Se presentará ante el Congreso de la República de Guatemala una iniciativa de ley que pretende obligar a contadores públicos, auditores, abogados y notarios, a reportar sus transacciones.
El proyecto de Ley que busca ampliar los alcances de las personas obligadas sujetas a control del lavado de dinero, y que será presentado por la Superintendencia de Bancos (SIB), va dirigido principalmente a los profesionales como personas individuales, pero también incluirá empresas inmobiliarias, agencias de vehículos y casinos.
Argumentando que el objetivo es garantizar que los autos usados que ingresan a Costa Rica se encuentren en óptimas condiciones, las nuevas autoridades de Aduanas están endureciendo los controles sobre las unidades importadas.
Los importadores de vehículos usados en Costa Rica denuncian que desde que asumió el nuevo director general de Aduanas en enero de este año, se está promoviendo una nueva directriz que genera incertidumbre en el sector.
Un fallo judicial dejó sin efecto las resoluciones de la SAT que autorizaban a Empresa Portuaria Quetzal y Terminal de Contenedores Quetzal a operar como depósitos aduaneros temporales.
Aunque la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) anunció que apelará el fallo de la Sala Segunda de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la realidad es que desde el 28 de Junio están suspendidas las actividades de los depósitos aduaneros en Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y en la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). "...La resolución ordena que la SAT ya no tenga bajo su administración el servicio aduanero, lo que contraviene el código aduanero centroamericano CAUCA, por lo que la Superintendencia presentará un recurso de apelación en contra de la decisión de la Sala."
En 2016 la relación gasto total respecto al PIB de los gobiernos centrales de los países de la región se mantuvo casi sin cambios respecto al año previo, al pasar de 18,3% a 18,6%.
Del reporte "Perfiles Macrofiscales: 8a. edición", del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi):
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó su más reciente edición del documento Perfiles Macrofiscales de Centroamérica que contiene el análisis de la situación fiscal de Centroamérica y de cada uno de los países de la región, al cierre del ejercicio fiscal 2016, así como las líneas principales contenidas en los presupuestos aprobados para 2017. La publicación incluye en esta oportunidad una revisión a los principales indicadores vinculados con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 —ODS 2030— y plantea la urgente necesidad de avanzar en una nueva agenda fiscal que permita en el corto plazo la atención efectiva de estos compromisos adquiridos.
La Superintendencia de Administración Tributaria tiene contemplado el uso de esta herramienta en su plan de fiscalización para el año 2017.
Del comunicado de Tezó & Asociados:
LA LIBERACIÓN DEL SECRETO BANCARIO ES UNA HERRAMIENTA DE FISCALIZACIÓN QUE LA SAT UTILIZARÁ EN EL 2017
Como mencionamos en nuestro Memorándum Tributario número 11-16, la liberación del “Secreto Bancario” estará vigente a partir del 27 de febrero del 2017, lo cual consiste en que la SAT podrá requerir a las siguientes entidades: Bancos, Financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Entidades de Microfinanzas sin Fines de Lucro: información sobre movimientos bancarios, transacciones, inversiones, activos disponibles u otras operaciones y servicios realizados por cualquier persona individual o jurídica, ente o patrimonio. La SAT solicitará este tipo de información, en aquellos casos en que exista duda razonable en torno a actividades u operaciones que ameriten un proceso de investigación. El objetivo de la liberación del Secreto Bancario, es que la SAT disponga de una herramienta de fiscalización para comprobar si todos los ingresos de una persona individual o jurídica, inscrita o no como contribuyente, han pagado los impuestos que le corresponden.
La ley aprobada por el Congreso establece el levantamiento del secreto bancario mediante orden judicial a solicitud de la Superintendencia de Administración Tributaria.
Del comunicado del Congreso de Guatemala:
La Ley para el Fortalecimiento de la Transferencia Fiscal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) quedó aprobada este martes y registrada con el Decreto 37-2016.
Bancos deberán reportar al Instituto sobre Drogas las operaciones financieras que no se correspondan con la declaración tributaria.
A través de un decreto la administración Solís modificará el reglamento de la Ley 8204 contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada.
Por medio de una reforma al artículo 34 del Decreto Ejecutivo N° 36948-MP-SP-JP-H-S: se regula lo siguiente:
A un año de haberse aprobado las leyes para prevenir el lavado de dinero, en Panamá todavía hay empresas que no se han registrado y que no podrán reportar operaciones dudosas.
La Superintendencia reitera que la decisión adoptada de la toma de control administrativo y operacional de Balboa Bank & Trust es un hecho aislado del resto del Sistema Bancario.
Del Comunicado de la Superintendencia de Bancos:
La Superintendencia de Bancos de Panamá recomienda a la comunidad atender solo a las comunicaciones oficiales que emite esta institución y hacer caso omiso a rumores infundados y mal intencionados, que se encuentren circulando o sean publicados en las redes sociales y otros medios no autorizados. Reiteramos que este tipo de noticias sin fundamento, podrían incurrir en la comisión de hechos punibles, según dispone el Artículo 260 del Código Penal.
Autorizaron a la Superintendencia de Administración Tributaria a publicar los procedimientos de fiscalización en los casos de devolución del crédito fiscal del IVA a las empresas exportadoras.
En respuesta a los reclamos de varias empresas exportadoras, el Ministerio de Finanzas eliminó la restricción de información sobre los procedimientos de fiscalización que avala la Ley de Acceso a Información.
Preparan un sistema de facturación para que las empresas reporten de forma digital y en tiempo real, en sustitución de las impresoras fiscales implementadas por la administración Martinelli.
La Dirección General de Ingresos anunció al sector privado que el nuevo sistema pretende agilizar el reporte de ventas de las grandes empresas al fisco, además de poner fin a los "...enredos que provocó el uso de las impresoras fiscales".
La Dirección Ejecutiva de Ingresos anunció que como parte de los cambios en la fiscalización y recaudación de impuestos supervisarán los precios de transferencia de las empresas con casa matriz en el extranjero.
Además de la implementación de la facturación electrónica y otros cambios que tienen por objeto mejorar la fiscalización del pago de impuestos, la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) anunció que las empresas extranjeras u hondureñas cuyas casas matrices estén fuera del país deberán reportar el detalle de sus precios de transferencia.
Un reporte del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales señala que las actividades extractivas en Guatemala "distan de presentar niveles satisfactorios de transparencia".
Del reporte del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales:
La transparencia fiscal es un elemento fundamental para garantizar que los ingresos fiscales generados por las industrias extractivas se traduzcan en mejoras en la calidad de vida de la población.
El gobierno solicitará al Grupo de Acción Financiera postergar hasta el 2017 la revisión del marco legal que se está implementando contra el blanqueo de capitales en el país.
El examen por parte del Grupo de Acción Financiera (Gafi) está previsto inicialmente para el 2016, pero el gobierno anunció que pedirá una prórroga para completar y verificar la efectividad de la reestructuración legal, que implica la aprobación de nuevas leyes y la modificación de otras.
La Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley que modifica el Código Penal para adecuar las normas legales a los estándares internacionales para la prevención de los delitos de blanqueo de capitales.
Del comunicado de la Asamblea Nacional de Panamá:
El pleno legislativo aprobó el tercer debate del Proyecto de Ley No. 102, que modifica y adiciona artículos al Código Penal.
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