El 12 de noviembre se vendieron los títulos de deuda en el mercado internacional, y al finalizar la negociación se colocaron bonos por $1.200 millones con vencimiento en 2031 y $300 millones con vencimiento en 2045.
La negociación de la deuda pública que emite el gobierno de Costa Rica en el mercado internacional se cerró al medio día del 12 de noviembre, y el rendimiento para los que vencen en 2031 fue de 6,25% y para los que caducan en 2045 fue de 7,25%.
Standard & Poor's asignó una calificación de B+ a la emisión de deuda por hasta $1.500 millones que Costa Rica prevé colocar en noviembre en el mercado internacional.
"Global Ratings asignó hoy una calificación "B+" a la reapertura prospectiva de Costa Rica de sus notas que tienen una tasa de 7,158% con vencimiento en 2045 y una calificación "B +" en su emisión prevista de notas con vencimiento en 2031, esta última emisión todavía no tiene una tasa de negociación definida", informó el pasado 8 de noviembre la calificadora.
Fitch Ratings mantuvo en B+ con perspectiva negativa, la calificación de deuda soberana, argumentando que "se reflejan las debilidades en las finanzas públicas y el estancamiento político ha impedido la aprobación oportuna de reformas que aborden estos problemas".
La nueva regla fiscal no se ha aprobado, y el requisito de autorización del Congreso de préstamos extranjeros restringe periódicamente la flexibilidad financiera de Costa Rica, es otro de los argumentos de la calificadora de riesgo.
La Asamblea Legislativa aprobó un préstamo por $35 millones del Banco Interamericano de Desarrollo para "apoyar al país en la implementación de su programa de reformas fiscales".
A inicios de julio, en medio de la polémica que había generado la reciente implementación de la reforma fiscal en Costa Rica, se anunció la aprobación de un crédito para fortalecer la sostenibilidad fiscal.
Autoridades costarricenses informaron que Citi Global Markets y HSBC Global Banking, serán los bancos colocadores y asesores financieros que acompañaran al país en el proceso de emisión de títulos valores y gestión de pasivos en el mercado internacional.
La emisión que se hará a nivel internacional es la que fue aprobada el 16 de julio mediante el proyecto de Ley No. 21.201, que autoriza al Ejecutivo a administrar, emitir y gestionar operaciones de financiamiento en el mercado internacional por un monto de hasta $1.500 millones (mil quinientos millones de dólares estadounidenses).
El Ministerio de Hacienda prevé presentar un nuevo proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para colocar $4.500 millones en bonos de deuda externa el próximo año.
El monto que será solicitado es lo que falta para llegar a los $6.000 millones que fueron pedidos este año ante el Congreso, de los cuales sólo $1.500 millones fueron autorizados. Por lo tanto, de avalarse los $4.500 millones, se estaría consiguiendo el monto solicitado inicialmente.
El Banco Central prevé colocar durante el segundo semestre del año Bonos de Estabilización Monetaria, por una suma equivalente a $792 millones.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR)mantendrá la estrategia de colocación efectuada en los últimos años, emitiendo bonos mediante subastas competitivas.
Aunque la meta para este año era colocar $100 millones en bonos de deuda, durante el primer trimestre el gobierno nicaragüense sólo adjudicó $1,1 millones, poniendo en duda el nivel de confianza de los inversionistas.
La proporción de la deuda pública sobre el PIB está cerca de llegar a 60%, límite máximo permitido por ley, lo que obligará a restringir el gasto en capital en los próximos años, para evitar un mayor deterioro de las finanzas públicas.
Las autoridades de Hacienda indicaron que al cierre de 2019 la deuda pública del país representará el 59% de la producción, escenario adverso para la inversión, pues según la regla fiscal, en el momento en que la proporción llegue al 60% se afectará el gasto en capital, ya que el gobierno deberá comenzar a contener los egresos.
El objetivo del plan de endeudamiento del gobierno para el segundo semestre es captar en el mercado local hasta $2.430 millones, además de los $1.500 millones que prevé colocar en el mercado internacional.
Como parte de su estrategia para los próximos meses, el Gobierno realizará la gestión de pasivos (canjes y subastas inversas) para las series con vencimiento tanto en colones como en dólares. Además, se busca fomentar las colocaciones de títulos tasa fija en plazos de referencia de tres, cinco, siete y 10 años, principalmente, informó el Ejecutivo.
Aunque la Asamblea Legislativa aprobó la emisión de deuda por $1.500 millones en el mercado internacional, Fitch Ratings considera que en los próximos años podría resurgir la incertidumbre sobre las fuentes de financiamiento del gobierno costarricense.
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en segundo debate el proyecto de ley que autoriza al gobierno a emitir hasta $1.500 millones en bonos en el mercado internacional.
El Ministerio de Hacienda (MH) informó que con la aprobación del proyecto de Ley No.
Costa Rica "fortalecerá su sostenibilidad fiscal, por medio del control del gasto y la modernización del sistema tributario con un crédito de US$350 millones aprobado por el BID".
En medio de la polémica que ha generado la implementación de la reforma fiscal en Costa Rica, anunciaron la aprobación de un crédito por $350 millones para "apoyar al país en la implementación de su programa de reformas fiscales".
La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate la emisión de $1.500 millones en títulos de deuda en el mercado internacional, lo que a criterio de las calificadoras, ayuda a reducir la incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para hacer frente al financiamiento de sus necesidades.
El plan inicial del Ministerio de Hacienda era colocar $6.000 millones en un plazo de seis años, sin embargo, la Comisión a cargo del expediente modificó el texto para que el límite sea de $1.500 millones.
El proyecto de ley que en Costa Rica autoriza a la administración Alvarado a colocar $1.500 millones en deuda en el mercado internacional ya dio el primer paso en la Asamblea Legislativa.
Inicialmente el Ministerio de Hacienda solicitaba autorización para colocar $6.000 millones en un plazo de seis años, sin embargo, la Comisión a cargo del expediente modificó el texto para que el límite sea de $1.500 millones.
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