Después que en Costa Rica concluyera el diálogo multisectorial, las principales calificadoras de riesgo coinciden en que debido a que los acuerdos suscritos para reducir el déficit son insuficientes, el gobierno deberá ejecutar de forma oportuna sus políticas fiscales.
Aunque la situación fiscal de Costa Rica ya era precaria desde antes que comenzara la crisis sanitaria y económica que provocó el brote de covid19, el escenario comenzó a empeorar desde marzo de este año.
El gobierno costarricense se enfrenta a un complejo escenario, pues al no lograr consensos para acceder a préstamos internacionales, se verá obligado a buscar fuentes de financiamiento internas, lo que presionaría al alza el tipo de cambio y las tasas de interés.
La crisis económica que atraviesa el país a causa del brote de covid19 terminó por agudizar la situación fiscal del país.
Luego de que en Costa Rica la UCCAEP comenzara a negociar el levantamiento de los bloqueos con el grupo autodenominado Rescate Nacional, promotor de las protestas, varias cámaras empresariales se distanciaron de esa decisión y otras han manifestado su apoyo.
Ante el caos que se vive en Costa Rica a causa de las manifestaciones y bloqueos, una parte del sector empresarial decidió, de forma unilateral, sentarse a negociar con representantes del movimiento que incita a protestar, y rechazar la convocatoria oficial planteada por el Presidente de la República.
Después de que la administración Alvarado decidiera dar marcha atrás a la propuesta para negociar un préstamo de $1.750 millones con el FMI, se pronostica que el próximo año el gobierno dependerá de la deuda interna para financiar sus gastos.
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo por $250 millones que será utilizado por el gobierno para reducir el déficit fiscal y lograr la sostenibilidad de la deuda pública.
En este contexto de propagación del covid19, restricciones a la movilidad y caída de la actividad económica, el gobierno costarricense necesita invertir en políticas contracíclicas para mitigar los efectos económicos.
Aunque la Asamblea Legislativa aprobó la emisión de deuda por $1.500 millones en el mercado internacional, Fitch Ratings considera que en los próximos años podría resurgir la incertidumbre sobre las fuentes de financiamiento del gobierno costarricense.
En Costa Rica el déficit financiero del gobierno central al quinto mes del año mantuvo su tendencia al alza como resultado del mayor gasto por intereses, y se ubicó en 2,6% como proporción del PIB.
Si bien el comportamiento del déficit financiero es explicado en buena medida por el pago de intereses, el incremento del gasto de capital muestra también una variación significativa, lo que se traduce en mejores condiciones de infraestructura necesaria para facilitar la movilidad de mercancías y personas, explica un boletín informativo del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
Aunque en Costa Rica la reforma fiscal ya fue aprobada, el FMI propone un elevar algunos impuestos como parte de un "ajuste adicional", para reducir la deuda y atenuar la presión financiera en el corto plazo.
"... “Nos sorprende negativamente la posición simplista del Fondo Monetario Internacional de qué a falta de dinero, se deban subir los impuestos, esas palabras las consideramos inaceptables, porque ha quedado demostrado en este país que gran parte del déficit es por el uso ineficiente de los fondos públicos y un tema de eficiencia del Estado que no permite a las personas convertirse en empresarios”, expresó el presidente de UCCAEP, Gonzalo Delgado."
El déficit financiero del Gobierno Central al final del año pasado fue equivalente al 6% del Producto Interno Bruto, 1,2% menos que lo proyectado inicialmente.
Según las autoridades, el déficit fiscal según proporción del PIB fue menor al esperado debido a las medidas tomadas en materia de recaudación, contención del gasto y eficiencia, y a la aprobación de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Standard and Poor’s anunció que redujo la calificación de riesgo de los bonos costarricenses desde BB- a B+, sumándose a la rebaja que hizo Moody's a inicios de diciembre.
La calificadora de riesgo Standard and Poor’s (S&P) informó que la decisión fue tomada debido a que la situación fiscal del país podría generar un aumento continuo en la carga neta de la deuda del gobierno general.
La calificadora redujo de Ba2 a Ba1 las calificaciones del emisor de bonos a largo plazo y bonos senior no garantizados del Gobierno de Costa Rica, y cambió la perspectiva a negativa.
Según Moody's entre las principales determinantes de la rebaja figura el empeoramiento continuo y proyectado de las métricas de deuda en la parte posterior de grandes déficits a pesar de los esfuerzos de consolidación fiscal.
La administración Alvarado celebra la aprobación de la reforma fiscal en Costa Rica anunciando una serie de iniciativas que contemplan, entre otras cosas, un proyecto de reforma del empleo público.
Luego de un año de trámite en el Congreso y después de haber sido revisado por una Sala Constitucional, finalmente fue aprobado por la Asamblea del país el expediente 20.580.
Luego de que en Costa Rica la Sala Constitucional allanara el camino para la reforma fiscal en el Congreso, el precio del dólar respecto a la moneda local dejó de subir, y se reportaron reacciones positivas en las perspectivas de riesgo.
El pasado 23 de noviembre la Sala IV emitió su fallo, por lo que el proyecto de ley tiene el camino libre para avanzar con mayor celeridad durante las próximas semanas en la Asamblea Legislativa.
Después de una larga y tensa espera, la Sala Constitucional otorgó el aval para que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas pueda ser votada en el Congreso con mayoría simple.
El fallo de la Sala IV allana el camino para que el proyecto de ley pueda avanzar con mayor celeridad en las próximas semanas en la Asamblea Legislativa. Ahora los legisladores podrán votar su aprobación en segundo debate, poniendo fin a un largo periodo de incertidumbre, que derivó en una fuerte depreciación del Colón respecto al dólar, un repunte en las tasas de interés y una preocupación generalizada por el futuro económico en el corto plazo.
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