Por primera vez los Tribunales de Justicia del país condenaron a seis personas a 10 años de prisión por defraudación de impuestos a la Hacienda Pública, sentencia que corresponde al caso de una empresa importadora de ropa que defraudó por un monto superior a los $575 mil.
Carlos Vargas, director general de Tributación, indicó que durante 16 años el contribuyente que fue condenado utilizó todas las garantías procesales hasta la última instancia. Esto implicó el seguimiento del caso por parte de los diferentes actores del Estado: Procuraduría General de la República, Tribunales de Justicia, Ministerio Público y el Ministerio de Hacienda.
En este escenario de crisis económica, caída de la recaudación fiscal y necesidad de financiar programas de reactivación, en Guatemala y Costa Rica ya se propone aumentar los impuestos actuales y crear nuevos.
Las autoridades guatemaltecas ya comienzan a discutir la política fiscal que aplicarán en 2021, año en que la economía deberá afrontar los efectos de la crisis económica que ha generado el brote de covid19.
Con el objetivo de de actualizar el Acuerdo Intergubernamental para la efectividad de la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativo a Cuentas Extranjeras, firmado por las dos partes en 2013, los gobiernos de ambos países suscribieron un acuerdo complementario de FATCA.
Con la suscripción del Acuerdo complementario se actualizará el fundamento jurídico del Acuerdo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), con lo establecido en el Acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos de América para el intercambio de información en materia tributaria, el cual entrará en vigor el próximo mes de setiembre, informó el Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
Ante la propuesta de las autoridades de suprimir el secreto bancario en el país, empresarios del sector industrial se oponen, pues argumentan que en el país ya existe procedimientos jurídicos para hacerlo mediante un juez.
El 11 de febrero en conferencia de prensa el Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, defendió la propuesta de acceder a información sensible de los contribuyentes y aseguró que con el levantamiento del secreto bancario buscan hacerle frente a la evasión fiscal.
En Costa Rica la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate un proyecto de ley para que durante dos meses no se apliquen multas por errores en la declaración del registro de accionistas.
Se aprobó en su trámite de primer debate el expediente 21.758 Ley de moratoria para la aplicación de sanciones correspondiente a la declaración ordinaria del periodo 2019, relacionadas con el registro de transparencia y beneficiarios finales, dispuesto en la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. La iniciativa da prórroga para que los accionistas de las sociedades anónimas entreguen sus listas, antes de aplicar sanciones, informó la Asamblea Legislativa.
Argumentando que el país "cumple todos los compromisos en materia de cooperación fiscal", la Unión Europea decidió retirarlo de su lista de naciones y territorios considerados como no cooperadores.
Albania, Costa Rica, Mauricio, Serbia y Suiza han aplicado, antes del plazo establecido, todas las reformas necesarias para cumplir los principios de buena gobernanza fiscal de la Unión Europea (UE). Estos países serán retirados del anexo II de las Conclusiones, reseña un comunicado oficial de fecha 10 de octubre de 2020.
Empresarios piden conferir de inmediato una prórroga en la aplicación de las eventuales multas, pues una gran cantidad de representantes de empresas aun no han gestionado su firma digital y en este momento, no hay capacidad instalada en los puestos autorizados.
A partir del 1 de septiembre cerca de 370 mil personas jurídicas tendrán la obligación de cumplir con el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, siendo las cédulas jurídicas que terminan en 0 y 1, las que deben hacerlo primero.
No obstante, a partir del 1 setiembre del 2019, las personas jurídicas que así lo prefieran, independientemente del último dígito de su cédula, podrán hacer su declaración y enviarla anticipadamente. A partir del 2020 la presentación debe realizarse en el mes de abril de cada año, informó el Ministerio de Hacienda.
Desde el 21 de abril entró en vigencia el convenio que evita la doble imposición y mitiga sus efectos, además de ayudar a eliminar barreras para el comercio y prevenir la evasión fiscal.
El pasado 21 de marzo se publicó en La Gaceta la Ley 9644, correspondiente al acuerdo entre la República deCosta Ricay los Estados Unidos Mexicanos, que evita la doble imposición de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.
Con el nuevo convenio publicado en el diario oficial La Gaceta se evita la doble imposición y se mitigan sus efectos, además de ayudar a eliminar barreras para el comercio y prevenir la evasión fiscal.
El pasado 21 de marzo se publicó en La Gaceta la Ley 9644, correspondiente al acuerdo entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos, que evita la doble imposición de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.
Debido a las dudas que han surgido en el sector empresarial, en Costa Rica se informó que el inicio de registro de accionistas se postergó seis meses, y entrará en vigencia el 1 de septiembre de este año.
El objetivo de este proceso es facilitar el cumplimiento de la obligación que tienen las empresas de informar a Hacienda sobre la composición de su capital social, así como la identificación de los beneficiarios finales, según lo dispuesto en la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, precisa un comunicado del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Con el objetivo de facilitar la formalización de más empresas, en Costa Rica el sector privado propone al gobierno implementar una amnistía fiscal exclusiva para el sector informal.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), propone que la amnistía fiscal se realice evitando retroactividad y represalias, y que esta tenga un período breve de duración.
Aunque el Banco Central no ha definido aun la fecha en que las empresas deben presentar la información, ya fue publicado el nuevo reglamento del registro de transparencia y beneficiarios finales.
El reglamento fue publicado a finales de abril en el diario oficial La Gaceta, y detalla quienes son las entidades obligadas a suministrar información respecto a las participaciones sustantivas y beneficiarios finales, establecido en la Ley para Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal.
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