Luego de que las autoridades costarricenses elevaran de 45% a 73% el arancel al azúcar importado, el país sudamericano decidió elevar ante la Organización Mundial del Comercio, un proceso para ejercer el derecho de suspensión.
En Costa Rica el Tribunal Contencioso Administrativo falló a favor de las empresas que acusaron al gobierno de perjudicar el mercado local, luego de que la administración Solís prohibiera en 2014 la importación de aguacate mexicano.
El conflicto que sigue sin resolverse data de varios años atrás, cuando en mayo de 2014 las autoridades costarricenses decidieron prohibir laimportacióndeaguacateproveniente deMéxico, argumentando la existencia de la enfermedad denominada mancha del sol. Ver historial del conflicto.
En Costa Rica el sector bancario ganó una demanda que impuso en contra del Ministerio de Hacienda, derivado de las inconformidades por la fórmula utilizada para el cálculo del pago de impuestos.
La disputa legal data de varios años atrás, pues en 2003 la Dirección General de Tributación (DGT) validó la metodología que había sugerido la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) para calcular el pago de impuestos sobre la renta de los intermediarios financieros. Sin embargo, en 2005 las autoridades echaron para atrás la decisión.
Un tribunal internacional falló a favor del gobierno de Costa Rica en un proceso legal en donde inversionistas estadounidenses denunciaron actuaciones arbitrarias en el desarrollo de un proyecto inmobiliario en playa Esterillos.
Del comunicado del Ministerio de Comercio Exterior:
En Costa Rica rechazaron una demanda interpuesta contra el ICE por Unión Fenosa Generadora La Joya, que reclamaba $7,9 millones por supuestos sobrecostos por la suspensión de un proyecto hidroeléctrico en Turrialba.
Reseña Nacion.com que "... El caso se remonta al 2002 en el marco de un contrato BOT —construir, operar y transferir— suscrito entre el ICE y el generador privado español para producir 50 Megavatios (MW) de energía con fuente hídrica en el cantón de Turrialba."
La falta de coordinación a alto nivel estratégico en los negocios de la estatal eléctrica provoca una demanda millonaria cuyos costos pagarán todos los costarricenses.
El artículo en Nacion.com reseña que en marzo de 2015 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que un préstamo millonario para la construcción de un gran hidroeléctrica sobre el río Reventazón, estaba condicionado a que no se utilizaran las aguas del río Parismina, en la misma cuenca que el anterior, para otras plantas hidroeléctricas. Tres meses más tarde, el 4 de junio, el ICE se comprometió a comprar energía a la empresa Desarrollo Hidroeléctrico de Parismina S.A. (DHPSA), electricidad que sería generada por una planta hidroeléctrica de 20 MW a construir sobre el río homónimo. Y apenas cuatro días después, el 11 de junio, la eléctrica estatal formalizó ante el BID su compromiso de no permitir hidroeléctricas sobre el río Parismina.
El Ministerio Público iniciará un juicio penal contra representantes de la cadena española RIU por supuestos daños ambientales generados en la zona de construcción del hotel que la marca opera en Guanacaste.
Representantes de la empresa hotelera aseguran que todos los trabajos de tala de árboles en el área donde se construyó el hotel, en playa Matapalo, se realizaron fundamentados en los permisos correspondientes otorgados en su momento por las instituciones del Estado.
En Costa Rica la Asociación de Alcaldías presentará una denuncia contra la prohibición de generar energía a base de desechos sólidos, y solicitará el levantamiento de la moratoria.
A pesar de que el 21 de julio se acordó un plazo de un mes para definir un reglamento que regule la actividad, el gobierno no ha avanzado en el mismo y las municipalidades decidieron presentar una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Un grupo de inversionistas de EE.UU. presentó una demanda por $70 millones alegando violación del DR-CAFTA impidiendo el desarrollo del proyecto inmobiliario Las Olas, en Puntarenas.
Se rechazó la apelación de Movistar que acusaba al Instituto Costarricense de Electricidad de concentración del espectro de 2.6 Ghz y le impedía usar la red 4G hasta resolver la demanda.
Infinito Gold propuso como alternativas al Estado costarricense llegar a un acuerdo para reanudar su proyecto de minería de oro, o enfrentarse a una demanda internacional por $1.092 millones.
La minera canadiense había obtenido inicialmente permisos para la explotación de una mina de oro en el territorio costarricense, y ya había iniciado el proyecto cuando una sentencia judicial anuló la concesión, señalando vicios en el proceso de otorgamiento de los permisos, y daños ambientales.
Según el documento presentado por la compañía ante la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa, el costo del tramo seis, que incluye Ciudad Barrios-Osicala y Delicias de Concepción-Cacopera, pasó de $23 millones a $44,8 millones.
Luego de 10 años de pleito, la Sala Primera del Poder Judicial resolvió a favor de la cementera Cemex en un juicio por cobro de impuestos.
A criterio de la Municipalidad de Abangares, en la Provincia de Puntarenas, la cementera mantenía una deuda por impuestos a la extracción de una cantera, que alcanzaba a los $10 millones.
Dentro de las acciones solicitadas por la Municipalidad estaba la petición ante el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, para la anulación de la concesión a Cemex.
El ICE afirma que Alcatel intentó sobornarlo para que se adjudicara el contrato, el Departamento de Justicia opina lo contrario.
El juicio que emprendió el Gobierno de EE.UU contra la empresa francesa Alcatel, por supuestos sobornos para obtener contratos fuera del país, concretamente en Costa Rica, podría terminar con un acuerdo entre el Departamento de Justicia y Alcatel, que deberá resarcir el daño pagando $137 millones.
El proyecto para la construcción de la Terminal de Contenedores superó las dos acciones legales que pretendían frenar su adjudicación.
La Contraloría General de la República rechazó de plano por improcedencia manifiesta (el sindicato no tiene interés legítimo, no es oferente en este proceso) la apelación interpuesta por el Sindicato de trabajadores de JAPDEVA (Sintrajap) contra la adjudicación del proyecto a la empresa holandesa APM Terminals.
english
4225
