En Costa Rica el Tribunal Contencioso Administrativo falló a favor de las empresas que acusaron al gobierno de perjudicar el mercado local, luego de que la administración Solís prohibiera en 2014 la importación de aguacate mexicano.
El conflicto que sigue sin resolverse data de varios años atrás, cuando en mayo de 2014 las autoridades costarricenses decidieron prohibir laimportacióndeaguacateproveniente deMéxico, argumentando la existencia de la enfermedad denominada mancha del sol. Ver historial del conflicto.
La empresa "MICARRO SV" es acusada de no entregar los vehículos a un grupo de consumidores que ya los habían pagado.
Los consumidores "pagaron cuantiosas sumas de dinero" a la compañía de Inversiones Latinoamericanas, S.A. de C.V., (COINVERLAT, S.A. de C.V.) y Cristian Javier Pineda Reyes, que operaban la empresa “MICARRO SV”, informó la Defensoría del Consumidor.
En El Salvador la Cámara de lo Contencioso Administrativo de Santa Tecla ordenó la reapertura de dos de los cinco restaurantes de la cadena Mister Donut que habían sido clausurados semanas atrás por las autoridades.
A inicios de octubre autoridades del Ministerio de Trabajo y de Salud decidieron cerrar cinco sucursales de la cadena Mister Donut, argumentando que la empresa violaba los derechos laborales, no cumplía con las normas de seguridad y que los trabajos de remodelación impedían cumplir con la higiene requerida.
En Guatemala, un grupo de personas de San Pedro Carchá solicitó ante la Corte de Constitucionalidad que se suspendan las operaciones de Renace, argumentando que no se realizó una consulta comunitaria previa al desarrollo del proyecto.
El 23 de octubre se realizó en la capital del país la vista pública en la que la Corte de Constitucionalidad conoció las posturas de las partes interesadas.
La aerolínea interpuso una demanda argumentando que la entidad le adeuda pagos por servicios de publicidad prestados en 2018.
El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y la compañía Wamos Air, suscribieron un convenio de cooperación para promocionar al país como destino turístico durante 2017, el cual se prorrogó a 2018.
La Alcaldía de Managua presentó una demanda judicial contra Millicom, argumentando que la empresa tiene una deuda de casi $1 millón por concepto de cinco años de mora en el pago del impuesto de Bienes Inmuebles.
La deuda que reclama la Alcaldía capitalina, corresponde a la supuesta omisión en el pago del impuesto municipal correspondiente a los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, período en el que los activos aún pertenecían a Telefónica.
Debido a las denuncias que se presentaron en la licitación para suministrar energía solar fotovoltaica, el Ministerio Público de Guatemala realizó diligencias judiciales en la sede del Inde, lo cual podría afectar la continuidad del proceso.
Fue conformado el panel arbitral que conocerá la demanda en contra del Estado de Guatemala, que fue presentada por la suspensión de las operaciones de la mina El Tambor, ubicada en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
Luego que la demanda de arbitraje fuera planteada por los estadounidenses Daniel W. Kappes, Kappes, Cassidy & Associates, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el 11 de diciembre de 2018, el organismo anunció que fue conformado el panel.
En Costa Rica el sector bancario ganó una demanda que impuso en contra del Ministerio de Hacienda, derivado de las inconformidades por la fórmula utilizada para el cálculo del pago de impuestos.
La disputa legal data de varios años atrás, pues en 2003 la Dirección General de Tributación (DGT) validó la metodología que había sugerido la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) para calcular el pago de impuestos sobre la renta de los intermediarios financieros. Sin embargo, en 2005 las autoridades echaron para atrás la decisión.
Argumentando que la suspensión del acuerdo entre El Salvador y el país asiático se hizo de forma "abrupta e inconsulta", empresarios del sector azucarero salvadoreño presentaron un recurso de inconstitucionalidad.
La demanda fue presentada el 20 de febrero, luego de que la administración Sánchez Cerén finalizara el acuerdo comercial con el país asiático en diciembre del año pasado, decisión que no fue consultada con el sector productivo del país y que afectará las exportaciones de azúcar, pues ya no tendrán trato preferente.
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Panamá resolvió suspender el estudio de impacto ambiental para las obras de ampliación de la vía Omar Torrijos.
La acción en contra del Estudio de Impacto Ambiental Categoría II, fue interpuesta por el abogado Donaldo Sousa y José Isabel Blandón, alcalde del municipio de Panamá, quienes consideran que la obra debe detenerse hasta que se revise y mejore el estudio.
Representantes de la mina El Tambor, situada en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, interpusieron una demanda por $300 millones en contra del Estado de Guatemala.
La demanda de arbitraje fue planteada por los estadounidenses Daniel W.
Argumentando que la institución actuó de forma negligente en el proceso de intervención y venta del banco, en Panamá los accionistas de Balboa Bank presentaron una demanda por $74 millones en contra de la Superintendencia de Bancos.
El recurso legal que fue presentado por los accionistas del Balboa Bank y admitido por la Sala tercera de la Corte Suprema de Justicia, señala a la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) de ocasionar supuestos daños a raíz de la fijación de precio de venta de las acciones de la entidad bancaria.
Por inconformidad con el resultado de una licitación de energía eólica, la empresa Helium Energy Panamá presentó una demanda en contra de Etesa.
Helium Energy Panamá, empresa generadora de energía eólica, presentó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia una demanda en contra de la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa), por más de $50 millones.
Argumentando que no se cumplió con los principios básicos de contratación pública, en Panamá declararon inconstitucional el contrato entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla.
La disputa legal comenzó en 2009, cuando el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra del contrato que otorga una concesión por veinte años para explotar y comercializar los yacimientos de oro, cobre y otros recursos minerales del Cerro Petaquilla.
Con más de 10 años de operar en Costa Rica, CFIA 5 años, contratos con el Estado y con transnacionales, PYMES, CCSS, INS al día y facturando. Fue constituida en el año 2008 y desde hace 5 años se...
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