La administración Alvarado presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto público para 2020, que será 4,3% inferior al de 2019, representando así el mayor recorte de gasto de los últimos años.
Una disminución en el gasto corriente, así como un decrecimiento en las plazas de las instituciones del sector público y en los salarios, permitieron que el presupuesto del gobierno central para el 2020 sea más bajo que el de este año, informó la Asamblea.
El préstamo del BID se utilizará para financiar el pago de pensiones en general y de la Fuerza Armada, subsidiar la energía eléctrica, e incrementar escalafones salariales de policías y docentes.
El crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por $200 millones, tiene un período de amortización de 20 años, un período de gracia de cinco años y medio y una tasa de interés basada en LIBOR, informó el organismo internacional.
En lo que va de la administración Morales, el gobierno guatemalteco ha levantado $2.400 millones a través de la colocación de eurobonos, pero se cuestiona la calidad con que se están ejecutando los fondos recaudados.
La última colocación de eurobonos que se hizo fue el pasado 23 de mayo, cuando el gobierno emitió $700 millones a 30 años plazo con una tasa de 6,12%, y $500 millones a 10 años plazo con una tasa de 4,9%.
Guatemala y El Salvador son las economías centroamericanas que han registrado los menores niveles de crecimiento económico, cuando este es asociado con el tamaño de su sector público.
Panamá, Nicaragua, Honduras y Costa Rica, son los países que estarían obteniendo resultados excepcionales en su crecimiento económico a partir del gasto promedio de la región durante el período de 2011 a 2018, lo cual podría estar asociado con la inversión realizada en los períodos pasados, informó el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Con la aplicación de la regla fiscal, en Costa Rica para el 2020 el crecimiento del gasto corriente en los presupuestos ordinarios de las entidades del Sector Público no Financiero, no podrá sobrepasar el 4,67%.
Durante el año pasado el Estado panameño gastó $3.925 millones en salarios a funcionarios públicos, 8% más que lo reportado en 2017, alza que se explica por los aumentos interanuales reportados en los primeros meses de 2018.
Cifras de la Contraloría General de la República detallan que entre 2017 y 2018, el gasto en salarios a empleados públicos aumentó $298 millones, al pasar de $3.627 millones a $3.925 millones.
La administración Alvarado celebra la aprobación de la reforma fiscal en Costa Rica anunciando una serie de iniciativas que contemplan, entre otras cosas, un proyecto de reforma del empleo público.
Luego de un año de trámite en el Congreso y después de haber sido revisado por una Sala Constitucional, finalmente fue aprobado por la Asamblea del país el expediente 20.580.
Después de una larga y tensa espera, la Sala Constitucional otorgó el aval para que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas pueda ser votada en el Congreso con mayoría simple.
El fallo de la Sala IV allana el camino para que el proyecto de ley pueda avanzar con mayor celeridad en las próximas semanas en la Asamblea Legislativa. Ahora los legisladores podrán votar su aprobación en segundo debate, poniendo fin a un largo periodo de incertidumbre, que derivó en una fuerte depreciación del Colón respecto al dólar, un repunte en las tasas de interés y una preocupación generalizada por el futuro económico en el corto plazo.
El presupuesto 2019 aprobado por la Asamblea Nacional contempla casi $9 mil millones para inversiones, y $2.943 millones para el servicio de la deuda.
Autoridades panameñas informaron que el proyecto aprobado contempla un ajuste de 350 millones de balboas adicionales a lo presupuestado en un inicio por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El presupuesto que el gobierno salvadoreño presentó para el próximo año es 23% más alto que el de 2018, y eleva a $1.613 millones la brecha a financiar.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) informó que el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2019 (PP2019) asciende a US$6,733.2 millones, un incremento de US$1,265.7 millones (23.1%) respecto al presupuesto votado 2018 y es equivalente a 24.9% del producto interno bruto (PIB)1 . Este es el monto que se ha presupuestado para el Gobierno Central para 2019, el cual muestra un aumento significativo respecto al presupuesto votado 2018 y la brecha a financiar es mayor, ya que necesitará financiamiento por el orden de US$1,612.5 millones.
De enero a agosto de este año el Estado panameño ha gastado $2.580 millones en salarios a funcionarios públicos, 10% más que lo reportado en los primeros ocho meses de 2017.
Según cifras de la Contraloría General de la República entre enero y agosto de 2017 y el mismo período de este año el gasto en salarios a empleados públicos aumentó $241 millones, al pasar de $2.339 millones a $2.580 millones.
La Asamblea del país acordó preparar una reforma a la Ley de Presupuesto para utilizar los recursos en el Plan de Seguridad Ciudadana.
La institución informó que los recursos a incorporar provienen de fondos pendientes de las contribuciones especiales del segundo trimestre y de lo recaudado en el último trimestre, con un total de recursos a distribuir de $22.822.950.
Como en el mito de los lemmings corriendo hacia el abismo, Costa Rica se repite en los gestos que apuntalan la definición de una sociedad incapaz de detenerse en el camino hacia una crisis terminal.
Obras viales, de saneamiento y nuevas escuelas dejarán de construirse este año en Nicaragua, debido al recorte del gasto público que aprobó la Asamblea Nacional en el presupuesto de este año.
Debido al impacto que la crisis política y social ha tenido en la economía de Nicaragua desde mediados de abril, la administración Ortega presentó un nuevo presupuesto a la Asamblea, que contempla una reducción en los ingresos y en los gastos previstos para lo que resta del año.
El costo de no tomar decisiones sobre el grave problema fiscal que afecta a Costa Rica "resulta inconmensurable y con el potencial de afectar no sólo el orden económico, sino social y democrático del país."
Así de enfática y clara es la postura de la Contraloría General de la República de Costa Rica sobre la grave y riesgosa situación en que se encuentran las finanzas públicas del país.
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