En El Salvador cada semana al menos dos negocios reportan su intención de cerrar debido al impacto de las extorsiones, un problema que, lejos de resolverse, parece empeorar cada año.
Representantes de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), manifestaron que los empresarios del país no perciben ninguna mejora significativa en el clima de seguridad, luego de que en abril pasado se extendiera, por seis meses más, las medidas extraordinarias de la administración Sánchez Cerén para intentar controlar la delincuencia y la inseguridad.
El sector más vulnerable a las extorsiones es el de las pequeñas y medianas empresas, que emplean a la mitad de la población económicamente activa.
Del resumen ejecutivo del estudio de Fusades:
En El Salvador, el delito de extorsión se ha convertido en uno de los principales problemas que afecta el funcionar y actividad económica de las empresas durante los últimos años. Resultados de la Encuesta Dinámica Empresarial realizada por FUSADES desde 1991, muestran consistentemente que las micro y pequeñas empresas (MYPE) son las más vulnerables a este delito que las medianas y grandes.
El presidente Sánchez Cerén sancionó la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, con la que se espera mejorar el combate a una desafortunada práctica que afecta principalmente al sector empresarial.
Del comunicado de la Presidencia de El Salvador:
El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, sancionó el Decreto Legislativo N° 953 que contiene la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, propuesta por el gobierno para hacer más eficiente la persecución de este ilícito.
La Asamblea Legislativa aprobó la ley que autoriza a la Fiscalía General a realizar investigaciones de oficio, sin necesidad de que exista denuncia formal.
Del comunicado de la Asamblea Legislativa de El Salvador:
El Pleno Legislativo aprobó de forma unánime la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión, que permitirá endurecer las sanciones penales y procesales, así como también medidas administrativas para la prevención, investigación, enjuiciamiento del delito de extorsión.
A los costos de producción que asumen los cañicultores salvadoreños durante la zafra se suman los gastos que deben realizar en seguridad privada y en apoyo a la policía para evitar robos y extorsiones.
Los cañicultores tienen destinado un presupuesto adicional para los costos de seguridad que deben asumir debido al aumento de las amenazas y extorsiones por parte de los delincuentes.
Las empresas distribuidoras de productos en el norte de Centroamérica llegan a pagar cuotas mensuales de $100 por camión a los grupos criminales organizados.
Lejos de reducirse, el costo y los problemas que conllevan las extorsiones para las empresas en Centroamérica, continúa aumentando y perjudicando al comercio regional.
El 90% de los pequeños empresarios son extorsionados y muchos han debido abandonar el país, denuncian representantes del sector.
Aunque el porcentaje de extorsiones a las PyMEs ha aumentado 20% en 8 meses, el 76% de los empresarios afectados no realiza las denuncias de los hechos por temor a represalias. La percepción empresarial general es de un incremento en el comportamiento delincuencial, amenazas permanentes de grupos organizados y una mayor desconfianza en la Policía Nacional Civil (PNC), según informe del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (CONAPES).
Pese al aumento en los pagos por extorsión, en El Salvador en el 2013 murieron 33 conductores a manos de los delincuentes.
Catalino Miranda, representante de la Federación de Cooperativas de Transporte (FECOATRANS), explicó “que esta cantidad de dinero fue pagada por los empresarios de las 10.500 unidades que existen a escala nacional”. En 2012 se reportaron $18 millones en pago por extorsiones.
Se detectaron traslados de dinero en efectivo que luego son regresados mediante transferencias electrónicas y que en apariencia están ligados al narcomenudeo y extorsiones.
La información fue confirmada por el presidente del Banco de Guatemala, Édgar Barquín, quien explicó que de Guatemala salen los dólares en efectivo a El Salvador y posteriormente ese dinero regresa al país a través de transferencias electrónicas.
Las extorsiones y los robos a tiendas y a los camiones que transportan mercadería provocan el cierre de las pequeñas empresas.
De acuerdo con Howard Gutiérrez, presidente de la Cámara de Comercio filial San Miguel, la delincuencia está imparable y las autoridades no dan abasto para detener el delito. Solo en esa filial se reporta el cierre de 15 negocios.
El 70% de las PyMEs salvadoreñas son víctimas de delitos de extorsión, que son denunciados en un mínimo porcentaje por temor a represalias.
La Fiscalía General de la República de El Salvador se propone asesorar y proteger a pequeños y microempresarios para que denuncien las extorsiones de las que son víctimas.
El estudio realizado por gremiales de los micro y pequeños empresarios revela que el 70% son víctimas de extorsiones, de los cuales un 65% no presenta denuncia por temor a represalias.
El estudio que contó con la participación de más de 425 representantes de MyPEs fue realizado de forma conjunta entre el Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (Conapes), Unión MiyPEs y la Sociedad de Comerciantes e Industriales de El Salvador (SCIS).
El Gobierno buscará el apoyo de la empresa privada para crear un patronado antiextorsiones con el objetivo de iniciar una lucha frontal contra las personas que cometen ese delito.
“Nos vamos a reunir con ellos a fin de ver la posibilidad de conformar un patronato antiextorsiones. Estamos buscando no solo aporte económico, sino colaboración para que nos abran el camino y generen más confianza con los empresarios que son extorsionados a que denuncien”, explicó David Munguía, ministro de Justicia y Seguridad.
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