Las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado que se discuten en Guatemala, establece cinco causales para que el Gobierno rescinda el contrato de forma anticipada, con una empresa.
Actualmente la propuesta está en discusión en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, del Congreso de la República, y entre sus objetivos principales está resolver los problemas que derivan de los litigios entre los contratistas y las entidades del Estado, debido a temas relacionados con obras sin concluir.
El gobierno de Guatemala liquidará el contrato de trabajos de ampliación de 100 kilómetros de la carretera CA2 Oriente, que comunica al departamento de Escuintla con la frontera con El Salvador.
Autoridades del Ministerio de Comunicaciones anunciaron que este mes prevén liquidar el contrato con la empresa Sigma Constructores, el cual tenía como objetivo ampliar de dos a cuatro carriles el tramo carretero que va de Escuintla y finaliza en la frontera Ciudad Pedro de Alvarado, en departamento de Jutiapa.
Luego de intentar en múltiples ocasiones liquidar el contrato y cobrar las fianzas por la obra vial que se había adjudicado a la constructora brasileña, finalmente el gobierno guatemalteco recibió los dineros y podrá volver a licitar los trabajos.
Representantes del ejecutivo anunciaron que ya recibieron las dos fianzas correspondientes a la obra vial de 140 kilómetros de la carretera de la CA-2, por lo que prácticamente queda libre el camino para licitar nuevos contratos.
Luego de que la constructora brasileña abandonara la obra vial que se le había adjudicado, el gobierno pretende ejecutar las fianzas de anticipo y cumplimiento, que sumarían $122 millones.
El contrato que consiste en la ampliación de 140 kilómetros de la carretera CA-2 Occidente fue adjudicado a la constructora Odebrecht en 2012, sin embargo, la empresa abandonó la obra luego de realizar trabajos en solo 43 kilómetros.
El Ejecutivo analiza anular el contrato de arrendamiento entre Ferrovías y Cobigua luego de que la Procuraduría General de la Nación presentara una denuncia por presuntas anomalías.
El Poder Ejecutivo evalúa declarar la nulidad del contrato de arrendamiento entre la Compañía Desarrolladora Ferroviaria (Ferrovías) y la Compañía Bananera Guatemalteca Independiente (Cobigua), días después de que la PGN presentara una acción para que el Ministerio Público inicie una investigación que permita determinar "... quiénes fueron los responsables de firmar ese contrato, además de identificar cuáles fueron las normas legales utilizadas por Ferrovías para concretar dicho, ya que esa compañía no tiene facultades sobre el Estado." Ver "Denuncian corrupción en concesión y gestión de Puerto Quetzal". Reseña Lahora.gt que "... El contrato faculta a Cobigua a utilizar el muelle de Puerto Barrios, Izabal, hasta el 2048, luego que venciera el año pasado el contrato de usufructo oneroso, otorgado en 1990. Para la ex procuradora general de la Nación, María Eugenia Villagrán, Ferrovías no tenía facultades para darle la administración del puerto a Cobigua."
En Guatemala el gobierno se dispone a realizar un diagnóstico nuevo de las necesidades del sistema de control migratorio para luego estructurar el cartel de una nueva licitación.
El Ministerio de Gobernación de Guatemala anunció que estudia la factibilidad para implementar un nuevo sistema de control migratorio y además que estarían en disposición de construir las bases para desarrollar un nuevo contrato, sin dar fecha del concurso. La licitación se había adjudicado a la empresa suiza Security Assistance Group, S.A., pero por estar en medio de un proceso cuestionado, el titular de la cartera confirmó la rescisión del contrato.
La Procuraduría General de la Nación recomienda declarar nulo el contrato de usufructo oneroso firmado con la española Terminal de Contenedores Quetzal.
Si el Poder Ejecutivo no declara la nulidad, tal como recomienda la Procuraduría General de la Nación (PGN), ésta podría "tomar las acciones que correspondan". El argumento de la PGN se basa en que "...
Anuncian acciones de la Contraloría General de Cuentas para que se declare lesivo el contrato firmado en julio de 2012 con la española Terminal de Contenedores Quetzal.
El artículo en Lahora.gt reseña que "... el Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, confirmó a La Hora que a más tardar la próxima semana, un grupo de abogados de la entidad presentará a la Procuraduría General de la Nación, la documentación necesaria para que se declare lesivo el contrato de usufructo entre la empresa española Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y EPQ, suscrito en julio de 2012."
Rescindieron el contrato para construir y operar una terminal de combustible en el aeropuerto La Aurora, que había sido adjudicado a Terminales del Atlántico S.A.
Había sido adjudicado a la empresa suiza Security Assistance Group, S.A. y es una de las contrataciones cuestionadas en el contexto de actos de corrupción que se están desvelando en el país.
Jaguar Energy de Guatemala decidió poner fin al contrato con la constructora china encargada de la obra que generaría 300 Mw.
José Sarmiento, gerente de JEG, dijo a Prensalibre.com que “la decisión se tomó con base en las mismas cláusulas del contrato, y se debe al incumplimiento de la empresa china en entregar la planta en operación en mayo del 2013 y otros atrasos que han hecho que Energuate y sus distribuidoras (Deocsa y Deorsa) ejecuten $36 millones, a la fecha. En total, las garantías son de $73 millones”.
Modelos básicos de contratos para negocios internacionales armonizados en su estructura y contenido, incluyendo cláusulas estandarizadas idénticas o recurrentes.
Se vende terreno de 9.872 varas cuadradas ubicado a 12 minutos de Ciudad Cayalá en las cercanías de Puerta Parada, municipio de Santa Catarina Pinula. El lugar está rodeado de bosques y posee vistas envidiables. El terreno se encuentra a la orilla de la carretera,...
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