. Se calculará como el resultado de aplicar el porcentaje del costo de vida al salario base más bajo. El impacto anual de esta medida se estima en ¢12.600 millones ($22 millones) incluyendo cargas sociales, cifra equivalente a la suma de los presupuestos ejecutados por el Ministerio de Comercio Exterior y Presidencia en el 2017."
Al cierre del primer trimestre de este año el déficit financiero aumentó a 1,5% del PIB, desde 1,3% reportado al mismo periodo de 2017, acompañado de una desaceleración de los ingresos tributarios.
Según el ministerio de Hacienda "... Los resultados fiscales al cierre del primer trimestre de marzo evidencian, una vez más, la necesidad de contar con una reforma estructural que permita aumentar ingresos y desacelerar el crecimiento del gasto público, objetivo que busca el Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas."
El presidente Solís ordenó a los ministerios suspender todos los procesos de licitación de vehículos, equipos e insumos, alquiler de edificios y consultorías que no hayan comenzado.
En el caso de los procesos de contratación que ya estén en marcha, será el ministro de cada cartera quien decidirá si los suspende o si los considera indispensables para la operación del ministerio.
Hasta de siete meses es la mora del Estado salvadoreño en los pagos a las empresas que le proveen de bienes y servicios, lo que afecta especialmente a las PyMEs acreedoras.
La cifra fue confirmada por el Secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, que señaló que "...
La gremial de empresas privadas presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Convención Colectiva de la refinadora estatal Recope.
Del comunicado de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado:
Costarricenses tendríamos que pagar salarios por asuetos durante fiestas patronales, subsidios para comprar anteojos y becas por estudiar en el exterior, entre otros.
Unión de Cámaras impugna estos beneficios, pagados con fondos públicos, por irracionales y desproporcionados.
Los gastos del Estado siguen siendo superiores a los ingresos fiscales mientras el gobierno clama por la aprobación legislativa de la reforma fiscal propuesta.
A octubre los ingresos totales sumaron ¢3.241.326 millones ($6047 millones), registrando una variación interanual de 8,5%, mientras que los gastos totales llegaron a ¢4.589.189 millones ($8561 millones), creciendo 9,6% respecto a igual periodo de 2014.
Señalan que la solución a la debacle financiera del Estado de Costa Rica pasa ineludiblemente por replantear el sistema de incentivos y salarios de los funcionarios públicos.
El artículo en Crhoy.com reseña que "... Economistas y ex ministros de Hacienda aseguraron que es bueno que se haga una contención del gasto público, pero que si el actual Gobierno y los diputados realmente quieren solucionar el déficit fiscal no deben quedarse únicamente con medidas administrativas y deben entrarle al tema de los salarios públicos."
Con un grave y creciente déficit fiscal, la administración Solís presentó para el 2015 un plan de gastos para el gobierno central 19% más alto que el de 2014.
Aunque el déficit fiscal a julio se ubica ya en un 3% del Producto Interno Bruto, el gobierno decidió aumentar en un 19% el presupuesto estatal para el 2015, lo cual sumado al aumento de 4% aprobado para los salarios públicos y el incremento de 14% en los recursos girados a las universidades del Estado, amenaza con presionar al alza las tasas de interés y complicar aún más el escenario económico.
La nueva administración Solís proyecta instaurar el Impuesto al Valor Agregado y exigir constancia de pago de impuestos para trámites en instituciones públicas y para solicitar créditos bancarios.
La reforma fiscal en preparación incluye un proyecto de ley para reformar el tributo de renta. Esto es parte de un proyecto del Ministerio de Hacienda que incluye 55 acciones específicas entre las cuales se encuentran cambios en el área de ingresos, reducción del gasto público y control del endeudamiento estatal.
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