Las entidades de gobierno y municipales pueden aprovechar la inteligencia de localización para optimizar la planificación estratégica, mejorar la calidad de los servicios públicos y optimizar sus presupuestos.
El préstamo del BID se utilizará para financiar el pago de pensiones en general y de la Fuerza Armada, subsidiar la energía eléctrica, e incrementar escalafones salariales de policías y docentes.
El crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por $200 millones, tiene un período de amortización de 20 años, un período de gracia de cinco años y medio y una tasa de interés basada en LIBOR, informó el organismo internacional.
Guatemala y El Salvador son las economías centroamericanas que han registrado los menores niveles de crecimiento económico, cuando este es asociado con el tamaño de su sector público.
Panamá, Nicaragua, Honduras y Costa Rica, son los países que estarían obteniendo resultados excepcionales en su crecimiento económico a partir del gasto promedio de la región durante el período de 2011 a 2018, lo cual podría estar asociado con la inversión realizada en los períodos pasados, informó el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
El presupuesto que el gobierno salvadoreño presentó para el próximo año es 23% más alto que el de 2018, y eleva a $1.613 millones la brecha a financiar.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) informó que el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2019 (PP2019) asciende a US$6,733.2 millones, un incremento de US$1,265.7 millones (23.1%) respecto al presupuesto votado 2018 y es equivalente a 24.9% del producto interno bruto (PIB)1 . Este es el monto que se ha presupuestado para el Gobierno Central para 2019, el cual muestra un aumento significativo respecto al presupuesto votado 2018 y la brecha a financiar es mayor, ya que necesitará financiamiento por el orden de US$1,612.5 millones.
La Asamblea del país acordó preparar una reforma a la Ley de Presupuesto para utilizar los recursos en el Plan de Seguridad Ciudadana.
La institución informó que los recursos a incorporar provienen de fondos pendientes de las contribuciones especiales del segundo trimestre y de lo recaudado en el último trimestre, con un total de recursos a distribuir de $22.822.950.
Como en el mito de los lemmings corriendo hacia el abismo, Costa Rica se repite en los gestos que apuntalan la definición de una sociedad incapaz de detenerse en el camino hacia una crisis terminal.
En una de las regiones que menos cobra impuestos en el mundo, la carga tributaria permaneció relativamente estable en 2017.
Del apartado Panorama Fiscal de Centroamérica, del reporte "Perfiles Macrofiscales: 9a. edición", del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi):
Solicitar más créditos o emitir bonos puente son las opciones que evalúa el ministerio de Hacienda para captar los fondos que faltan para cubrir el déficit del presupuesto 2018.
A los fondos que necesita la administración Sánchez Cerén para terminar el 2017, se suma el faltante para cubrir el presupuesto del año próximo. Los fondos necesarios son para el subsidio al gas propano y para el pago de la deuda de los Certificado de Inversión Previsional (CIP). Se estima que el faltante es de al menos $925 millones, según explicaciones del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.
En el presupuesto aprobado por la Asamblea se asignaron $943 millones para Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana y $914 millones para pago de deuda pública.
Del comunicado de la Asamblea Legislativa:
Tras alcanzar consenso con la mayoría de grupos parlamentarios, la Asamblea Legislativa durante la Sesión Plenaria de este miércoles aprobó, con 49 votos, el Presupuesto General de la Nación (PGN) y su respectiva Ley de Salarios para el presente ejercicio fiscal, el mismo tiene una estimación de $4, 957, 831,280.
Hasta de siete meses es la mora del Estado salvadoreño en los pagos a las empresas que le proveen de bienes y servicios, lo que afecta especialmente a las PyMEs acreedoras.
La cifra fue confirmada por el Secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, que señaló que "...
El presupuesto proyectado por el gobierno de Costa Rica para el 2017 es el resultado de un ejercicio aritmético, donde la voluntad política de la administración Solís apenas se reduce al mantenimiento y aumento de las prebendas de las corporaciones estatales dominantes.
Los que enfrentarán dentro de tres años el mayor riesgo de insostenibilidad fiscal son El Salvador y Honduras, seguidos de Costa Rica y, con menor riesgo, Nicaragua y Panamá.
Del apartado "Panorama Económico" del V Informe del Estado de la Región 2016:
Con los datos disponibles para el sector público no financiero de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá, y del Gobierno Central en los casos de Guatemala y Honduras, se analizó la sostenibilidad de la deuda con base en el modelo desarrollado por Deshon (2013).
Usando su poder corporativo y aprovechando el vacío de poder que aqueja al Estado, una universidad pública de Costa Rica paga sueldos de país de primer mundo, exacerbando la desigualdad entre los costarricenses y distorsionando gravemente el mercado de trabajo.
EDITORIAL
La degeneración de la democracia que está ocurriendo en muchos países latinoamericanos tiene como muestra calificada a Costa Rica, otrora ejemplo del mejor sistema para vivir en sociedad que haya alumbrado la historia.
Mientras los países del Triángulo Norte se esfuerzan por reducir o al menos mantener constantes los niveles de deuda/PIB, Costa Rica y Panamá se alejan, el primero a mayor velocidad, de la disciplina fiscal.
Introducción del informe "Perfiles Macrofiscales: 4ta. edición", del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi):
En el campo de la priorización de la estabilidad económica, por encima de la disponibilidad de recursos para financiar el desarrollo, se encuentran los países del triángulo norte de Centroamérica que, en general, muestran un esfuerzo significativo para reducir o al menos mantener constantes los niveles de deuda/PIB y el déficit fiscal, lo que implica que, en forma tácita, se está utilizando la regla fiscal del crecimiento de la deuda pública igual a cero, a pesar del impacto que ello puede tener sobre el bienestar.
Moody's cambió de estable a negativa la perspectiva de la calificación de la deuda soberana, señalando la limitada habilidad del gobierno para controlar el creciente gasto público y el elevado déficit fiscal.
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