El gasto que realizaron las entidades estatales en salarios de funcionarios públicos en el primer trimestre del año creció 5% respecto al mismo periodo de 2019.
En medio de la crisis generada por la pandemia del covid19, el gasto en salarios durante el mes de Marzo creció en $17 millones, pese a que se registró una reducción de 2.329 empleados en ese mismo mes.
En 2019 la percepción de corrupción en las instituciones públicas aumentó en todos los países de la región, con excepción de Costa Rica, donde se mantuvo igual que en 2018.
Como ha sido la constante en los últimos años, el sector público de Nicaragua continúa siendo percibido como el más corrupto de la región (nivel de transparencia 22 en escala de 0 a 100), seguido de Guatemala (26), Honduras (26), República Dominicana (28), El Salvador (34), Panamá (36), y Costa Rica (56).
República Dominicana, Panamá y Honduras, son las naciones de la región donde la mayoría de la población opina que en los últimos doce meses ha aumentado la corrupción en las instituciones de gobierno.
El reporte "Barómetro Global de la Corrupción: América Latina y El Caribe 2019 - Opiniones y Experiencias de los ciudadanos en materia de corrupción", elaborado por Transparency International y publicado el 23 de septiembre de 2019, evaluó la percepción de la corrupción en los países de la región y algunos aspectos de inseguridad.
El poder que tienen los sindicatos de empleados públicos en el país quedó de manifiesto con el acuerdo que autoridades de la Caja del Seguro Social aceptaron firmar para que los empleados de la entidad puedan seguir gozando de privilegios en perjuicio de los demás.
EDITORIAL
Argumentando que "judicializar" la huelga era la única y mejor salida que se podía lograr en el corto plazo, las máximas autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) cedieron a las presiones de los sindicalistas, quienes con el afán de mantener el trato diferenciado del que han gozado por muchos años, suspendieron el acceso a servicios básicos de salud, llegando incluso a realizar acciones tan despreciables como cerrar un banco de sangre y paralizar equipos para tratamiento de cáncer.
A partir del 1 de julio entra en vigencia el segundo incremento del salario mínimo por hora para los trabajadores de la construcción en Panamá, el cual llega en un contexto de baja considerable en la actividad del sector.
El aumento es parte de la Convención Colectiva de Trabajo CAPAC-Suntracs, que su negociación puso fin a una huelga que en 2018 duró más de 30 días. Esta alza llega en medio una caída en la construcción que desde varios meses atrás se viene registrando, pues según cifras oficiales al cierre del primer cuatrimestre de 2019 el costo de las nuevas construcciones, adiciones y reparaciones bajó 28% respecto a igual período de 2018.
Durante el año pasado el Estado panameño gastó $3.925 millones en salarios a funcionarios públicos, 8% más que lo reportado en 2017, alza que se explica por los aumentos interanuales reportados en los primeros meses de 2018.
Cifras de la Contraloría General de la República detallan que entre 2017 y 2018, el gasto en salarios a empleados públicos aumentó $298 millones, al pasar de $3.627 millones a $3.925 millones.
En 2018 la percepción de corrupción en las instituciones públicas aumentó en todos los países de la región, con excepción de Panamá, donde se mantuvo igual que en 2017, y en El Salvador, donde disminuyó levemente.
Al igual que años anteriores, el sector público de Nicaragua continúa siendo percibido como más corrupto de la región (nivel de transparencia 25 en escala de 0 a 100), seguido de Guatemala (27), Honduras (29), El Salvador (35), Panamá (37), y Costa Rica (56).
La definición de cuánto y cómo debe ajustarse el salario mínimo, algo que en ocasiones parece hacerse de forma antojadiza y con fines políticos, sigue siendo uno de los factores que más enfrenta a empresarios y gobiernos de Centroamérica.
En Costa Rica se aprobó para 2019 un incremento de 3% en el salario mínimo; en El Salvador, se prevé discutir un aumento, y en Guatemala, la comisión a cargo del tema informó que este año no se harán incrementos.
Los trabajadores de los recintos aduaneros de Panamá y de Zona Libre de Colón mantienen paralizadas las labores desde el 6 de diciembre, y podrían prorrogar la huelga al menos durante un día más.
La huelga que realizan los funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) inició el 6 de diciembre, en reclamo del pago de un bono de navideño, ajustes salariales y la permanencia de los trabajadores eventuales.
Los representantes de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica están más preocupados por defender sus inaceptables privilegios, que por realizar con imparcialidad y de forma moral el trabajo para el cual fueron designados.
EDITORIAL
Argumentando que la reforma fiscal aprobada en primer debate en la Asamblea Legislativa impone medidas de contención de gasto sobre los salarios del Poder Judicial, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia anunciaron que se opondrán a la reforma si no se eliminan de la misma los puntos que, a su criterio, afectan el funcionamiento de las instituciones del Poder Judicial.
De enero a agosto de este año el Estado panameño ha gastado $2.580 millones en salarios a funcionarios públicos, 10% más que lo reportado en los primeros ocho meses de 2017.
Según cifras de la Contraloría General de la República entre enero y agosto de 2017 y el mismo período de este año el gasto en salarios a empleados públicos aumentó $241 millones, al pasar de $2.339 millones a $2.580 millones.
Los exportadores ya resienten los efectos de cinco días continuos de manifestaciones, bloqueos e inseguridad generalizada en las vías de Costa Rica.
Ante la huelga que iniciaron días atrás los sindicatos de las instituciones públicas del país, la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) denuncia que las empresas del sector están enfrentando múltiples dificultades para exportar sus productos.
Como en el mito de los lemmings corriendo hacia el abismo, Costa Rica se repite en los gestos que apuntalan la definición de una sociedad incapaz de detenerse en el camino hacia una crisis terminal.
Entre enero y Junio el Estado panameño desembolsó $1.915 millones en salarios a funcionarios públicos, 12% más que los $1.708 millones reportados en el primer semestre de 2017.
La Contraloría General de la República reportó que el sueldo bruto acumulado de la planilla del Sector Público en el mes de junio de 2018 sumó $333.3 millones, de los cuales $312.2 millones corresponden a funcionarios permanentes y $21.1 millones a funcionarios eventuales.
Al cierre del primer cuatrimestre del año el déficit financiero del Gobierno Central llegó a 1,9% del PIB, explicado por el crecimiento de casi 8% en los gastos acumulados.
En un comunicado el ministerio de Hacienda informó que "... Al cierre del primer cuatrimestre del año, el déficit financiero del Gobierno Central alcanzó los ¢670.560,0 millones, que representan 1,9% del PIB, porcentaje mayor al presentado en el mismo periodo del 2017 (1,8%).
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